Nicaragua esgrimió hoy razones de seguridad nacional al defender ante la OMC los gravámenes que ha impuesto a las importaciones de bienes y servicios procedentes de Colombia y Honduras y la cancelación de los permisos de pesca a las naves de esos dos países.
Argumentos de ese calibre político no habían sido empleados nunca desde la finalización de la guerra fría en el sistema multilateral de solución de diferendos comerciales.
El único antecedente cercano se remonta a 1985 y tuvo también como protagonista a Nicaragua, pero gobernada entonces por el régimen sandinista que se encontraba enfrentado con las autoridades de Estados Unidos, encabezadas por el presidente Ronald Reagan.
Para justificar el embargo dictado contra Nicaragua, Washington invocó el artículo 21 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) que establece excepciones para la protección de los intereses esenciales de su seguridad.
Diplomáticos latinoamericanos, que prefirieron mantenerse en el anonimato, comentaron con inquietud la posibilidad de que nuevas discordias regionales resuciten el militarismo en detrimento de las democracias aún frágiles.
Hasta ahora, observó un embajador, ese peligro solo provenía de las estrategias de lucha contra el narcotráfico que pretendieron involucrar de manera activa a las fuerzas armadas de los países latinoamericanos.
El representante de Nicaragua ante la OMC (Organización Mundial de Comercio), Mauricio Díaz Dávila, sostuvo que las medidas objetadas por Colombia y Honduras se deben a razones de seguridad y están plenamente respaldadas por ese artículo 21.
Por lo tanto, afirmó en ningún caso pueden constituir una violación a las normas de la OMC.
Colombia había solicitado al Organo de Solución de Diferencias de la OMC la constitución de un grupo especial (panel) para que examine la compatibilidad de las medidas de Nicaragua respecto de las disposiciones sobre el trato de la nación más favorecida, que extiende los mismos beneficios en el comercio a todas las partes.
El representante comercial colombiano, Andrés Valencia, dijo que su gobierno había pedido el panel porque "Nicaragua está aplicando, a través de esa medida, una política discriminatoria" contra su país.
Con relación al argumento nicaragüense sobre "intereses esenciales de seguridad", Valencia comentó a IPS que "no es nuestro interés armar un debate político" y observó que la OMC no es el foro apropiado para zanjar esas diferencias.
El origen del litigio se relaciona con una disputa por el espacio marítimo en el Caribe.
Nicaragua reivindica la islas de San Andrés y Providencia y los cayos Roncador, Quitasueños y Cerrana, que perdió a manos de Colombia, sostiene, por un tratado firmado en 1928, cuando soportaba una de las invasiones al país perpetradas en este siglo por la marina de Estados Unidos.
En su presentación ante la OMC, Managua dijo que otro tratado, el Ramírez-López, firmado por Honduras y Colombia en 1986 y ratificado el 30 de noviembre de 1999 "en forma sorpresiva" pretende despojar al país de más de 130.000 kilómetros de plataforma marítima en el Caribe.
Esa área es particularmente rica en peces, tortugas de carey, camarones y langostas y con un gran potencial en hidrocarburos.
Nicaragua afirmó que ese tratado viola su soberanía e independencia política y crea una grave tensión internacional, "manifestada en el desplazamiento inmediato de tropas y de material bélico hondureño" hacia la frontera común.
Díaz previno ante la OMC que "si Colombia y Honduras pretenden iniciar por su parte una presencia naval en la región, se pueden producir lamentables incidentes de alcances impredecibles, capaces de comprometer la paz y la estabilidad regional".
La gravedad del conflicto, dijo el representante de Managua, ha sido reconocida en la esfera hemisférica a través de una decisión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que decidió designar un enviado especial para evaluar la situación y formular recomendaciones.
Con esos antecedentes y "para salvaguardar su seguridad" Nicaragua adoptó el 13 de diciembre la decisiónm de establecer un impuesto suplementario de 35 por ciento sobre cualquier bien y servicio importado, manufacturado y ensamblado de origen y procedencia de Colombia y Honduras.
Otra disposición, dictada dos días después, canceló los permisos de pesca de todas las embarcaciones de bandera hondureña y colombiana que operaban al amparo de licencias otorgadas por el gobierno nicaragüense.
Las medidas, insistió Díaz, no persiguen fines comerciales ni están destinadas a proteger la industria nacional, sino que están dirigidas a salvaguardar "los intereses esenciales de la seguridad de nuestro país".
Honduras, por intermedio de su representante ante la OMC, Dacio Castillo, negó las afirmaciones sobre movimientos de tropas en la frontera con Nicaragua.
La constitución del panel, según las normas de la OMC, se dispone de manera automática ante la segunda petición de la parte demandante al `rgano de Solución de Diferencias. La próxima reunión de ese cuerpo está prevista para el 18 de mayo. (FIN/IPS/pp/mj/if ip/00
