Trabajadores de todo el mundo son intimidados, amenazados y aun asesinados si intentan formar sindicatos para negociar sus derechos en forma colectiva, denunció la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Esta situación se debe en gran parte al incumplimiento por muchos de los 175 miembros de la OIT de su compromiso de proteger la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, destacó la organización con sede en Ginebra en su nuevo informe.
"Aún estamos muy lejos de la aceptación universal de estos principios y derechos fundamentales en la práctica", declaró la OIT, y agregó que los gobiernos, como guardianes de la democracia, deben hacer algo más que hablar sobre esos ideales.
Juan Somavia, director general de la OIT, concluyó que "una economía global sin el derecho de la gente a organizarse carece de legitimidad social".
Después de todo, señaló Somavia, las personas se organizan para hacer valer sus derechos fundamentales.
El nuevo informe, el primero de la OIT sobre la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, critica duramente a países petroleros como Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos y Omán por "la prohibición directa de los sindicatos".
En países vecinos como Bahrain y Qatar, agrega, la represión gubernamental niega a las comisiones de trabajadores o consejos laborales la oportunidad de formar organizaciones independientes de trabajadores.
Por otra parte, en varias naciones en desarrollo prevalece la violencia contra los sindicalistas. Desde Ecuador y Guatemala hasta Zimbabwe y Sudán, los ataques físicos son una forma rutinaria de intimidación.
Mientras en 20 países (entre ellos El Salvador, Marruecos, China y Pakistán) son comunes las detenciones de activistas laborales, en otros siete (incluidos Nicaragua, Líbano y Senegal) es común la destrucción de sedes y propiedades sindicales.
Durante los últimos 10 años, la OIT documentó acusaciones de asesinatos de sindicalistas en Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala e Indonesia.
Igualmente preocupante es la tendencia mundial a negar cualquier forma de protección legal a una amplia categoría de trabajadores debido a su tipo de trabajo o a su estatuto jurídico, entre ellos los trabajadores agrícolas, los domésticos y los inmigrantes indocumentados, señala el informe.
Por ejemplo, en Estados Unidos, India e Honduras, los parlamentos "no han protegido los derechos de los trabajadores agrícolas o bien les han negado el derecho a organizarse", dice el documento.
Y los empleados domésticos, en su abrumadora mayoría mujeres, no tienen derecho a organizarse en países como Brasil, Jordania y Canadá, agrega.
Además, los inmigrantes no pueden formar o afiliarse a sindicatos en Kuwait, tienen prohibido ocupar cargos públicos en Mauritania, Nicaragua, Ruanda y Venezuela, y no están cubiertos por las leyes laborales en Kirguizstán.
Las zonas de procesamiento de exportaciones también cayeron bajo la mirada crítica de la OIT, que denunció persecuciones y despidos masivos.
En Bangladesh, Filipinas y Sri Lanka, las zonas de procesamiento de exportaciones violan los derechos laborales básicos en un esfuerzo por atraer inversiones extranjeras, según la organización.
Sin embargo, aunque los gobiernos crean que los salarios muy bajos y la falta de regulación laboral atraen inversiones, "el inversionista está dispuesto a aceptar mayores costos a cambio de estabilidad política, infraestructura, demanda doméstica para sus productos y servicios, y buenas relaciones laborales", asegura el informe.
Los autores destacaron el impacto de esta tendencia sobre las mujeres, tanto en la economía formal como la informal. "Estos cambios tienen una inherente dimensión de género", afirmaron.
Los estudios realizados para el informe revelaron que las mujeres forman "la mayoría de los trabajadores subcontratados, temporarios o casuales, de tiempo parcial o informales".
Como resultado, "más mujeres que hombres trabajan sin organización ni protección alguna, y por lo tanto sin seguridad laboral", lo que perpetúa la pobreza familiar.
La OIT reclamó respuestas inmediatas a estos problemas, y señaló que debe otorgarse a las mujeres el derecho a sindicalizarse, a que sus intereses sean representados al igual que sus colegas hombres, y a participar de la mesa de negociaciones durante el proceso de negociación colectiva.
En cuanto al panorama mundial, el informe promueve cambios en tres áreas para garantizar el derecho a la actividad sindical, pero esas modificaciones, advierte, requieren un esfuerzo conjunto de parte de trabajadores, empleadores y gobiernos.
Los cambios incluyen la posibilidad de que todos los trabajadores puedan formar y afiliarse a un sindicato de su elección sin temor a represalias, y una actitud abierta y constructiva de empleadores privados y públicos para elegir libremente representantes sindicales.
Un tercer cambio necesario es el reconocimiento por los gobiernos de que una buena gestión del mercado laboral, basada en el respeto a los derechos fundamentales, realiza una invalorable contribución al desarrollo y a la estabilidad política, económica y social, según la OIT.
El nuevo informe, parte de un seguimiento a la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo, adoptada en junio de 1998, es el primero de una serie anual destinada a ofrecer un panorama mundial de las principales normas laborales.
Este estudio será seguido por otro sobre trabajo forzado en el 2001, otro sobre trabajo infantil en el 2002 y otro sobre discriminación en el empleo en el 2003. (FIN/IPS/tra-en/mmm/da/mlm/lb-hd/00
