La filtración del diagnóstico de demencia senil a Augusto Pinochet originó en Europa demandas de nuevos análisis, mientras en Chile gana intensidad la controversia sobre el juzgamiento del ex dictador y de su posible inhabilitación como senador vitalicio si retorna al país.
El canciller interino Mariano Fernández reprobó la difusión el miércoles en dos diarios españoles del resultado de los exámenes realizados al ex dictador (1973-1990) el 5 de enero en Londres.
La publicación del diagnóstico ocurrió un día después de que el Tribunal Superior de Londres ordenara su entrega a cuatro estados europeos en un marco de confidencialidad. "Es feo que se falte a la palabra sobre la confidencialidad de los exámenes", dijo Fernández.
Mientras, el general retirado Luis Cortés Villa, secretario ejecutivo de la Fundación Augusto Pinochet, sostuvo que con esta revelación "se está jugando con la honra, la dignidad y el derecho a la privacidad que tiene toda persona".
El informe de los tres médicos británicos fue reproducido por los diarios ABC y El Mundo de Madrid. Los principales matutinos chilenos accedieron al texto a través de Internet y alcanzaron a incluirlo también en sus ediciones del miércoles, gracias a la diferencia horaria con España.
En los exámenes se ratificó que el ex dictador de 84 años sufre una serie de afecciones físicas vinculadas a la diabetes, problemas cardiovasculares y una hernia lumbar, con pérdida de sensibilidad en sus extremidades inferiores, lo cual lo obliga a usar silla de ruedas para sus desplazamientos.
Los análisis también indicaron que Pinochet sufrió en los últimos meses derrames cerebrales menores y presenta síntomas de demencia senil, con capacidad limitada para comprender frases complejas y preguntas, merma de su memoria e imposibilidad de expresarse en forma audible, suscinta y relevante.
Basado en esos informes, el ministro británico del Interior, Jack Straw, anunció el 11 de enero su disposición a negar la extradición de Pinochet, reclamada por España, y poner término al arresto domiciliariolicio, detenido en Londres el 16 de octubre de 1998.
El gobierno de Bélgica y seis organizaciones humanitarias, encabezadas por Amnistía Internacional, interpusieron recursos judiciales contra la decisión de Straw de mantener en reserva los exámenes y este martes el Tribunal Superior de Londres falló a favor de los demandantes.
El tribunal ordenó a Straw la entrega de copias de los informes médicos a las autoridades estatales de Bélgica, España, Francia y Suiza, países que desde octubre de 1998 solicitan la extradición de Pinochet por asesinatos o desapariciones de ciudadanos de esas naciones durante la dictadura.
Según el fallo, los informes seguirían resguardados por la confidencialidad, pero los cuatro estados europeos dispondrían de un plazo de una semana, hasta las 17:00 GMT del martes 22, para hacer llegar sus observaciones a Straw.
El ministro británico será quien resuelva, en última instancia, si ratifica o cambia su disposición a liberar al ex dictador por razones humanitarias.
El juez español Baltasar Garzón, quien pidió en octubre de 1998 el arresto de Pinochet, dijo tras la filtración periodística de los exámenes que correspondía pedir, a través del gobierno español, nuevos análisis de la salud de Pinochet con la intervención de un experto en geriatría y de un siquiatra.
El canciller español Abel Matutes dijo, en cambio, que los exámenes dan la razón a su negativa a apelar a la decisión de Straw, ya que los diagnósticos médicos son "contundentes" en establecer la incapacidad de Pinochet para soportar un prolongado proceso judicial.
En Francia, dos abogados representantes de familiares de desaparecidos en Chile pidieron a la ministra de Justicia, Elisabeth Guigou, que solicite nuevos exámenes médicos a Pinochet con la participación de especialistas franceses, subrayando, además, la necesidad de que intervenga un siquiatra geriátrico.
El médico Pedro Aros, subdirector del Instituto de Neurocirugía en Chile, dijo a una emisora local que las pérdidas motrices señaladas en los exámenes a Pinochet no implican demencia senil.
Sin embargo, los daños cerebrales difusos detectados por los médicos británicos indicarían que sufre esa enfermedad en sus etapas más iniciales, agregó Aros.
El neurocirujano añadió que tanto los psiquiatras como los gerontólogos pueden aportar evidencias para establecer si los problemas mentales que presenta Pinochet son propios de un natural proceso de envejecimiento o hay factores asociados, como la tensión a que ha estado sometido en sus 16 meses de arresto.
Los partidarios de Pinochet, aunque molestos por la divulgación de los exámenes, confían en que Straw ratificará la próxima semana su propósito de liberar al ex dictador y que los otros gobiernos involucrados acepten esa decisión, atendiendo al estado de salud y a la edad del senador vitalicio.
Según los pinochetistas, la insistencia en conocer los exámenes médicos es parte de una maniobra internacional de sectores socialistas, cuyo propósito final es denigrar y humillar al ex gobernante e inhabilitarlo en el cargo de senador vitalicio a su eventual retorno.
Esta posibilidad, manejada hasta ahora en un plano especulativo, podría traducirse en demandas concretas en ese sentido si el ex dictador sufre efectivamente de demencia senil y carece, por tanto, de la plenitud de sus facultades para llevar a cabo labores legislativas.
Es probable que en las próximas semanas se apruebe en el parlamento una reforma constitucional que permitiría a Pinochet renunciar al cargo de senador vitalicio, pero manteniendo la dignidad de ex jefe de Estado, así como una dieta (remuneración) y la inmunidad penal como legislador.
Las senaturías vitalicias fueron creadas por el propio Pinochet para quienes hayan ejercido por lo menos seis años la jefatura del gobierno.
Hasta ahora él es el único que ha accedido a esa condición, de la cual gozará también el actual presidente Eduardo Frei, luego de que el 11 de marzo entregue el cargo al mandatario electo Ricardo Lagos.
La alegada demencia senil del ex dictador sienta igualmente un interrogante sobre la posibilidad de procesarlo en Chile, donde se han presentado 58 querellas criminales en su contra por crímenes contra los derechos humanos, que son investigadas por Juan Guzmán, juez de la Corte de Apelaciones.
El gobierno de Frei sostuvo desde octubre de 1998 ante España y Gran Bretaña, así como en todos los foros internacionales, que Pinochet debe ser juzgado en Chile y aseguró, contra la opinión de las víctimas de la dictadura, que en el país existen todas las condiciones legales y políticas para hacerlo. (FIN/IPS/ggr/mj/hd ip/00
