La paralización de los negocios inmobiliarios este mes en Cuba apunta a un tema polémico en medio de las reformas económicas emprendidas por el gobierno de Fidel Castro: la propiedad.
Lo que se vislumbraba como una jugosa fuente de ingresos fue congelada con el fin de "analizar su impacto en el país", declaró Lourdes González, funcionaria del Ministerio de Inversión Extranjera y Colaboración Económica, a Radio Habana Cuba.
Las declaraciones de González fueron la única confirmación oficial de los rumores que circulan con insistencia en la capital cubana desde fines de abril y constituyeron un intento por enviar un mensaje de tranquilidad a los inversionistas extranjeros.
Según versiones que circulan en medios empresariales, la orden de "paralizarlo todo" partió de "los más altos niveles", lo que en Cuba suele identificarse con el propio Castro.
"Llegó el Comandante y mandó a parar", comentó un economista consultado por IPS, aludiendo a una canción de Carlos Puebla que se hizo famosa en los primeros años de la Revolución liderada por Castro.
La bomba habría explotado cuando trascendió que un ciudadano ruso compró uno de los apartamentos en venta por una sociedad inmobiliaria y lo revendió de inmediato al menos por el doble del precio que había pagado.
Analistas locales aseguran que esta pérdida de control sobre el futuro de una propiedad alertó a las autoridades, que estarían evaluando los peligros de la especulación de bienes raíces, incluido el lavado de dinero.
La mayor preocupación se centra en la venta de apartamentos de lujo.
González aseguró que Cuba respetará los derechos convenidos con las 17 inversiones aprobadas en este sector, pero "los apartamentos que no han sido vendidos serán comprados por la parte cubana para su posterior renta".
La disposición "sólo se aplicará a las nuevas inversiones en el sector inmobiliario para la construcción de viviendas" y se mantendrán los negocios para "la construcción de oficinas, centros de negocios y hoteles", añadió la funcionaria.
La apertura de los bienes raíces a la inversión extranjera en Cuba fue anunciada en octubre de 1994 por el vicepresidente Carlos Lage, como parte de una política más amplia del gobierno dirigida a atraer capital extrajero al país caribeño.
En esos días, una carta-encuesta del gubernamental Instituto Nacional de la Vivienda sorprendió a diplomáticos y empresarios con preguntas sobre las características de la casa que querrían poseer en la isla y en qué lugar debería estar ubicada.
La misiva causó cierto revuelo en la población, de más de 11 millones de habitantes. Las especulaciones rondaron sobre todo alrededor del supuesto derecho que se le otorgaría a emigrantes cubanos a comprar una casa en la isla, y entrar y salir cuando lo desearan.
En Cuba la vivienda es un serio problema social, está prohibida su compra-venta, la construcción por cuenta propia se mantiene estrictamente regulada y parte importante del fondo habitacional disponible se encuentra en franco deterioro.
Fuentes empresariales aseguraron entonces que el negocio de los bienes raíces podría convertirse en todo un éxito, capaz de generar una inversión de más de 1.200 millones de dólares en el primer quinquenio.
A principios de este año, apartamentos de lujo terminados o proyectados se cotizaban entre 150.000 y 200.000 dólares.
Real Inmobiliaria S.A. -del Monte Carlo International Real State S.A., del Principado de Mónaco, y la local Inmobiliaria Lares S.A.- vendió los 28 apartamentos del Monte Carlo Palace, primero de cuatro proyectos que incluyen la construcción de 600 viviendas.
Según los últimos datos oficiales, tres sociedades cubanas fueron creadas para asociarse con inversionistas extranjeros en negocios inmobiliarios, 19 proyectos están aprobados y otros 102 se encuentran en estudio.
Los capitales de las empresas formadas provienen fundamentalmente de España, Italia, Canadá, Luxemburgo, Francia, Israel, Mónaco y Gran Bretaña.
"De las empresas inmobiliarias existentes, dos se han formado para el alquiler de oficinas, el resto para viviendas", dice Omar Everleny, del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, en su artículo "Estabilidad macroeconómica y financiamiento externo: la inversión extranjera directa en Cuba".
"A partir de 1998 el interés por la creación de este tipo de empresas fue muy evidente", añade el experto, quien consideró significativo que ese auge ocurriera en ausencia de una ley de bienes raíces que, según fuentes cercanas al Ministerio de Justicia, estaría por su séptima versión.
La demora en la promulgación de la ley se explica, según Everleny, por la polémica alrededor de las herencias, los compradores naturales por nacionalidad y los trámites de entrada y salida del país de los compradores.
Ninguna de las leyes vigentes en Cuba regulan la venta de bienes raíces, aunque algunas resoluciones ministeriales habían reglamentado aspectos específicos como el impuesto sobre la propiedad.
El camino para este tipo de negocio quedó abierto con la reforma constitucional de 1992.
La Ley para la Inversión Extranjera de 1995 admitió el capital extranjero en inmuebles para viviendas u oficinas, pero dejó cualquier especificación sobre el régimen de la propiedad para la futura Ley de Bienes Raíces.
Cuba abrió sus puertas al capital extranjero a principios de la década del 90 como una vía para revertir la mayor crisis económica desde el triunfo de la Revolución en 1959.
Según Everleny, 497 asociaciones económicas internacionales se constituyeron en Cuba entre 1988 y 1999, de las cuales 374 se encontraban activas a fines del año pasado, 192 de ellas en la industria y el turismo.
Empresarios consultados en Cuba señalaron que tras la paralización de los negocios en bienes inmobiliarios residenciales podría encontrarse también la decisión del gobierno de aplicar una política más selectiva a la inversión extranjera. (FIN/IPS/da/ag/if/00
