El histórico acuerdo sobre derechos humanos suscrito en Chile por el gobierno del presidente Ricardo Lagos, personalidades civiles y las Fuerzas Armadas sella también un compromiso permanente de los militares con la vigencia del sistema democrático.
El documento de consenso que una mesa de diálogo terminó de redactar en la madrugada del martes, luego de nueve meses de complejas negociaciones, establece que "en Chile nunca más se asesinará o hará desaparecer opositores".
El texto también rechaza el uso de la violencia política y "cualquier forma de acceso al poder por vías distintas a la democrática".
"Este texto nos reintegra al curso natural de nuestra historia como país", dijo el presidente Lagos en su discurso durante una solemne ceremonia en el palacio presidencial de La Moneda, en que recibió el documento de manos del ministro de Defensa, Mario Fernández.
A la ceremonia asistieron los líderes de todos los sectores políticos representados en el Congreso legislativo, incluyendo al ex candidato presidencial derechista, Joaquín Lavín, mientras el Partido Comunista y la Agrupación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos expresaban su rechazo a los términos del consenso.
El gabinete ministerial en pleno y las autoridades religiosas, así como los máximos dignatarios de los poderes Legislativo y Judicial, estuvieron en La Moneda.
También concurrieron los comandantes en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, de la Armada, almirante Jorge Arancibia, la Fuerza Aérea, general Mario Ríos, y de Carabineros, general Manuel Ugarte.
El acuerdo establece un mecanismo para esclarecer la suerte de unos 1.200 desaparecidos bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), que consiste en dar a las Fuerzas Armadas seis meses de plazo, renovable por una vez, para que reconstruyan y entreguen la información de que disponen al respecto.
Lagos aclaró que, una vez obtenidas esas informaciones, "el Poder Judicial hará lo que corresponde conforme a derecho", mientras será tarea de los partidos y el Parlamento seguir debatiendo posibles reformas políticas y constitucionales.
Con ello, el mandatario resaltó la concepción de este acuerdo en términos, por una parte, de rechazar una "ley de punto final" en materia de derechos humanos y, por otra, de vincular el cese de los juicios por crímenes represivos a negociaciones para reformar la Constitución autoritaria heredada de Pinochet.
Lagos resaltó el carácter histórico de este acuerdo logrado por la mesa de 24 integrantes, entre los cuales se incluyeron cuatro representantes oficiales de las Fuerzas Armadas y la policía de Carabineros, además de abogados de víctimas de la represión.
La instancia de diálogo fue instalada el 30 de agosto de 1999, por el antecesor de Lagos, el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, por iniciativa del entonces ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, mientras el ex dictador Pinochet permanecía arrestado en Londres.
Pinochet, quien regresó a Chile el 2 de marzo luego de 503 días de detención en Gran Bretaña, podría ser juzgado en este país por el secuestro de 19 desaparecidos en 1973, si la Corte Suprema de Justicia ratifica el fallo con que la Corte de Apelaciones suspendió hace ocho días su inmunidad como senador vitalicio.
El abogado Jorge Rivadeneira, jefe del equipo de defensores del ex dictador, señaló que la firma de acuerdo sobre derechos humanos contribuye a la paz en Chile, y que en ese sentido podría crear un clima favorable para la apelación presentada ante el máximo tribunal por el ex dictador de 84 años.
Viviana Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD) reprobó el acuerdo, porque a juicio de su organización apunta sólo a establecer la verdad en torno de los crímenes represivos, pero no recoge las demandas de justicia.
"Este acuerdo no es un aporte a la reconciliación nacional", sostuvo Díaz, quien además fustigó a Lagos, porque "estuvo más preocupado de las Fuerzas Armadas que del dolor de los familiares de las víctimas" de la represión.
La ex diputada Gladys Marín, secretaria general del Partido Comunista, formuló declaraciones en las afueras del palacio presidencial, para expresar igualmente su rechazo al consenso alcanzado en la mesa de diálogo con argumentos similares a los de la AFDD.
En contraste con esas opiniones, Lagos, los presidentes del Senado, Andrés Zaldívar, de la Cámara de Diputados, Víctor Barrueto, de la Corte Suprema de Justicia, Hernán Alvarez, así como el primado de la Iglesia Católica, el arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, calificaron el acuerdo de histórico.
Las negociaciones de la mesa de diálogo corrieron el riesgo de naufragar luego de que la Corte de Apelaciones aprobara el desafuero de Pinochet, quien podría sumarse a otros siete altos generales en retiro sometidos a proceso en el último año por su responsabilidad en crímenes represivos.
Según trascendió este martes, Lagos intervino personalmente para salvar la mesa de diálogo, reuniéndose hace una semana en un almuerzo privado con los cuatro comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Aun así, la redacción del texto final, cuya entrega se esperaba para el viernes último, sufrió postergaciones por las discrepancias de los abogados de derechos humanos y los representantes militares en la caracterización del contexto histórico en que se produjeron los delitos contra los derechos humanos.
Las diferencias fueron subsanadas cuando las Fuerzas Armadas aceptaron que hubiera una mención explícita a su responsabilidad en esos hechos, acompañada de una condena general a quienes utilizaron también la violencia para oponerse al régimen militar y en los meses anteriores al golpe del 11 de septiembre de 1973.
En el marco de la concepción general del documento, los 24 integrantes de la mesa dejaron establecida su adhesión plena al sistema democrático de gobierno y a los derechos humanos, elementos que, según Lagos, constituyen el "hilo conductor" de la historia republicana del país, interrumpido en 1973.
"Chile está superando el violento desencuentro que sumió a sus hijos en el pasado reciente", dijo el mandatario, quien también valoró que el texto de acuerdo no haga referencia a una interpretación histórica única, "porque no se establece ni puede haber una historia oficial".
Lagos elogió al ex ministro Pérez Yoma, así como al actual titular de Defensa, y a los 24 miembros de la mesa, que incluyó, además de a abogados y militares, a personalidades religiosas, académicas y culturales.
El presidente rindió un especial homenaje a Sola Sierra, fallecida en 1999 cuando presidía la AFDD, simbolizando en ella a todas las mujeres que nunca descansaron en la búsqueda de la verdad sobre los desaparecidos.
"Esta historia no ha comenzado hoy", agregó el gobernante, para destacar como un primer paso en este sentido el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, que presidió el fallecido jurista Raúl Rettig, y que el entonces presidente Patricio Aylwin dio a conocer a comienzos de 1991.
Lagos exhortó al reencuentro de todos los chilenos. "Hemos aprendido en este diálogo de la mesa (de derechos humanos) que no hay enemigo interno", dijo.
Llamó también a toda la ciudadanía a colaborar con la tarea de búsqueda de los desaparecidos encomendada a las Fuerzas Armadas, señalando que "ocultar información no sólo es inmoral e ilegal, sino también en este caso antipatriótico". (FIN/IPS/ggr/mj/hd ip/00
