La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) decidió cortar fondos a grupos ambientalistas de Indonesia por sus críticas a compañías mineras estadounidenses, denunciaron ecologistas de ambos países.
Hasta ahora, solo una organización no gubernamental (ONG) ambientalista sufrió un corte de fondos de la agencia gubernamental estadounidense, pero los grupos ecologistas temen que también cese el apoyo económico a otra.
Los grupos advirtieron que el cese del respaldo a las ONG indonesias perjudicará los intentos de corregir la corrupción imperante en el pasado régimen dictatorial de Alí Suharto.
Desde la elección democrática del actual presidente, Abdurrahman Wahid, muchos grupos y funcionarios del gobierno critican abiertamente contratos firmados por la pasada dictadura con corporaciones multinacionales, incluso compañías mineras.
"Urgimos al Departamento de Estado a apoyar a la frágil democracia indonesia en lugar de proteger arreglos en favor de corporaciones estadounidenses", expresó la organización Amigos de la Tierra en una carta a la secretaria de Estado (canciller) estadounidense, Madeleine Albright.
En abril, la Red de Promoción Minera, un grupo de activistas basado en Jakarta y conocido como JATAM, recibió una carta del Programa Kemala de Apoyo a la Biodiversidad, que desembolsa fondos de USAID, expresando que no le renovaría los fondos.
El grupo había recibido 75.000 dólares para proteger los derechos de las comunidades de administrar sus recursos naturales y ayudar también al estudio del impacto de las actividades mineras.
JATAM denunció en 1999 violaciones a los derechos humanos y destrucción ambiental por las actividades mineras en Indonesia, y urgió al gobierno a cesar las actividades extractivas y revocar todas las licencias otorgadas a las corporaciones.
Uno de los principales responsables de abusos, según JATAM, es Newmont Mining Corporation, con sede en Denver, Colorado. El grupo informó a los accionistas que Newmont vacía miles de toneladas de residuos tóxicos en ríos y aguas costeras de su yacimiento de Minahasa Raya, en Sulawesi del Norte.
Newmont afirmó que cuenta con altos niveles ambientales de seguridad y nunca violó la ley, pero Muhammed dijo a IPS que se comprobó alta concentración de mercurio, plomo, arsénico y otros residuos tóxicos en la vecina bahía de Buyat.
"Las existencias de peces disminuyeron dramáticamente y esto es un grave problema para los pescadores, cuyos ingresos se reducen cada vez más", dijo.
Después que JATAM realizó un taller de trabajo en 1999 que condenó las actividades de Newmont, Muhammed recibió una llamada de la embajada estadounidense preguntando si los fondos empleados para esa actividad provenían de USAID, según afirmó.
De acuerdo con Muhammed, la embajada dijo que había recibido una protesta de Newmont por usar el dinero de contribuyentes estadounidenses en una campaña contra una empresa nacional.
Kim Walz, una portavoz de USAID, confirmó que los fondos para JATAM no fueron renovados. "Surgieron dudas acerca de la capacidad de JATAM para brindar una asistencia imparcial a las comunidades, y decidimos que eso era perjudicial para los objetivos estadounidenses", dijo a IPS.
Pese al corte de financiación, el grupo continúa firme en su posición.
"Continuaremos con nuestra labor de apoyar a las comunidades y el ambiente contra la devastación de la industria minera y petrolera, y no cederemos ante la presión", afirmó Estee Helvi Lystiani, funcionario de información de JATAM.
Otro grupo ambiental indonesio también corre peligro de que le corten los fondos debido a sus críticas por las actividades mineras en Irian Jaya, el nombre dado a la parte occidental de Nueva Guinea en poder de Indonesia, denunció Amigos de la Tierra.
Conocido como Whali, o Amigos de la Tierra en Indonesia, el grupo indicó que la compañía minera Freeport MacMoRan Grasberg, en Irian Jaya, devastó parte de la selva tropical y acusó a Freeport de arrojar residuos tóxicos en ríos vecinos y matar peces que son el sustento de la tribu amungme.
Con depósitos de cobre, oro y plata que valen 60.000 millones de dólares, Grasberg es una de las mayores empresas mineras en el mundo y sigue siendo la principal fuente de ingresos fiscales del país.
Los grupos ambientalistas indonesios no son los únicos críticos de Grasberg. El impacto minero desató un clamor internacional y llevó a la estadounidense Overseas Private Investment Corporation (OPIC), que ayudó a financiar la mina, a realizar una auditoría ecológica independiente.
Según OPIC, la mina "provocó y sigue provocando irrazonables y graves peligros ambientales y de salud a los ríos, el ecosistema circundante y la población local".
Como Whali, el Ministerio de Ambiente y numerosos parlamentarios indonesios solicitaron una auditoría independiente sobre las actividades de Freeport. Algunos funcionarios señalaron incluso la posibilidad de renegociar el contrato de trabajo de la corporación con el gobierno.
En las últimas semanas, según Amigos de la Tierra, el embajador estadounidense en Indonesia, Robert Gelbard, elogió públicamente a Freeport por su nivel de seguridad ambiental e intervinoo personalmente para que corten los fondos a JATAM y a Whali, que recibió 400.000 dólares de AID desde 1997.
Pero Walz, de USAID, dijo que "eso no es cierto", y expresó que no puede confirmar ni desmentir que los fondos de Whali serán cortados.
Una campaña de ambientalistas estadounidenses que urge al Departamento de Estado a seguir financiando a Whali ya recogió más de 6.000 cartas de adhesión, según Amigos de la Tierra.
"El pueblo indonesio está haciendo esfuerzos valientes para establecer un gobierno limpio, eficiente y responsable, hacer cumplir la ley, crear una sociedad justa y salvaguardar el patrimonio natural", destacó la campaña. (FIN/IPS/tra-en/dk/da/ego-mlm/en/00
