El gobierno de Fernando de la Rúa logró convertir en ley una flexibilización laboral que ya existía de hecho en Argentina, al aprobar el Senado un proyecto similar a los impulsados sin éxito por sus antecesores Raúl Alfonsín (1983- 1989) y Carlos Menem (1989-1999).
La ley descentraliza las negociaciones laborales al privilegiar los convenios por empresa por sobre los nacionales, fija el modo de anular en dos años acuerdos de larga data entre trabajadores y empleadores y amplía el periodo de prueba de uno a tres meses.
La reforma, aprobada en un contexto de alto desempleo en vísperas del Día de los Trabajadores, también reduce los aportes previsionales a los empleadores que contraten al trabajador una vez finalizada la prueba y otorga un subsidio a las empresas que tomen empleados jefes de familia mayores de 45 años.
El desempleo afecta a 13,8 por ciento de la población económicamente activa de Argentina. Hay además 14,3 por ciento de subocupados, y 40 por ciento de trabajadores están contratados en forma ilegal. Se calcula, además, que cientos de miles de empleados ya firmaron convenios de flexibilización.
En los últimos cinco años se firmaron 941 acuerdos entre empresas y trabajadores que aceptan retrocesos en los derechos adquiridos como el descanso obligatorio, las vacaciones o el pago de horas extras. Muchos de esos conveniso cuentan con el aval de sindicalistas que hoy encabezan protesta contra la reforma.
El sindicato del transporte, uno de los más combativos en estos días, aceptó que la empresa Metrovías, que administra los trenes subterráneos de Buenos Aires, pueda cortar el descanso mínimo de 12 horas a los conductores de esos trenes, que llevan a 200 pasajeros en las horas de más actividad.
El sindicato del sector automotor aceptó que los trabajadores no tengan más horario fijo ni cobren horas extra, un acuerdo similar al que obtuvo una cadena de heladerías que propuso que en días fríos los empleados trabajen apenas dos o tres horas, y los de calor, hasta 12 horas continuas, sin bonificación.
La desocupación en Argentina, que llegó al pico de 18,6 por ciento en 1995, es el principal problema de la población para 79 por ciento de los encuestados por la firma Graciela Romer y Asociados. Desde 1990, a pesar de la estabilización de precios, la desocupación creció 146 por ciento.
El ex ministro de Economía Domingo Cavallo reconoció un fenómeno de "desaliento" a la hora de salir a buscar empleo. Miles de trabajadores, cansados del rechazo del mercado y sin recursos para su transporte, ya no buscan empleo y, por lo tanto, no están registrados en la estadística de desocupados.
Con una protesta de poco más de 15.000 trabajadores como telón de fondo, el Senado aprobó el miércoles una ley que legitima cambios ya vigentes en el mercado laboral por las propias necesidad de los trabajadores, que, antes de perder el empleo, prefieren perder algunos derechos.
La iniciativa, planteada por el gobierno para alentar nuevas inversiones, tenía media sanción de la cámara baja, y ahora solo resta que los diputados avalen en los próximos días los cambios introducidos por el Senado.
Las propuestas oficiales de flexibilización de las normas de contratación laboral y de descentralización de la negociación sindical se remontan al primer año de gestión de Alfonsín, cuando la desocupación era de apenas seis por ciento. La iniciativa tuvo un amplio y generalizado rechazo.
Menem también lo intentó infructuosamente en sus dos períodos de gobierno (1989-1999). Los legisladores de su partido, el Justicialista (peronismo), la rechazaban, al igual que la central sindical aliada al oficialismo de entonces, de la Confederación General del Trabajo.
Sólo ahora, con apenas cuatro meses de gestión, De la Rúa logró la aprobación de la norma que recomiendan los organismos multilaterales de crédito como condición para el despegue económico de Argentina tras una recesión que comenzó en 1998 y se extendió durante casi todo 1999.
Un sector de la Confederación General del Trabajo, más reacio a permitir la aprobación de una norma que legitime la flexibilización laboral, se resistió la medida y poco antes de su aprobación en el Senado, en un acto frente al Congreso legislativo, convocó a una huelga general para el día 5.
Los dirigentes más rebeldes aseguran que no se oponen a la "modernización" y que de hecho aceptaron renegociar centenares de convenios. Sin embargo, creen que esta norma les restará influencia a los sindicatos al permitir que se imponga la negociación por empresa cuando los salarios tiendan a bajar.
El retroceso que sufrieron los derechos de los trabajadores en los últimos años debido a la creciente desocupación fue señalado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su informe de 1999, al advertir que en los últimos años los trabajadores sin contrato habían aumentado casi 40 por ciento.
El PNUD advirtió que Argentina, país donde los trabajadores canalizaron su peso político a través de los sindicatos y del Partido Justicialista, corría el riesgo de acercarse al modelo "egipcio" en que los trabajadores aceptan firmar un papel en blanco como condición para acceder a un empleo.
Estas condiciones precarias también ya son un hecho en Argentina. De acuerdo con un informe de la Sociedad de Estudios Laborales, casi la mitad de los asalariados hacen horas extras sin cobrarlas. Al ser consultados, 73 por ciento dice que lo acepta "para conservar el empleo".
El estudio, que fue encargado por el gobierno y que sirvió de base para el proyecto de reforma, verificó también que 69 por ciento de los empleados que reemplazan a los que se retiran por diversas razones cobran lo mismo que sus antecesores y 29 por ciento aceptan entre 10 y 20 por ciento menos.
A este fenómeno se suma el de los inmigrantes indocumentados. El Ministerio de Trabajo estima que son 250.000 los trabajadores procedentes de países limítrofes y Perú que se emplean sin papeles de radicación legales y por salarios y condiciones de trabajo precarias.
En los casos más extremos registrados por la Policía del Trabajo se hallaron talleres textiles en los que los indocumentados apenas se turnaban para descansar en una misma cama, y trabajaban el resto del día por la comida y por un salario que nunca llegaba, o llegaba en pequeñas dosis.
Gustavo Caraballo, abogado laboralista y ex funcionario de un gobierno justicialista, sostuvo que la reforma laboral resta poder de negociación a los sindicatos en un momento en que existe un amplio desequilibrio en favor de la oferta laboral. "Es una verdadera 'contrarreforma"', remarcó el especialista.
El gobierno de De la Rúa, tal como sus antecesores, buscó el consenso de la opinión pública denunciando a los sindicalistas por corrupción. La mayoría de los líderes sindicales argentinos viven en residencias lujosas, se movilizan en automóviles importados e invierten en empresas contratistas del Estado.
Sin embargo, el desprestigio de la cúpula dirigente, reconocido en todas las encuestas, no significa que haya que barrer con las organizaciones laborales, sostuvo el economista Claudio Lozano, vinculado con los sindicatos estatales.
Por el momento, la dirigencia sindical está dividida. Solo los sindicalistas que protestaron las últimas dos semanas frente al Congreso legislativo están decididos a convocar una paralización de actividades, aunque a estas alturas ya no se considera posible una marcha atrás en la aprobación de la controvertida reforma.
De la Rúa sostuvo este jueves que no entendía la convocatoria a la huelga. "Es injustificado una vez que las instituciones ya se pronunciaron", sentenció el presidente. (FIN/IPS/mv/mj/lb/00
