Pérdidas diarias de hasta 2,5 millones de dólares causan a la economía de Colombia el bloqueo de carreteras que comunican Bogotá y Medellín, en el centro, y la Troncal del Caribe, en el norte, realizado por comerciantes y campesinos.
El ministro de Transporte, Gustavo Canal, dijo que la situación más preocupante al cumplirse este viernes el tercer día de protestas es la interrupción del tránsito entre la capital colombiana y Medellín, en "uno de los corredores viales con más movimiento comercial".
Unos 5.000 campesinos de la zona del curso medio del río Magdalena, en el noeoeste de Colombia, iniciaron el miércoles el bloqueo de caminos entre el centro y norte del país, en protesta por la próxima desmilitarización de municipios para el diálogo del gobierno con el rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El gobierno de Andrés Pastrana anunció a fines de abril que creará una "zona de encuentro" sin presencia de fuerzas de seguridad, de 4.727 kilómetros en el noroeste colombiano, donde los paramilitares de derecha tienen fuerte influencia, para instalar las negociaciones de paz.
Los campesinos se oponen a la desmilitarización de la zona, porque entienden que significará devolverle al ELN un territorio del que fueron expulsados por las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hace más de dos años.
Los organizadores de la protesta afirman que el gobierno no tiene capacidad para garantizar la seguridad de los habitantes de la región y creen que la guerrilla puede cometer excesos similares a los que han sido denunciados en otras regiones del país.
Líderes campesinos anunciaron este viernes que mantendrán los cortes de ruta hasta que el gobierno envíe una comisión para negociar el levantamiento del paro.
A todo esto, alrededor de 1.000 comerciantes del departamento de La Guajira bloquearon la carretera Troncal del Caribe, que permite movilizar cargas y el tránsito de pasajeros entre los departamentos de la Costa Norte y hacia el occidente de Venezuela.
Estos manifestantes protestan por la próxima implementación del llamado Estatuto Aduanero, diseñado por el gobierno para intentar detener el contrabando.
El estatuto establece un impuesto de 10 por ciento para toda mercadería que pase por La Guajira, puerto libre por el cual ingresa 70 por ciento del contrabando procedente de Panamá y otros lugares del Caribe, recursos que serán destinados a las finanzas de ese departamento.
La protesta de los comerciantes mantiene paralizado el comercio de la Costa Norte con Venezuela, donde los transportistas de la región fronteriza anunciaron su apoyo al paro, además de trabar la exportación del carbón que se produce en las minas de La Guajira.
La ministra de Comercio Exterior, Marta Lucía Ramírez, aseguró que ese departamento está perdiendo por causa del paro unos 50.000 dólares, correspondientes al pago de regalías, impuesto que se paga a regiones productoras de carbón.
La funcionaria opinó que el paro en La Guajira es promovido por "un grupo de comerciantes que están viendo afectados sus ingresos" y que son indiferentes ante el problema que genera el contrabando para la producción y el empleo del resto de los colombianos.
Luis Villegas, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), que reúne a los 30 más importantes sectores de la producción, explicó que el contrabando afecta en especial a la industria de los electrodomésticos, calzado, textiles, confecciones y tabaco.
La investigación hecha por la asociación señala que en estos cinco sectores se han perdido 45.000 empleos en lo que va de este año a causa del contrabando.
La Asociación Nacional de Exportadores (Analdex) afirmó que, de persistir los bloqueos a las vías de tránsito, que son estratégicas para el comercio, los síntomas de reactivación que habían comenzado a sentirse podrían desaparecer.
Un informe de ANDI reveló que la industria registró un crecimiento de 11 por ciento, tras haber sufrido un proceso de recesión en los últimos tres años, cuando la caída del producto interno bruto estuvo entre 0,2 y 0,5 por ciento. (FIN/IPS/yf/dm/if ip/00
