La rebelión en Paraguay de un grupo de militares, policías y civiles presuntamente liderados por el ex general Lino Oviedo finalizó hoy sin víctimas fatales y con casi 40 oficiales y legisladores detenidos, y con la perspectiva de una fuerte represión contra aliados de los insurgentes.
Quince horas después de iniciada la rebelión, el presidente Luis González Macchi aseguró que "el orden está restablecido, el 'oviedismo' desestabilizador y antidemocrático en desbandada, la crisis controlada, los sublevados detenidos y la voluntad política en defensa de la democracia más firme que nunca".
González Macchi impuso el estado de sitio por 30 días para perseguir a todos los implicados en la tentativa de derrocar a su gobierno y el parlamento se aprestaba a avalar esa decisión.
Así mismo, anunció que serán aplicados "sin vacilación" los "rigores de la defensa republicana" a los responsables del alzamiento. También el ministro de Defensa, Nelson Argaña, afirmó que serán dispuestas "las sanciones más severas".
"Que la ciudadanía esté tranquila", pues "esta fue la última y definitiva batalla contra los exponentes del delito político, la inestabilidad social y el atraso económico" en Paraguay, dijo el presidente.
También afirmó que las fuerzas democráticas "derrotaron" a los rebeldes y a sus aliados "sin un sólo muerto".
"Ya no hay lugar para demencias políticas ni para los agoreros de la tragedia", advirtió González Macchi en un mensaje al país.
La democracia paraguaya obtuvo además el inmediato respaldo del Mercado Común del Sur (Mercosur), de Estados Unidos, de la Unión Europea, del Vaticano y de la Organización de Estados Americanos.
El presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, que el último fin de semana cumplió una visita oficial a Asunción, se comunicó telefónicamente con González Macchi para transmitirle el apoyo pleno de este país a la democracia de Paraguay.
También Uruguay, miembro del Mercosur junto a Argentina, Brasil y Paraguay, manifestó su respaldo a la institucionalidad y el gobierno paraguayo y su "honda preocupación ante el intento de golpe de estado".
La crisis comenzó en la noche del jueves en Asunción, cuando un grupo de 60 personas entre militares en actividad, retirados, policías y legisladores leales a Oviedo ocuparon la sede del Primer Cuerpo de Ejército y el cuartel de Policía y dispararon ráfagas de ametralladora contra el Congreso.
Los insurgentes informaron en un comunicado su determinación de rebelarse contra los tres poderes constituidos y de convocar a elecciones nacionales, y realizaron una demostración de fuerza recorriendo el centro de la ciudad con tanques blindados de la División de Caballería.
No hubo bombardeo, pero sí una explosión fuerte en el Congreso, mientras continuaba el fuego de ametralladora. Sin embargo, sólo hubo algunos heridos, ninguno de extrema gravedad, de acuerdo con el testimonio del diputado Franklin Bochia, presidente del grupo parlamentario del Partido Liberal Radical Auténtico.
Los jefes de las tres fuerzas armadas se reunieron con González Macchi y le confirmaron su respaldo y subordinación.
El presidente del Senado, Juan Carlos Galaverna, aseguró que en los vehículos abandonados por los rebeldes fueron hallados documentos que prueban la responsabilidad de Oviedo en la conducción del movimiento.
Galaverna también dijo que los sediciosos se proponían asesinar a González Macchi, a varios ministros, y a él mismo. Agregó que, en conversación personal, un jefe policial detenido por participar en la rebelión le reconoció la responsabilidad del ex golpista Oviedo en el movimiento insurgente.
Pero Oviedo, que está prófugo y vive en la clandestinidad desde que abandonó Argentina el 9 de diciembre, emitió un comunicado para calificar de "falsas" las acusaciones que lo involucran, a él y a su sector político, en el movimiento sofocado.
Oviedo, a quien el gobierno responsabiliza del asesinato en marzo de 1999 del vicepresidente Luis María Argaña, desmintió "categórica y terminantemente" estar implicado en levantamiento militar alguno.
Sin embargo, la clase política paraguaya no duda de su participación en la sublevación. El presidente, los ministros, los legisladores de las fuerzas políticas que integran el gobierno de unidad nacional, coincidieron en identificar a Oviedo como promotor del movimiento golpista.
Oviedo participó en 1989 del derrocamiento del entonces dictador Alfredo Stroessner, y en abril de 1996 se amotinó contra Juan Carlos Wasmosy (1993-1997).
Fue condenado a 10 años de cárcel por la tentativa de golpe de 1996, pero su aliado Raúl Cubas, que ganó la Presidencia en 1998, lo puso en libertad.
Cubas renunció y se exilió en Brasil como consecuencia del asesinato de Argaña y del ataque a balazos contra integrantes del movimiento "Jóvenes por la Democracia" que se habían concentrado frente a la casa de gobierno para exigir su dimisión, un episodio en que murieron siete personas.
Por su parte, Oviedo huyó a Argentina, donde obtuvo asilo político. El gobierno argentino, encabezado entonces por Carlos Menem, se negó a conceder su extradición a Paraguay, solicitada por supuesta participación en la muerte de Argaña y de los siete manifestantes.
Oviedo pasó a la clandestinidad el 9 de diciembre, un día antes de la instalación del gobierno de De la Rúa. Este viernes, dirigentes paraguayos especulaban con la posibilidad de que el ex general estuviera en algún lugar de la frontera entre Brasil y Paraguay.
Su abogado aseguró a emisoras de Buenos Aires que Oviedo se hallaba en Paraguay.
El Ministerio de Defensa de Paraguay destacó que el movimiento rebelde "sirvió para poner a prueba a quienes defendemos la democracia" y que el sistema "salió fortalecido" de esta prueba.
También señaló en su comunicado que ha quedado de manifiesto "el peligro" que representa el 'oviedismo' para la vida institucional paraguaya.
"Esta cobarde acción es una traición más al pueblo paraguayo, responde a una mentalidad asesina como la de Oviedo, que fue responsable del magnicidio de Argaña y de los siete jóvenes", se aseguró en el comunicado.
El ministro Nelson Argaña señaló que la respuesta del gobierno y la prensa independiente y el apoyo internacional a la democracia paraguay hicieron posible la rápida superación de la crisis, y advirtió que los involucrados serán castigados.
Argaña explicó que los rumores y amenazas de los oviedistas son "constantes, permanentes", pero justificó la inacción del gobierno en la falta de pruebas contundentes. Ahora, con 35 oficiales en actividad detenidos, y tres legisladores al borde del desafuero, prometió que se aplicarán las sanciones más severas.
El secretario general de la Presidencia, Jaime Vestal, indicó que Oviedo, un "delincuente internacional", creó "otra vez un foco de inestabilidad" en Paraguay.
También destacó la subordinación de las Fuerzas Armadas al presidente. "El grupo (rebelde) era relativamente reducido y la crisis está superada", afirmó Vestal. (FIN/IPS/mv/ff/ip/00
