El mundo celebra hoy el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero para muchas personas condenadas a muerte fue su último día en este mundo.
En Estados Unidos, cuatro reclusos iban a ser ejecutados en cuatro prisiones estaduales, un hecho destacado por la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional.
Las ejecuciones judiciales arrojan sombra sobre la autoproclamación de Estados Unidos como "parangón de los derechos humanos", denunció Amnistía.
"Cincuenta y un años después que la comunidad internacional dijo 'no más' a la crueldad y los asesinatos por el Estado, Estados Unidos podría ejecutar a su preso número 100 en un año, algo que no ha ocurrido desde 1951", destacó la organización.
Pero Estados Unidos no es el único. La pena capital también está vigente en la nación más poblada del mundo, China, y otros países de Asia, Africa, Medio Oriente y el Caribe.
La comunidad internacional debate la cuestión de los "asesinatos judiciales" desde 1948, tras la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por las Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En ese entonces, sólo ocho países habían abolido la pena de muerte, pero en los años siguientes varias naciones aceptaron la idea de que la pena capital viola uno de los derechos proclamados en la declaración universal, el derecho a la vida.
Para fines de 1998, el número de países que abolieron la pena de muerte para todos los delitos había aumentado a 68. Además, otros 14 países la eliminaron "excepto para casos excepcionales como los crímenes de guerra", y otros 23 no ejecutan prisioneros aunque sus leyes mantienen la pena capital.
Sin embargo, la abolición de la pena de muerte sigue siendo un tema muy polémico en la política internacional. Lo que pasó este año en la Asamblea General de la ONU sirve como ejemplo.
Una iniciativa de la Unión Europea (UE) que solicitaba una moratoria mundial de la pena capital y su eventual abolición debió ser descartada porque 83 países exigían cambios en la redacción.
El proyecto de resolución, copatrocinado por 74 países de América Latina y Europa, fue cuestionado por naciones de Africa, Asia, Medio Oriente y el Caribe, respaldados por Estados Unidos.
Las enmiendas propuestas por este grupo habrían "arruinado el objetivo de la resolución", que era promover la dignidad humana y la defensa de los derechos de las personas, arguyó un delegado de la UE al retirar la propuesta.
Sin embargo, un representante de Asia oriental opinó que la pena de muerte es necesaria para combatir el crimen, y por lo tanto debe ser considerada como un tema de justicia penal.
"A todos nos importa el derecho a la vida, pero abolir la pena de muerte sin abolir los asesinatos sería como defender más el derecho a la vida de los asesinos que el de sus víctimas inocentes", declaró.
Sin embargo, las estadísticas realizadas sugieren invariablemente que la pena capital no es una medida más disuasoria del delito que cualquier otro castigo.
Además, las cifras sobre delincuencia de los países que la abolieron no reflejan ningún efecto perjudicial.
La Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos escuchó este año argumentos similares de activistas que solicitaban una moratoria inmediata a la pena de muerte.
Joseph Rajkumar, de la organización no gubernamental Pax Romana, sostuvo que la pena capital y su aplicación tienden a brutalizar más a las sociedades en lugar de reducir la violencia criminal.
Isabel Ricupero, del Centro para la Justicia y la Ley Internacional, pidió a la Comisión que no suavizara su discurso sobre la pena de muerte, y advirtió que ésta marcará una tendencia regresiva en algunos países en materia de derechos humanos.
Como ejemplo, se refirió a Trinidad y Tobago, cuyo gobierno expresó su intención de retirarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para facilitar la aplicación de la pena capital como forma de combatir el crimen.
Según Amnistía, más de 1.600 presos fueron ejecutados en 37 países en 1998, y otros 3.900 sentenciados a muerte en 78 países.
La gran mayoría de las ejecuciones (1.067) tuvieron lugar en China, más de 100 en la República Democrática de Congo, 68 en Estados Unidos y 66 en Irán.
Menores de 18 años también fueron ejecutados en los últimos 10 años en Estados Unidos, Irán, Pakistán, Arabia Saudita, Yemen y Nigeria.
Además de defender el derecho a la vida, los abolicionistas apuntan a la falibilidad de los sistemas judiciales de todo el mundo.
"La pena de muerte es irreversible, e inevitablemente cobrará víctimas inocentes. Mientras la justicia humana sea falible, no podrá eliminarse el riesgo de ejecutar a inocentes", arguyó Ben Rowe, un portavoz de Amnistía Internacional.
Además, la pena capital "es discriminatoria y se aplica desproporcionadamente contra los pobres y las minorías raciales, étnicas y religiosas", concluyó. (FIN/IPS/tra-en/mmm/mk/mlm/hd/99
