La Unión Europea (UE) retiró su propuesta a las Naciones Unidas para suspender la aplicación de la pena de muerte y discutir su abolición definitiva, ante la fuerte oposición de la mayoría de los países en desarrollo.
La iniciativa de la UE en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había sido apoyada por representantes de 74 países, en su mayoría de Europa y América Latina, y los delegados contrarios a la abolición de la pena capital propusieron que se le realizaran 13 enmiendas sustantivas.
Esas enmiendas, apoyadas por delegados de 83 países, fueron propuestas en su mayoría por naciones de Africa, Asia, Medio Oriente y el Caribe, incluyendo a Arabia Saudita, Bahamas, Barbados, Camerún, China, Egipto, India, Indonesia, Irán, Jamaica, Japón, Malasia, Níger, Pakistán, Sierra Leona y Singapur.
La aprobación de las enmiendas habría eliminado el espíritu de la iniciativa de la UE, cuya meta era la abolición "total" de la pena de muerte.
"La UE fue absolutamente arrogante. No querían ni siquiera discutir con nosotros. Al final tuvieron que retirar su moción", dijo a IPS un diplomático del Sur en desarrollo.
Estados Unidos se alineó junto a los países contrarios a la abolición. Sólo en el estado meridional estadounidense de Texas fueron ejecutadas unas 195 personas desde 1977, cuando se reanudaron las ejecuciones en ese país.
Singapur, que tiene una de las legislaciones más duras del mundo contra el crimen, fue el principal defensor de la pena de capital.
"Podemos mantener una discusión interminable sobre los méritos de la pena de muerte, pero el punto central es si corresponde que un pequeño grupo de sociedades de un continente intente imponer sus valores al resto del mundo", afirmó el embajador de Singapur ante la ONU, Kishore Mahbubani.
Mahbubani sostuvo que tras el pedido de abolir la pena de muerte ahora la UE podría solicitar "mañana la legalización de las drogas", que ya ocurrió en algunos países europeos.
"Pasado mañana podrían defender la legalización de la prostitución, que también se aprobó en algunas sociedades europeas. ¿Dónde y cuando se detendrán?", preguntó.
Mahbubani admitió que Occidente se impuso en los grandes debates políticos y económicos internacionales, lo cual significó la victoria de la democracia sobre el comunismo, y la de las economías de libre mercado sobre las planificadas, pero apuntó que el veredicto no es tan claro en las cuestiones sociales.
El diplomático afirmó que Occidente está plagado de problemas vinculados con la delincuencia, la inseguridad individual, el alto número de divorcios, el aumento de las familias monoparentales y la drogadicción, y que no ha encontrado las respuestas correctas a esas cuestiones sociales decisivas.
"La desgracia a la cual se enfrentan ahora los países en desarrollo (donde vive 85 por ciento de la humanidad) es que las sociedades industrializadas les exportan sus valores personales y sociales, incluyendo a algunos que ni siquiera funcionaron bien en sus naciones de origen", protestó Mahbubani.
El embajador sostuvo que la UE no había logrado explicar por qué la cuestión de la pena de muerte pertenece al ámbito de los derechos humanos y no al de la justicia criminal, y concluyó que "no sería sabio" abolir la pena capital.
"Todos apreciamos el derecho a la vida. A nadie le gusta que lo maten. Pero abolir la pena de muerte sin abolir el asesinato significa defender el derecho a la vida de los asesinos más que el de sus víctimas inocentes", arguyó.
Ann-Marie Nyroos, representante de Finlandia, declaró en nombre de la UE que la abolición de la pena de muerte aumentaría la dignidad humana y sería un estímulo para el desarrollo de los derechos humanos.
"La pena capital ha sido aplicada en muchos casos con violación de las garantías mínimas previstas en el Convenio de la ONU sobre Derechos Civiles y Políticos, y en otros acuerdos internacionales establecidos pata proteger los derechos de los condenados a muerte", subrayó.
El arzobispo Renato Martino, observador permanente del Vaticano en la ONU, sostuvo que todas las víctimas de la cámara de gas, la horca, los pelotones de fusilamiento o las inyecciones letales son seres humanos, con independencia de lo crueles o inhumanas que hayan sido sus acciones.
Los crímenes deben ser castigados, pero no existen pruebas definitivas para suponer que la pena de muerte reduce la posibilidad de que se cometan delitos graves, indicó Martino.
"La humanidad debería volverse más humana y menos cruel en los albores del nuevo milenio", agregó.
El delegado de Estados Unidos, Michael Southwick, destacó que el derecho internacional existente no prohíbe la pena de muerte, y que el Convenio de la ONU sobre Derechos Civiles y Políticos reconoce en forma expresa el derecho a imponerla de los Estados que no la han abolido.
El sistema de justicia criminal de una sociedad democrática, incluyendo la cuestión de los castigos correspondientes a los delitos más graves, debe reflejar la voluntad del pueblo, sostuvo.
Southwick recordó que la mayoría de los estados de Estados Unidos eligieron mantener la opción de imponer la pena de muerte a quienes cometan los delitos más graves.
El representante de Qatar, Ali Fahad Faleh Al-Hajri, arguyó que la propuesta de abolir la pena de muerte violaba la Carta de la ONU, según la cual el foro mundial no tiene derecho a intervenir en asuntos que pertenecen a la jurisdicción nacional de los países.
El representante de Egipto, Ahmed Aboul Gheit, sostuvo a su vez que la iniciativa de la UE no respetaba las diferencias culturales que existen entre los países.
"La UE tiene derecho a elegir sus sistemas legales y a hacer cumplir su legislación de acuerdo con su sistema de valores, pero también debe respetar ese derecho de los demás", sentenció. (FIN/IPS/tra-en/td/mk/ceb/mp/hd ip/99
