Interrogarios y deportaciones sumarias de supuestos inmigrantes ilegales son rutina en los aeropuertos europeos, pero aplicar la misma receta puede costarle caro a un país africano, como lo prueba una disputa esta semana entre Angola y Portugal.
Los medios de comunicación y todos los sectores políticos de Portugal reaccionaron escandalizados ante la deportación de 27 ciudadanos portugueses que, según las autoridades angoleñas, intentaban trabajar en ese país con visas de turismo.
Jose Manuel Durao Barroso, líder del opositor Partido Social Democrata (PDS-centroderecha), exigió este martes que el primer ministro socialista Antonio Guterres acuda al parlamento nada menos que para revisar las relaciones entre Portugal y su ex colonia africana.
Por su parte, el líder del derechista partido Popular, Paulo Portas, denunció un "tratamiento hostil" a los portugueses por parte del gobierno angoleño, y propuso que el gobierno utilice la presencia en este país de numerosos familiares de la elite gobernante en Angola como arma de represalia.
La acogida en Portugal a los hijos de los dirigentes angoleños "no es compatible con el rechazo de nuestros empresarios y técnicos en el aeropuerto de Luanda", declaró Portas.
El ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Gama, dijo que la actitud de las autoridades angoleñas "nos soprendió de manera desagradable", en tanto que funcionarios del gobierno anunciaron que endurecerían aun más las ya drásticas condiciones de entrada a Portugal para los viajeros angoleños.
Solo el primer ministro Guterres reconoció que era mejor esperar a saber exactamente qué pasó, pues "existen situaciones de este tipo con alguna frecuencia, inclusive en el aeropuerto de Lisboa, en relación a ciudadanos angoleños que intentan entrar en Portugal de manera irregular".
Pese a las relaciones privilegiadas que existen entre Portugal y sus ex colonias, los ciudadanos de esos países deben cumplir con una serie de requisitos antes de conseguir una visa de turista, que van desde depósitos de dinero en efectivo a cartas de invitación notariadas.
Con frecuencia, ciudadanos angoleños, mozambiqueños o caboverdianos son devueltos en los mismos aviones en que llegaron a Lisboa pues, a pesar de tener la visa estampada en sus pasaportes, deben todavía convencer a los oficiales del servicio de inmigración.
A esa práctica se refería Guterres cuando pidió reaccionar con moderación.
Los portugueses han observado no sin estupor que en los últimos meses tanto Angola como Mozambique han comenzado a aplicar el principio de la reciprocidad, exigiendo idénticos requisitos a los ciudadanos portugueses que solicitan visas de turismo o trabajo.
Unos y otros recurren a las visas de turismo para evitar los meses de espera que involucra una solicitud regular de permiso de trabajo, pero tradicionalmente los controles son más rigurosos en Lisboa que en Luanda.
Las relaciones entre Portugal y Angola atraviesan un periodo difícil a raíz de las críticas formuladas el año pasado por el parlamento y funcionarios portugueses al régimen angoleño por las restricciones políticas y de libertad de prensa en ese país.
Tanto el gobernante Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA) como el grupo armado opositor UNITA (Unión Nacional para la Independencia Total de Angola) cuentan en Portugal con nutridas representaciones y apoyo político de diversos sectores.
Portugal es uno de los más importantes inversionistas externos en Angola, y entre los dos gobiernos existen diversos acuerdos de cooperación, incluida la asistencia técnica militar.
Angola era la colonia más importante del antiguo imperio portugués, cuyas posesiones se extendían desde Africa occidental hasta China.
Tras la revolución democrática del 25 de abril de 1974, encabezada por militares veteranos de las guerras coloniales, Portugal abandonó abruptamente sus territorios en 1975, terminando con un conflicto que había desangrado la economía y la moral de la empobrecida metrópoli.
Tradicionalmente un país de emigrantes, Portugal tiene una de las economías más débiles de la Unión Europea y muchos de sus ciudadanos se marchan aún hoy cada año hacia otros países en busca de mejores condiciones de vida. (FIN/IPS/ak/mj/ip pr/00
