El tratamiento de millones de personas amenazadas de muerte por el sida, uno de los asuntos más críticos de la Cumbre Social de la ONU que sesiona en esta ciudad de Suiza, quedó provisionalmente bloqueado porque Estados Unidos objetó una propuesta de los países en desarrollo.
La delegación de Sudáfrica, un país que puede perder 25 por ciento de su fuerza de trabajo debido a la epidemia, reprochó la indiferencia de Estados Unidos y de los demás gobiernos que obstruyen la solución alentada por los países en desarrollo.
La polémica cobra más actualidad aún debido a que se produjo en forma casi simultánea con la difusión del último informe del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida) sobre el avance del mal, que en 1999 causó 5,4 millones de muertes en todo el mundo.
La iniciativa del Grupo de los 77 (G-77), que representa a los países del Sur en desarrollo, tiende a evitar que la primacía de los derechos de propiedad intelectual, reflejados en las patentes farmacéuticas, coarte los derechos humanos referidos al acceso a las medicinas esenciales y precios favorables.
El texto presentado por el G-77 propone excluir de la patentabilidad a las medicinas esenciales y fundamentales para salvar la vida de los pacientes. De tal manera, precisa, se fomentará el suministro de esas medicinas a precios accesibles.
Los países en desarrollo piden que se reconozca que los derechos de propiedad intelectual reglamentados por los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) no tienen precedencia con relación a otros derechos humanos referidos a la salud.
La demanda de los países del Sur se relaciona específicamente con el derecho a un elevado nivel de atención sanitaria, reconocido por numerosos instrumentos de derecho humanitario internacional.
La iniciativa también apela a la responsabilidad ética de suministrar medicamentos destinados a salvar vidas, a precios accesibles, para países en desarrollo y poblaciones que viven en la pobreza.
En el centro de la polémica se encuentran las patentes farmacéuticas que los laboratorios transnacionales pretenden ejercer con rigor en todo el mundo, particularmente a medida que entran en vigencia los ADPIC, concertados en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En general, los países del Sur estiman que los ADPIC son "insuficientemente sensibles a sus necesidades de desarrollo", sostuvo Carlos Correa, experto de la Universidad de Buenos Aires, en una publicación lanzada esta semana en Ginebra por el Centro Sur.
Correa observó que las reformas de la adaptación de leyes de los países en desarrollo a las normas de los ADPIC sobre productos y procesos farmacéuticos crean gran inquietud debido a sus consecuencias en el acceso de la población a los medicamentos y en las políticas de salud pública.
Además de Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia se opusieron a la iniciativa del G-77 en el debate que se desarrolla en la sesión especial de la Asamblea General de la ONU.
La Unión Europea, que también rechazó la idea de los países en desarrollo, presentó otro texto con el argumento de que era suficientemente flexible para acomodarse a la propuesta del G-77.
Estados Unidos alegó, según fuentes extraoficiales, que la iniciativa del G-77 introducía conceptos referidos a derechos humanos y a otras cuestiones técnicas que requieren mayores consultas con expertos de las capitales.
En su réplica, la representación sudafricana dijo que "ante quien está por perder 25 por ciento de la fuerza de trabajo productiva debido al virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el sida, no se puede ser tan indiferente en sus comentarios".
La delegación de Sudáfrica agregó que los medicamentos esenciales son críticos para tratar el problema del VIH/sida, y que la eliminación de la propuesta del G-77 sería un desastre aún mayor.
Mercia Andrews, presidenta de la Coalición de Organizaciones No Gubernamentales de Sudáfrica, dijo que su grupo presiona a los gobiernos y al sector privado para que adopten una estrategia común frente a la enfermedad.
Si no se encuentra una solución urgente, en la próxima década serán devastadores los efectos que la epidemia tendrá en la economía. (FIN/IPS/pc/mj/he/00
