Las agencias reguladoras y la competencia en materia de telecomunicaciones son consideradas en América Latina y el Caribe la clave para lograr que el capital privado cumpla también funciones sociales.
Ese aspecto acaparó las discusiones en la conferencia y feria Américas Telecom 2000, promovida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) la semana pasada en Río de Janeiro y en la que se destacaron las novedades tecnológicas, en especial el acceso a Internet sin cables.
La mayoría de América Latina privatizó en forma acelerada el sector en los años 90 y acompañó ese proceso con la creación de entes de regulación, 18 en un total de 86 creados en el mundo en los últimos 10 años, según la UIT.
En consecuencia, el continente americano tiene hoy la más alta proporción de esas agencias, ya que hoy existen 22, al sumar las cuatro precursoras: la de Estados Unidos, creada en 1934, de Haití (1969), Canadá (1976) y Belice (1988).
Un Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones (Regulatel) se formó hace dos años y medio con la participación de 16 de esos organismos, con el objetivo de intercambiar informaciones, armonizar reglas y promover la integración regional.
Las agencias deben empujar la universalización del acceso a las comunicaciones, como forma de que los países en desarrollo participen en la revolución informativa y reduzcan la distancia que los separa del mundo industrializado, sostuvo el secretario general de Regulatel, el colombiano Gustavo Peña-Quiñones.
El temor de que Internet profundice la brecha entre los países, y al interior de los mismo, entre ricos y pobres, fue manifestada por participantes en el foro de debates de Américas Telecom 2000, entre ellos Andrés Culagovski, responsable del área internacional del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones chileno.
Chile es uno de los pocos países que no creó un ente regulatorio, al desestatizar sus telecomunicaciones en 1988.
El ritmo de aumento de usuarios de Internet en América Latina y el Caribe es insuficiente para reducir el rezago respecto del Norte, afirmó el secretario general de UIT, el japonés Yoshio Utsumi, quien recordó que sólo 2,7 por ciento de la población de esta región posee computadoras conectadas a la red de redes.
Además, el acceso se limita a las capas más ricas de la población, tendiendo a agravar la inequidad, en países que ya presentan las peores desigualdades de ingreso en el mundo, como es el caso de Brasil.
En las privatizaciones más recientes se exigió a las empresas de telecomunicaciones que instalen teléfonos públicos en zonas de escasos recursos, así como llevar el servicio a las áreas rurales y a los poblados alejados, proceso que es controlado por las agencias reguladoras.
Un panel en el foro de UIT concluyó que la telefonía rural puede ser un negocio lucrativo en muchos países latinoamericanos, con algún subsidio inicial. Las nuevas tecnologías de comunicación celular y por satélites ampliaron esas posibilidades.
En Chile es rentable llevar teléfonos al campo, sin la necesidad de subsidios oficiales, aseguró Marcio Andrade, director de la firma CTR, controlada por capitales canadienses, una de las que ofrecen el servicio rural en ese país.
Sin embargo, la disponibilidad de teléfonos no asegura el acceso a Internet de las poblaciones pobres, un objetivo en general fuera de la jurisdicción de tales agencias.
Iniciativas variadas tratan de impedir que los más pobres sean excluídos de ese instrumento, que se considera vital para competir en la futura sociedad del conocimiento.
Colombia, para no ahondar las desigualdades, está instalando en 6.500 localidades del interior del país teléfonos y centros comunitarios de acceso a Internet, los llamados telecentros, anunció la ministra de Comunicaciones, Claudia Zambrano.
Pero la universalización de esos servicios de acceso a la red de redes no está prevista en los objetivos de muchos entes reguladores de comunicaciones latinoamericanos.
Entre las funciones de los entes reguladores se cuentan la adjudicación de concesiones, la aprobación de tarifas, controlar las interconexiones, cuidar la calidad del servicio, fijar normas técnicas y prevenir prácticas de competencia desleal.
Pero las agencias de la región presentan muchas diferencias de poder, jurisdicción y autonomía en relación a los gobiernos.
Algunas de ellas tienen potestades para controlar más áreas, como energía y transporte, otras se dedican exclusivamente a telecomunicaciones, a veces compartiendo el poder con el ministerio del sector o de Ciencias y Tecnologías en el caso de Internet e, incluso, con el Poder Ejecutivo.
La escasez de recursos dificulta en la mayoría de los casos, en especial en países pequeños, el efectivo cumplimiento de sus tareas y la disponibilidad de técnicos suficientes.
El esfuerzo de capacitación de nuevos funcionarios a veces se pierde porque éstos son atraídos por los mejores sueldos que pagan las empresas privadas del sector.
En general, las agencias reguladoras fueron creadas por leyes de comunicaciones, con excepción de Argentina y Venezuela, donde se implantaron por decretos presidenciales, que impiden mayor independencia.
El gobierno argentino intervino la Comisión Nacional de Comunicaciones varias veces en la década de los años 90, sustituyendo sus directores o cambiando sus atribuciones, funciones y composición por nuevos decretos.
Los desequilibrios en términos internacionales presentan desafíos aparentemente más insuperables. Las fusiones de grandes empresas transnacionales generan "una situación muy grave", advirtió el vicesecretario general de UIT, el brasileño Roberto Blois.
Los grandes consorcios concentran el poder de decisión y reducen las posibilidades de que los gobiernos controlen el flujo de información y puedan definir estrategias propias, frente a presiones del grupo privado. Además impide la competencia que permite bajar precios y mejorar la calidad de los servicios, arguyó Blois.
Como se trata de negocios internacionales, los gobiernos poco pueden hacer para neutralizar sus riesgos, observó.
Blois recordó que Brasil estuvo en riesgo de sufrir una relativa monopolización privada de sus telecomunicaciones de larga distancia, por la fusión entre las empresas estadounidenses Sprint y MCI, ya que la primera participa en las dos empresas que prestan el servicio.
La Agencia Nacional de Telecomunicaciones, que regula el sistema brasileño, tuvo que exigir la salida de Sprint de una de las empresas para poder mantener la competencia. (FIN/IPS/mo/dm/if ip/00
