Un informe sobre la pobreza presentado en la cumbre social "Copenhague + 5" por el secretario general de la ONU, Kofi Annan, y preparado en colaboración con instituciones financieras multilaterales, despertó una ola de protestas entre organizaciones no gubernamentales (ONG).
Grupos de la sociedad civil representados en la sesión especial de la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) emprendieron una movilización para manifestar su oposición al informe sobre la pobreza presentado por Annan.
Una asamblea de esos grupos de la sociedad civil, que participan en Ginebra de la sesión especial de la Asamblea General, decidió redactar una declaración de crítica al informe del jefe de la ONU y anticipó una campaña de divulgación de su protesta.
El disgusto de las ONG obedece, entre otras razones, a que Annan firmó el informe junto con los máximos dirigentes de tres organizaciones multilaterales controladas por los países industrializados.
Las ONG cayeron en la cuenta de que Annan compartió el documento con "los perpetradores del problema de la desigualdad (y) de la pobreza en el mundo", dijo Meena Raman, de Malasia, encargada de coordinar el comité que redacta la declaración de censura al secretario de la ONU.
Elaboraron el informe, además de la Secretaría General de la ONU, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), foro que reúne a 29 países entre los que figuran los más ricos del mundo.
Además, participaron el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, instituciones controladas por el mismo sector de países mediante el sistema selectivo de votación determinado por su paquete accionario.
El informe fue presentado el lunes, al inaugurarse la sesión especial de la Asamblea General que examina durante toda la semana el cumplimiento del compromiso de erradicar la pobreza, el desempleo y la exclusión social asumidos por la comunidad internacional en 1995, en la Cumbre Social de Copenhague.
El documento, bautizado "Un mundo mejor para todos", "es más un panfleto que un informe", reprochó el domingo Roberto Bissio, coordinador de Social Watch, coalición de ONG que realiza el seguimiento de la aplicación de los compromisos de Copenhague.
En una asamblea de representantes de ONG realizada este martes en la sede de la ONU, en Ginebra, algunos activistas cuestionaron el derecho del secretario general del foro mundial a firmar un documento de ese carácter sin consultar con otras esferas de la institución.
El diplomático chileno Cristian Maquieira, presidente del comité preparatorio de la sesión especial, aclaró a los asambleístas que el secretario general no debe efectuar consultas para emitir documentos sobre esa clase de temas.
Los dirigentes de las ONG observaron que existen contradicciones entre el contenido del documento cuestionado y los compromisos asumidos en Copenhague.
El brasileño Atila Roque, del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos, dijo que las contradicciones son más amplias porque comprenden también "a nuestras perspectivas sobre lo que esperamos de la ONU".
Maquieira estimó que el asunto puede llegar a debatirse en la Asamblea General ordinaria de la ONU, que comienza su periodo anual en septiembre, en Nueva York. "Puede haber reacciones de países", aceptó.
El diplomático opinó que la dificultad que presenta el informe es que se centra únicamente en las acciones que deben adoptar en la esfera nacional los países en desarrollo.
En cambio, los acuerdos de Copenhague supnen que los compromisos y las obligaciones sean asumidos por países industrializados y en desarrollo, y no en uno sólo de esos grupos. En ese sentido, el informe no es apropiado, comentó.
Las ONG subrayaron que el informe se presentó sin consulta alguna a la sociedad civil ni tampoco a muchas personalidades integrantes de la muisma ONU.
En una reunión expertos realizada este lunes, un funcionario del FMI reconoció que el documento había sido preparado para su presentación en una reunión del Grupo de los Siete (G-7) países más industrializados.
Por esa misma razón, insistió Raman, el informe tendría que haber incorporado el pensamiento del Sur, una voz de los países en desarrollo. El documento, desequilibrado y polémico, carece del consenso requerido por un acuerdo internacional, dijo. (FIN/IPS/pc/mj/dv/00
