Ambientalistas de América Latina reclaman al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el cambio de su política sobre energía en América Latina, pasando a financiar fuentes limpias y en favor de los pobres en lugar de los tradicionales proyectos perjudiciales.
Es preocupante que el BID esté propenso, como indica su evaluación, a financiar la central hidroeléctrica Cana Brava en Brasil, un proyecto de la empresa belga Tractebel, señaló Glenn Switkes, director del programa latinoamericano de la Red Internacional de Ríos (IRN).
Cana Brava es una de las ocho centrales que el plan energético brasileño prevé para los próximos años, hasta 2008, en el río Tocantins, que nace en el centro geográfico del país, cerca de Brasilia y corre hacia el norte, cruzando la Amazonia oriental.
El río, ya afectado por dos enormes embalses, el de Tucuruí en la parte baja, y el de Serra da Mesa cerca de su naciente, "se convertirá en una escalera hídrica", sin que haya un estudio del impacto ambiental del conjunto de 10 hidroeléctricas, destacó Switkes.
Además, hay dos centrales previstas para el río Araguaia, el mayor afluyente del Tocantins, y también se pretende implantar una hidrovía en los dos ríos, para transporte de la soja producida en el centro del país a un puerto atlántico en el norte, otro proyecto rechazado por los ambientalistas.
Tucuruí, la segunda mayor central brasileña, tendrá una segunda etapa que se construirá hasta diciembre de 2002, ampliando la inundación de bosques amazónicos.
Cana Brava, cuya conclusión está prevista para julio de 2002, agravará los daños provocados por la cercana Serra da Mesa, que inundó 1.784 kilómetros cuadrados de "cerrados", las sabanas brasileñas, y 10 por ciento del territorio reservado a los indígenas Avá-canoeiro, grupo de escasa población.
Esa represa, 30 por ciento más extensa que la de Itaipú, la gigantesca central hidroeléctrica compartida por Brasil y Paraguay, habría provocado también el brote de fiebre amarilla que ya provocó la muerte de algunas personas en los alrededores de Brasilia, sospechan los ambientalistas.
Cana Brava agravará los daños a la reserva de los Avá-canoeiro, alterando el nivel de sus ríos, observó Laudovina Aparecida Pereira, coordinadora local del Consejo Indigenista Misionero, órgano de la Iglesia Católica.
Otras centrales, como Serra Quebrada y Lageado, afectarán a los indígenas Apinajé y Xerente, que viven en reservas a lo largo del Tocantins, añadió.
Un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) de América Latina decidió presionar al BID para que suspenda financiamientos a ese tipo de proyectos en la región. Para eso concurrieron, tal como Switkes, a la reunión anual de gobernadores del BID en Nueva Orleans, Estados Unidos, a fines de marzo.
El banco "sigue fortaleciendo el modelo energético convencional y los intereses de las élites de la región", incumpliendo sus compromisos asumidos en 1994, en favor del desarrollo sostenible y la equidad social, según un informe llevado a la reunión y hecho por el Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo Agua Viva, una ONG de Colombia.
Entre 1995 y 1998, el BID destinó sólo 1,5 por ciento sus inversiones a la promoción de fuentes alternativas, eficientes y ambientalmente sanas, mientras 83 por ciento fomentaron el uso de combustibles fósiles, argumentaron los ambientalistas en Nueva Orleans.
Gran parte del resto contribuyó a la hidroelectricidad que es renovable, pero muchas veces inunda bosques, destierra poblaciones pobres y no previene daños ambientales.
El dinero del BID tampoco se dirige a reducir la pobreza. América Latina tiene aún 75 millones de personas sin acceso a la electricidad y que no se incluyen en las prioridades de los proyectos financiados, especialmente los de empresas privadas, añadieron las ONG.
Aumentar recursos para energía "verdaderamente sostenible" y exigir participación de las comunidades afectadas, en todas las etapas de cada proyecto, fueron algunos reclamos llevados al organismo financiero multilateral.
Switkes pidió, en carta al presidente del BID, Enrique Iglesias, que el banco revise su intención de prestar 150 millones de dólares para construcción de la central Cana Brava, que pertenecerá a la Tractebel y "podría obtener esos recursos en el mercado financiero internacional".
El BID ya tiene gran responsabilidad en los impactos negativos de la "cascada" de centrales del Tocantins, ya que aprobó un préstamo para implantación de una línea de transmisión que pasa a lo largo del río y transportará la energía generada para las áreas más industrializadas y pobladas del centro-sur de Brasil.
De esa forma, pierde sentido el argumento de que la electricidad de Cana Brava servirá a la población y al desarrollo local, ya que abastecerá principalmente ciudades lejanas y ricas, señaló Switkes.
El ambientalista condenó también otras "omisiones y equivocaciones" de la evaluación del banco, al descartar mayores impactos del proyecto sobre la biodiversidad, la población y el ambiente.
Los "cerrados" o sabanas brasileñas están entre los ecosistemas de mayor biodiversidad y más amenazados del mundo, según ambientalistas y las mismas autoridades brasileñas, recordó el dirigente de IRN, quien criticó por superficial la afirmación de que no hay especies amenazadas hecha por el informe del BID.
No tener en cuenta a la población indígena afectada, porque son pocas personas, niega la propia política asumida por el BID, acotó.
Además, se subestima la población a desplazar en 110 familias y no se toma en cuenta una comunidad local de "quilombolas", negros descendientes de esclavos que tienen derechos protegidos por la Constitución brasileña.
La batalla por los ríos enfrenta también la Hidrovía Araguaia- Tocantins, uno de los grandes proyectos incluidos entre las prioridades del actual gobierno brasileño y que contempla la profundización del lecho fluvial en algunos puntos, para la navegación de grandes embarcaciones.
Una acción judicial de la ONG Instituto Socioambiental (ISA), en nombre de los indígenas Xavante, embargó el proyecto en octubre pasado.
Un juez consideró procedente el pedido, ya que el Estudio de Impacto Ambiental, una exigencia para grandes obras, fue falseado al omitir conclusiones de antropólogos encargados de evaluar sus efectos.
Con la necesidad de investigaciones, presentación de pruebas y otros trámites, la hidrovía seguirá embargada por mucho tiempo, "no menos de seis meses", evaluó Fernando Batista, abogado de ISA. (FIN/IPS/mo/ag/en/00
