Delegados de 21 países de América, Europa y Asia se reunirán este jueves y viernes con representantes del gobierno de Colombia y de las rebeldes FARC para discutir el destino de los cultivos de drogas ilícitas y el ambiente, puntos polémicos en el diálogo de paz colombiano.
Los países asistentes enviarán a sus respectivos embajadores y a expertos para participar en la audiencia, a celebrarse en la localidad rural de Los Pozos, sede principal de las negociaciones entre Bogotá y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), en el sudeste del país,
El gobierno de Estados Unidos, considerado clave en el tema por las implicaciones que tiene para Colombia su política antidrogas, no había confirmado hasta éste miércoles su asistencia a la reunión.
En cambio, ya aseguraron su participación los delegados del Parlamento Europeo, la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas y el Vaticano.
Las conversaciones iniciales tomarán como base el estudio del gobierno de Andrés Pastrana y de las FARC sobre el problema de las plantaciones ilícitas y sus posibles soluciones, para luego continuar con un debate en el que intervendrán los países invitados.
También está prevista la participación de campesinos del departamento sudoriental de Putumayo, quienes denuncian ser víctimas de "fumigaciones indiscriminadas" por parte de la fuerza aérea, en el marco de los planes de erradicación de cultivos gubernamentales.
Los habitantes de la zona afirman que la fuerza pública viola normas gubernamentales al fumigar pequeños cultivos (menos de dos hectáreas) con el herbicida Glifosato, que ha causado la muerte a varios miembros de la comunidad de Puerto Guzmán y ha destruido cultivos de subsistencia (yuca, plátano y tomate, entre otros).
En el foro de este jueves, los campesinos pedirán el cese inmediato de las fumigaciones con Glifosato, concertación para los programas de erradicación de cultivos, acceso a crédito y asistencia para programas de sustitución de sembrados ilegales.
Ricardo Vargas, investigador de Acción Andina, dijo a IPS que Putumayo, principal productor de hoja de coca y con una alta presencia guerrillera, podría transformarse en un nuevo Vietnam si se lleva a cabo en toda su intensidad el componente militar del llamado Plan Colombia.
Este programa de desarrollo y lucha contra el narcotráfico ya obtuvo una asistencia de Estados Unidos por unos 1.600 millones de dólares para los próximos tres años.
El combate contra las drogas combina estrategias para clausurar la salida de narcóticos del país, fumigación de los cultivos industriales de coca (de más de tres hectáreas) y programas de erradicación manual y sustitución para los pequeños productores.
Vargas, de la fundación que estudia la problemática del narcotráfico en Colombia, Perú y Bolivia, opinó que existe temor de que el plan afecte "como ha sucedido hasta ahora" al eslabón más débil de la cadena, que son los campesinos.
Este sector de la población ha sufrido por la fumigación indiscriminada que llevan a cabo los agentes del gobierno "sin control y sin ninguna clase de auditoría", indicó este experto, también autor del libro "Fumigación y conflicto".
Plantea, además, que invertir en programas de sustitución de cultivos es un desperdicio mientras no se suspendan las fumigaciones aéreas.
Según estadísticas de Acción Andina, aumento de los cultivos ilícitos que en el caso de Colombia fue de cerca de 200 por ciento en los últimos cuatro años.
"El polémico método de aspersión aérea de potentes herbicidas sobre plantaciones ilícitas" no sólo no ha producido la reducción del área cultivada sino que ésta "ha multiplicado sus efectos devastadores para la frágil selva tropical", aseguró.
A pesar de que no hay estudios oficiales, el Ministerio de Medio Ambiente estima que entre 1987 y 1998 se deforestaron cerca de 504.000 hectáreas de bosque.
Hay que tener en cuenta que por cada hectárea de amapola el cultivador destruye en promedio tres hectáreas de bosque, mientras en la hoja de coca la relación es de una a cuatro y para la marihuana de una a 1,5.
Los críticos de la erradicación de cultivos entienden que esta práctica obedece al criterio de que la mayor responsabilidad en el narcotráfico recae sobre los países productores y porque no ataca el capital que se mueve detrás de los narcocultivos, que puede trasladar de un sitio a otro su centro de producción..
Las primera polémicas por la erradicación de estos cultivos se dio en la década de los 70, cuando se aplicó el herbicida Glifosato en la Sierra Nevada de Santa Marta, una de las más importantes reservas naturales del norte colombiano y en el departamento de Cauca (sur), en las que se producía marihuana.
Según organizaciones no gubernamentales, las aspersiones de Glifosato destruyeron las plantas de marihuana y también otros cultivos, además de causar daños en la salud de las poblaciones campesinas e indígenas que habitaban la zona.
Sin embargo, no existen estudios oficiales ni evaluaciones sobre los daños causados a la población y el ecosistema.
También, en 1997 y 1998 se dio una fuerte polémica por la propuesta de Estados Unidos de aplicar el herbicida Tebutiurón para erradicar los cultivos de coca, marihuana y amapola.
La iniciativa, que era avalada por la Dirección Nacional de Estupefacientes (policía) de Colombia fue rechazada por el Ministerio de Medio Ambiente por considerar que ocasionaría graves daños al ecosistema, especialmente en la selva amazónica.
En la actualidad han surgido rumores sobre un proyecto para aplicar agentes biológicos como el Fusarium oxysporum, que algunos defienden con el argumento de que sólo ataca las hojas de coca.
No obstante, investigadores de la estatal Universidad Nacional denunciaron en un foro realizado en mayo que el Fusarium presenta riesgos de mutabilidad, produce infecciones en la salud humana por contacto y libera toxinas que afectan el ecosistema.
El gobierno colombiano negó ante el Senado que estudie la posibilidad de utilizar éste u otro método de control biológico para la erradicación de cultivos ilícitos. (FIN/IPS/yf/dm/en ip/00
