La conflictiva aprobación de la reforma laboral en Argentina marcó, en vísperas del Día Internacional del Trabajo, el hito más reciente en América Latina en el creciente predominio de los intereses del mercado sobre los derechos sindicales.
Detrás de este fenómeno parece darse una pugna no declarada entre los afanes de la Organización Internacional del Trabajo en pro de una globalización que no arrase las conquistas laborales, y las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) de una liberalización, o desregulación, del mercado del empleo.
El históricamente fuerte sindicalismo argentino se dividió en el curso del debate legislativo de la reforma, que introduce la negociación de contratos de trabajo por empresas como opcional a las negociaciones por rama de actividad, entre otras enmiendas.
Los convenios marco de un área de actividad podrán ser reducidos en el ámbito de la empresa, cuando los trabajadores de éstas cedan en volúmenes salariales o disminuyan, por ejemplo, sus vacaciones, con el argumento de asegurar la permanencia de su fuente de trabajo.
Los periodos de prueba de tres meses previos a la contratación y el fin de la renovación automática de convenios sindicales son otros elementos introducidos en la nueva legislación laboral argentina.
Las modificaciones se venían planteando desde el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), pero ni él ni su sucesor, Carlos Menem (1989-1999), lograron romper la resistencia de la Confederación General del Trabajo, algo que consiguió el nuevo gobierno de Fernando de la Rúa.
Los sindicalistas opuestos a la nueva normativa sostienen que el proyecto fue abiertamente una "recomendación" del FMI y del Banco Mundial, entidades multilaterales interesadas en promover desregulaciones que contribuyan a que hacer más atractivas las economías nacionales para los inversionistas externos.
El nuevo esquema laboral argentino recoge varias de las normas impuestas en Chile en los primeros años 80 por la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), pionera en la región en imponer un modelo neoliberal de apertura al exterior.
El gobierno chileno de Eduardo Frei, cuya gestión finalizó el 11 de marzo, intentó a fines de 1999 una reforma laboral en sentido contrario a la que se acaba de aprobar en Argentina: restablecer la negociación sindical por federaciones y ramas de actividad.
La iniciativa fue rechazada por una mayoría derechista en el Senado con el argumento de que Chile perdería competitividad internacional si la aceptaba, pese a que el gobierno sostuvo que el país difícilmente podrá negociar acuerdos comerciales con países industrializados sin una legislación laboral moderna.
Ambas posiciones reflejan el debate que se da en el contexto de la globalización, donde los cultores del liberalismo plantean que el mercado debe determinar las condiciones laborales propicias para atraer inversiones en los países en desarrollo.
Las organizaciones sindicales y ambientalistas sostienen, en cambio, que la desregulación laboral no sólo perpetúa la inequidad en la economía mundial, sino que además expone a los países pobres a ser acusados de "dumping social" en las negociaciones comerciales.
De una u otra forma, la liberalización se está imponiendo en virtud de la inestabilidad en el empleo que caracteriza a la globalización y que se profundiza en coyunturas de crisis, al punto que la reforma laboral en Argentina vino a legitimar situaciones que ya se daban en la práctica.
Más que los argumentos políticos o socio-económicos, juegan a favor de la desregulación las frías estadísticas, con un desempleo de 13,8 y un subempleo de 14,3 por ciento en Argentina, país en que además 40 por ciento de los ocupados trabajan sin contrato y, por tanto, sin seguro previsional ni de salud.
También en Brasil está instalada la polémica acerca de la desregulación del mercado laboral, con las normativas salariales como uno de los temas más complejos, ya que el gobierno de Fernando Henrique Cardoso pretende desvincular la base del salario mínimo, que asciende sólo a 84 dólares por mes, de las pensiones de los jubilados.
La aspiración básica es aumentar el salario mínimo al equivalente a 100 dólares, pero las autoridades económicas arguyen que un incremento de esa magnitud quebraría el sistema previsional. Por ahora se optó por autorizar salarios mayores en los estados, pero en los hechos, no se han formalizado incrementos.
En México, cuya economía se sustenta en alto grado en la maquila (plantas de armado de bienes industriales para exportación), el embate de la desregulación laboral se produjo en torno del ingreso del país en 1993 en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), como socio de Estados Unidos y Canadá.
La Central de Trabajadores de México (CTM), vinculada al gobernante Partido Revolucionario Institucional y que controla a la mayoría de las organizaciones laborales, es acusada por sindicalistas independientes de promover la liberalización del mercado del empleo.
"La CTM impide ejercer los derechos laborales reconocidos en la ley, pues lucha contra la libre asociación y está aliada con el gobierno y los inversionistas extranjeros, para quienes lo más atractivo de México son los bajos salarios y el control que se tiene sobre los sindicatos", dijo Bertha Luján, coordinadora del Frente Auténtico del Trabajo.
Existe en el marco del TLCAN un Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, que compromete a los países miembros a respetar los derechos laborales, pero no cuenta con normas coercitivas y por tanto no se aplica en México, señaló Luján. (FIN/IPS/ggr/lb/00
