El Centro de Belgrado para Derechos Humanos (BCHR), una organización no gubernamental (ONG) de Serbia establecida en 1995 por activistas y expertos en cuestiones humanitarias, dió a conocer un severo informe.
El documento se refiere a la situación que enfrentan las personas de origen étnico albanés, incluyendo las consecuencias de los ataques aéreos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) contra la provincia separatista serbia de Kosovo, en marzo del año pasado.
También informa acerca de la creciente represión por parte de las autoridades en el resto del país, bajo el pretexto del estado de guerra establecido durante aquellos ataques.
"La situación es mala y está empeorando", declaró a la prensa Vojin Dimitrijevic, presidente del BCHR.
"Desde 1998, las autoridades no ocultan su falta de respeto por los derechos humanos, y dictan leyes contrarias a la Constitución yugoslava y a las normas internacionales", agregó.
En el informe se señaló que el parlamento aprobó en 1998 una serie de leyes represivas, en el marco del conflicto armado en Kosovo entre fuerzas de seguridad serbias y albaneses étnicos del Ejército de Liberación de Kosovo (KLA).
La OTAN afirmó luego que sus ataques eran necesarios para proteger a los albanokosovares de la represión serbia.
A fines de 1998 el parlamento aprobó la Ley sobre Información, que estableció drásticas penas para los medios de comunicación que publicaran noticias capaces de "perturbar el orden público" o "causar temor o derrotismo".
Al mismo tiempo, según el informe, hubo un colapso total del sistema judicial, cuyo resultado fue un mayor deterioro del respeto por los derechos humanos. "Desde entonces, no existe el imperio de la ley en el país, ni tampoco un sistema judicial independiente", declaró Dimitrijevic a IPS.
"Sabemos que no tenemos derechos. En nuestros tribunales uno puede ser condenado sin ninguna prueba. Por otro lado, vemos criminales caminando por las calles y la gente cree que no hay justicia", apuntó Mirjana Vaskovic, una maestra de escuela serbia.
En el informe se afirmó que los abusos contra los derechos humanos aumentaron en 1999, en especial desde el 24 de marzo, cuando se estableció el estado de guerra a causa del comienzo de los bombardeos de la OTAN, y que las medidas especiales aplicadas en esa época dieron un poder casi ilimitado a la policía.
Algunos de los abusos más graves ocurrieron en Kosovo, donde los intentos de reprimir las actividades del KLA contra las fuerzas serbias empeoraron la situación de los albanokosovares, afirmó BCHR.
"En 1999, la discriminación étnica (contra los albanokosovares) adquirió proporciones masivas y características preocupantes con la expulsión de 1,4 millones de personas sus hogares", se expresó en el informe.
Más de 860.000 desplazados fueron obligados a marcharse a países vecinos, y el resto fue trasladado dentro de Kosovo. Las autoridades serbias arguyeron que el éxodo se debió a los bombardeos de la OTAN.
El BCHR indicó que aún no se ha establecido la cantidad exacta de albanokosovares que murieron entre marzo y junio de 1999. Según la Comisión de Derechos Humanos de Kosovo, hubo por lo menos 9.500 muertos y 4.109 desaparecidos.
También sostuvo que la comunidad internacional es responsable en forma parcial por la huída de Kosovo de 200.000 serbios, gitanos y otros grupos no albaneses desde mediados de 1999, cuando las fuerzas de paz de la OTAN y administradores de la Organización de las Naciones Unidas se hicieron cargo de esa provincia.
En el informe se afirmó que cuando comenzaron los ataques de la OTAN, la represión de las autoridades se extendió a toda Serbia, mediante leyes que permitieron discriminar a los opositores del gobierno.
Vladan Joksimovic, un experto en leyes que trabaja con el BCHR, apuntó que la Constitución serbia otorga al presidente, durante el estado de guerra, el derecho de abolir casi todos los derechos cívicos.
Durante el estado de guerra, la policía puede confinar por más de 60 días a cualquier persona que considere peligrosa para la seguridad pública, llevar a cabo allanamientos sin permiso judicial y censurar o clausurar medios de comunicación.
Desde marzo del año pasado, se implantó una fuerte censura, y las libertades de movimiento y de reunión fueron limitadas en forma severa.
El BCHR denunció en su informe clausuras policiales de medios de comunicación opositores y radios privadas, así como cuantiosas multas a diarios independientes, que fueron casi los único s afectados por ese tipo de sanción y debieron pagar más de 2,4 millones de dólares en 1999.
"Esas multas exorbitantes están dirigidas a la destrucción financiera de la prensa independiente", se aseguró en el informe, agregando que la situación de crisis dejó sin trabajo a más de 70 por ciento de los 1.100 miembros de la Asociación Independiente de Periodistas Serbios.
Por otra parte, afirmó que la muerte de opositores en 1999 se debió a "asesinatos con motivos políticos".
Slavko Curuvija, un conocido periodista de Belgrado, propietario y jefe de redacción del diario independiente Dnevni Telegraf, fue asesinado en pleno día el 11 de abril de 1999 frente a su casa.
Curuvija había sido muy crítico con las autoridades y políticos cuyas acciones condujeron, en su opinión, al aislamiento internacional de Serbia y la intervención de la OTAN.
A fines de 1999, la investigación oficial por la muerte de Curuvija se paralizó.
El otro caso señalado por el BCHR fue un misterioso accidente automovilístico ocurrido en octubre, en el cual murieron cuatro destacados integrantes del opositor Partido Renovador Serbio (SPO). Vuk Draskovic, líder del SPO, fue el único sobreviviente.
La investigación oficial del caso no ha arrojado resultado alguno hasta el momento.
"En estas circunstancias hay poco espacio para el optimismo", afirmó Dimitrijevic, quien añadió que llevará años cambiar la legislación y educar a la población sobre la importancia de defender los derechos humanos. (FIN/IPS/tra-eng/vpz/sm/ego/mp/hd ip/00
