La detención de un agente antinarcóticos estadounidense asignado en México reavivó en este país actitudes de rechazo a la presencia de policías extranjeros.
El agente de la oficina antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) Salvador Michael Martínez fue detenido en su país, en la ciudad de Brownsville, Texas, acusado de intentar contratar a un asesino a sueldo, se informó oficialmente este miércoles en Washington.
Michael Martínez, de 37 años, es uno de los 46 agentes de la DEA desplegados en territorio mexicano, en el marco de la estrecha cooperación entre Estados Unidos y México en la batalla contra los barones del narcotráfico que extendieron sus imperios en este país.
El delito de homicidio en grado de tentativa imputado al detenido, asignado a la oficina de la DEA en la norteña ciudad de Monterrey, la segunda en importancia en México, fue descubierto luego de cuatro semanas de investigaciones.
De acuerdo con las pesquisas, en las que participó la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el detenido pretendió contratar a un gatillero para matar al supuesto asesino de un pariente suyo en 1995.
Al confirmar el hecho, el embajador estadounidense en México, Jeffrey Davidow, destacó que la detención constituye un caso triste pero aislado.
"El incidente no tiene nada que ver con el trabajo de la DEA en México. Aunque estamos tristes, también estamos satisfechos de que nuestros procedimientos internos de vigilancia y control funcionaron para evitar una acción trágica", señaló el diplomático.
En un comunicado conjunto, la procuraduría de justicia y la Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores expresaron la seria preocupación del gobierno mexicano por el arresto de uno de los agentes que operan con inmunidad plena en territorio nacional.
Ante los riesgos de "una posible conducta ilegal de un agente extranjero acreditado ante el gobierno mexicano" ambas dependencias solicitaron amplia información sobre el desarrollo del caso y un "diálogo continuo para evaluar sus implicaciones".
México reiteró "su convicción de que la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico sólo es viable en la cooperación y la confianza mutua".
"Una adecuada respuesta a la delicada circunstancia presentada evitará daños al espíritu" de asistencia bilateral, indica el comunicado.
Este es el segundo episodio en lo que va del mes, que colocó en el candelero el tema sobre las tareas que realizan en territorio mexicanos efectivos de corporaciones policiales estadounidenses.
En los primeros días de diciembre, unos 600 elementos de las fuerzas de seguridad mexicanas y 68 agentes del FBI comenzaron una aparatosa operación de búsqueda de presuntas víctimas del narcotráfico que estarían enterradas en tumbas clandestinas.
Anunciadas como la ruta que llevaría a desentrañar el misterio alrededor de unos 200 ciudadanos mexicanos y estadounidenses desaparecidos desde 1995 en la fronteriza Ciudad Juárez, las excavaciones permitieron localizar apenas seis osamentas humanas.
Ciudad Juárez, entre los estados de Chihuahua, México, y Texas, Estados Unidos, es asiento y da nombre al cartel más peligroso y fuerte de América Latina, cuyos ingresos semanales ascenderían a 200 millones de dólares, sólo por concepto de cocaína y heroína.
Tras la extraña muerte en 1997 del jefe máximo de la banda, Amado Carrillo, "el señor de los cielos", se desató una sangrienta ola para definir la estructura de mando del cartel de Juárez.
En medio de la disputa, las autoridades mexicanas y estadounudenses han propinado severos golpes al cartel sin que al parecer logren mermar la fortaleza de la organización criminal.
En el marco de la búsqueda de restos humanos enterrados clandestinamente en propiedades del cartel, los gobiernos de Chihuahua y de Ciudad Juárez protestaron por la exclusión de que fueron objeto durante la operación.
El alcalde Gustavo Elizondo denunció que las excavaciones se dieron por las presiones de Washington para movilizar agentes estadounidenses en territorio mexicano.
Las autoridades de Relaciones Exteriores y de la procuraduría debieron salir al paso de los señalamientos de violación a la soberanía nacional que generó la participación directa de extranjeros en acciones policiacas en Ciudad Juárez.
"¿Qué instrumento legal permite el ingreso de agentes de otros países? ¿Con qué calidad migratoria entraron a México? ¿No disponen los mexicanos de capacidad para hacer excavaciones y autopsias?", cuestionaron legisladores de oposición.
"No hay forma de evitar la sensación de que autoridades estadounidenses están asumiendo en territorio mexicano tareas que, en principio, son de la exclusiva competencia" local, sostuvo el politólogo Lorenzo Meyer.
Cada vez que por incapacidad, inepetitud, debilidad o corrupción el gobierno mexicano no controla a fuerzas ilegales que, desde la óptica de Washington, atentan contra sus intereses, los estadounidenses se ven tentados a intervenir en México, explicó.
El arresto de Michael Martínez, quien de resultar culpable podría ser condenado a 10 años de cárcel, es deplorable, declaró el jefe de la DEA, Donnie Marshall, quien condenó "en los términos más enérgicos" la actuación del agente. (FIN/IPS/pf/dg/ip/99
