El lanzamiento en Perú de la última novela de Mario Vargas Llosa, "La fiesta del Chivo", puso otra vez de relieve el problema de la piratería editorial, que actúa desembozadamente en las calles de esta capital.
La novela del ex rival del hoy presidente Alberto Fujimori en las elecciones de 1989 desarrolla la fascinación perversa que ejercen los tiranos sobre algunas de sus víctimas, en una patológica relación de dominio y sometimiento.
El personaje es el dictador dominicano Rafael Trujillo, pintado como un "demoníaco macho cabrío", y su contraparte literaria es un imaginario ex ministro suyo, Agustín Cabral, el "cabro chivo" dispuesto a sacrificar lo más preciado en el servicio a su amo.
Pero los atractivos literarios, e incluso políticos, de "La fiesta del Chivo" fue oscurecida por las vicisitudes de su edición en Lima, donde el libro y su autor fueron víctimas de piratería ante la indiferencia de las autoridades y la virtual aprobación de la mayoría del público lector.
Tres días después de su publicitado lanzamiento en todas las librerías, supermercados y aún gasolineras, una copia del libro, idéntica a la edición legal, era vendida a menor precio en las calles.
En Perú funciona con eficacia, y generalmente con impunidad, una bien montada industria de reproducción clandestina de libros de éxito, que aprovecha la tecnologías informáticas y el fotocopiado para editar a menor precio.
El problema de la piratería editorial tiene varios años y hasta ahora los esfuerzos de los libreros y editores para frenar sus actividades ilegales no tuvieron resultados.
La Cámara Peruana del Libro desplegó en 1999 una intensa campaña de concientización pública y de motivación a las autoridades.
Pero la campaña fue un fracaso, según Enrique Capelletti, presidente de la Cámara, a pesar de que "se ha capturado a algunos editores clandestinos y requisado su maquinaria".
"Este fenómeno es como el personaje de la mitología griega (la Hidra de Lerna), al que le crecían 10 cabezas por cada una que le cortaban, porque el negocio de fotocopiar libros es muy rentable y atractivo para gente sin escrúpulos", afirmó.
La editorial española Alfaguara creyó haber encontrado la fórmula para vencer a los piratas limeños con la edición de la última novela de Vargas Llosa: cobrar casi tan barato como ellos e incluir un holograma de seguridad con la firma del escritor.
"Hicimos una tirada altísima de una edición de bolsillo impecable, con excelente presentación y a un precio al borde del costo de impresión, distribución y comercio (unos 8,5 dólares), y ofrecimos comisiones especiales a habituales vendedores pirata", dijo Patricia Arévalo, representante de Alfaguara en Lima.
Arévalo admitió que esas precauciones fracasaron, pues a los pocos días el libro, con holograma incluido, estaba en las calles a unos 5,8 dólares, precio que podía bajar hasta menos de cinco dólares tras un regateo entre el vendedor pirata y el comprador.
"Todo este esfuerzo lo hemos hecho no solo para proteger el libro de la acción pirata, sino también para defender al mercado y a los propios lectores, pues si las cosas siguen así, a la larga desaparecerán las editoriales y con ellas una parte esencial de la cultura de nuestro país", comenta Arévalo.
Según Germán Coronado, directivo de la Cámara Peruana del Libro, "lo ocurrido con la última novela de Vargas Llosa es muy desalentador, pues si una gran edición, que puede venderse a menos de 10 dólares, no pudo escapar al pirateo, las obras de menor circulación no podrán editarse o importarse".
Los editores marginales suelen ofrecer, tres días después del lanzamiento de alguna obra con buenas expectativas de venta en el reducido mercado de Lima, ese mismo libro en las calles a menos de la mitad de su precio.
Libros de premios Nobel como el portugués José Saramago, o escritores de moda como la chilena Isabel Allende, son ofrecidos por vendedores callejeros a los automovilistas detenidos frente a los semáforos en rojo, a precios que oscilan entre 2,5 y cinco dólares.
Los vendedores actúan desembozadamente, ante la indiferencia policial, y forman parte del paisaje urbano, para irritación de escritores y editores.
"Quien compra un libro pirata está adquiriendo mercadería robada. Es, por lo tanto, cómplice y beneficiario de un acto delictivo", dijo el novelista peruano José Adolph, una de las víctimas de los piratas editoriales.
"Lo peor es que la mayoría de los que prefieren comprar a los piratas no solo lo hacen por las ventajas del precio, sino también porque consideran estar colaborando con una presunta cruzada para abaratar los libros", dijo el poeta Antonio Cisneros, comentarista de un programa cultural de televisión.
"Los piratas no venden en las barriadas pobres sino en los barrios elegantes, y quienes les compran tienen generalmente recursos suficientes para adquirirlos en el comercio legal. De modo que es una falsa excusa moral el argumento de que el pirateo abarata los libros a favor del pueblo", agregó Cisneros.
"Los piratas le roban al autor, al editor, al impresor, al librero, al fisco y, por último, al lector, pues para bajar los costos eliminan páginas", expresó el poeta.
"Según la ley, la policía y el Instituto de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi) están obligados a perseguir a los malhechores. Pero, ¿donde están? Tal vez al fondo a la derecha", concluyó.
Rubén Ugarteche, jefe de la Oficina de Derechos de Autor, explicó: "Indecopi no realiza persecución de oficio en defensa de ningún libro en particular si no hay una denuncia específica, pero participamos por propia iniciativa en campañas públicas de concientización".
Ugarteche señaló que 1999 se presentaron 3.200 denuncias de infracciones a las normas de derecho de autor y propiedad intelectual, de las cuales 1.200 originaron denuncias penales.
Sin embargo, "en 1996 se promulgó el decreto legislativo sobre derechos de autor, que considera pena de cárcel, además de incautación de artículos y equipos, pero nadie ha sido encarcelado hasta ahora por ese motivo", sostuvo Germán Coronado, directivo de la Cámara del libro sostiene. (FIN/IPS/al/mj/cr/00
