Al menos una de cada tres mujeres en el mundo ha sido golpeada, obligada a mantener relaciones sexuales o víctima de otra forma de abuso físico, según un informe difundido hoy por un centro estadounidense de estudios sobre salud pública.
En el informe de 43 páginas, basado en unos 500 estudios sobre violencia doméstica en el mundo, se señala que gobiernos y organizaciones internacionales han comenzado a denunciar cada vez más esos hechos, pero que en general la respuesta institucional de trabajadores de la salud y policías dista de ser adecuada.
La Facultad de Salud Pública de la Universidad John Hopkins, de la ciudad oriental estadounidense de Baltimore, y el Centro para Salud e Igualdad de Género (CHANGE), responsables del informe, afirmaron que el abuso físico y sexual contra mujeres es "la violación de derechos humanos más generalizada pero menos reconocida en el mundo".
"Lo más impactante es comprobar qué parecido es el problema en todo el mundo. Sin excepción, los mayores riesgos de violencia contra las mujeres se deben a sus maridos u otros varones de su familia, y no a 'extraños', dijo Lori Heise, codirectora de CHANGE y principal autora del informe.
En el estudio, titulado "Terminar la violencia contra las mujeres", se centró en dos tipos principales de violencia: los abusos contra mujeres en el marco del matrimonio o de otras relaciones íntimas, y la coerción para mantener relaciones sexuales sufrida a cualquier edad.
Esos tipos de abuso contra mujeres son mucho más frecuentes que las violaciones en tiempo de guerra, el infanticidio en perjuicio de niñas, el tráfico de mujeres y la mutilación genital femenina, se indicó en el informe.
Los autores señalaron que la violencia contra la mujer no sólo causa lesiones cuando se produce, sino que además conduce a menudo a serios problemas de salud en el largo plazo, incluyendo dolores crónicos, incapacidad física, depresión y abuso de drogas y alcohol.
Muchas mujeres maltratadas tienden a adoptar conductas sexuales de alto riesgo, en especial si sufrieron abusos graves en la infancia o la adolescencia, y los hijos e hijas de las víctimas presentan mayores índices de escasez de peso al nacer, desnutrición, problemas de conducta y mortalidad infantil.
En más de 50 investigaciones realizados desde 1981 se comprobó que entre 10 y 50 por ciento de mujeres adultas habían sido víctimas de agresión sexual de un compañero en la intimidad. Entre un tercio y más de la mitad de esos casos involucraron abuso sexual, se informó.
En muchas culturas se piensa que los varones tienen derecho a controlar la conducta de sus esposas, y que las que desafían ese derecho deben ser castigadas.
"En países tan distintos como Bangladesh, Camboya, India, México, Nigeria, Pakistán, Papúa-Nueva Guinea, Tanzania y Zimbabwe, estudios comprobaron que con frecuencia la violencia física es justificada por el derecho del marido a 'corregir' a una mujer pecadora", se apuntó en el informe.
Los "detonantes" son a menudo los mismos en diferentes culturas: desobedecer al marido, contestarle, preguntarle sobre cuestiones de dinero u otras mujeres, ir a alguna parte sin su permiso, negarse a mantener relaciones sexuales con él, no tener lista la comida a tiempo, o no atender bien la casa y los hijos.
En muchos países pobres, las mujeres comparten a veces la noción que los varones tienen derecho a emplear la fuerza física contra sus esposas. En la zona rural de Egipto, por ejemplo, 80 por ciento de las mujeres interrogadas dijeron que las palizas de los maridos se justificaban en ciertas circunstancias.
En el informe se señaló que muchas mujeres ocultan sus padecimientos y no buscan ayuda. Más de dos tercios de las víctimas de abusos entrevistadas en 1993 en Bangladesh dijeron que no habían hablado de su problema con nadie, al igual que la mitad de las mujeres egipcias entrevistadas en 1996.
Lo mismo ocurrió con un tercio de las víctimas de abusos entrevistadas en estudios realizados durante los últimos siete años en Camboya, Chile, Gran Bretaña y Nicaragua.
La violencia contra la mujer está ampliamente difundida en el mundo pero no es universal, y los índices de violencia pueden variar mucho en países y culturas distintas. Antropólogos han estudiado pequeñas comunidades de la etnia wape, en Papúa-Nueva Guinea, donde el abuso doméstico contra la mujer casi no existe.
El problema se registra en todos los grupos socioeconómicos, pero los estudios abarcados por el informe comprobaron que las mujeres que viven en la pobreza eran víctimas de violencia en forma más frecuente.
Cuando las mujeres tienen autoridad y poder fuera de la familia, los índices de abuso en las relaciones íntimas parecen ser menores, y los casos de violencia conyugal son más frecuentes en las culturas que consideran que los asuntos de la familia son "privados" y no deben ser objeto de escrutinio público.
Costumbres como la de entregar una dote cuando se produce el matrimonio disminuyen la autonomía de las mujeres y se asocian con una mayor incidencia de la violencia doméstica, en especial en algunas culturas.
Tambien hacen que sea más difícil para las esposas escapar de relaciones abusivas, por los perjuicios económicos que eso puede causas a las familias de esas mujeres.
Además, normas culturales que vinculan el honor masculino con la "pureza sexual" de las mujeres de su familia, y que prevalecen sobre todo en América Latina y Medio Oriente, pueden afectar la autonomía de las mujeres y "justificar" la violencia en su contra.
Los trabajadores de la salud tienen una especial responsabilidad en la solución del problema, según los autores del informe. "En la mayoría de los países el sistema de salud es el único que interactúa con casi todas las mujeres en algún momento de sus vidas", apuntaron.
Es importante instruir a esos trabajadores para que identifiquen los abusos y ayuden las víctimas, añadieron.
"En la actualidad, sin embargo, los trabajadores de la salud son parte del problema", dijo Mary Ellsberg, coautora del informe.
"A menudo violan la confidencialidad, trivializan el abuso o culpan a la víctima", agregó, señalando que las demoras burocráticas y la indiferencia agravan la situación, y que la policía puede empeorarla aun más.
Activistas han anunciado su intención de organizar programas de formación para funcionarios en varios países, incluyendo a Brasil, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Malasia, México y Nicaragua.
En última instancia, acabar con la violencia contra las mujeres requiere cambios en las normas comunitarias y las actitudes culturales, sobre todo en las que se vinculan con la idea de la superioridad masculina.
"Las actitudes sociales deben cambiar para que las mujeres logren mayor control sobre sus propios cuerpos, los recursos económicos familiares y sus vidas en general", se expresó en el informe. (FIN/IPS/tra-en/jl/ks/ego/hd/00
