El presidente Fidel Castro descartó un éxodo de refugiados a Estados Unidos frente al caso del niño Elián González, que naufragó frente a la costa de Florida y cuya custodia litigan su padre en Cuba y un tío abuelo en Miami.
"Yo no pienso que esa sea una opción, porque estamos tratando este asunto con mucha seriedad, conscientes de la trascendencia que tiene", dijo Castro en declaraciones a una televisora estadounidense y reproducidas este jueves por la prensa estatal cubana.
El mandatario aseguró que la isla ha separado el problema de Elián González de los asuntos migratorios, que centró el lunes una nueva ronda de conversaciones para examinar el cumplimiento y desarrollo de acuerdos suscritos por ambos países en 1994 y 1995.
Sin embargo, consideró que la isla tuvo "razones de sobra" para no realizar esa reunión, pero no pareció "constructivo suspenderla y empezar a mezclar los acuerdos migratorios con el problema concreto del niño secuestrado".
Pocas horas antes del inicio de esa ronda de diálogo en La Habana, funcionarios del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) de Estados Unidos entrevistaron a Juan Miguel González, padre de Elián González, en su casa de Cárdenas, 152 kilómetros al este de La Habana.
González les entregó, además, un abultado legajo de documentos que prueban su paternidad y buena conducta en la relación con su hijo, cuya madre murió en el frustrado intento de emigrar a Estados Unidos.
Sin embargo, el jefe de la delegación de Washington en las conversaciones, William Brownfield, se limitó a informar que la documentación sería "procesada por los procedimientos regulares" y rehusó precisar si el niño será devuelto y cuándo.
"Las pruebas de la paternidad son irrefutables", dijo Castro, quien contrastó el rigor empleado con el padre y la manera en que el niño fue entregado a "familiares lejanos a los que no se les pidió un solo papel" que atestiguara tales lazos.
El mandatario dijo que se han creado las condiciones "para una solución honorable", pero esta podría dilatarse de manera "injustificable y hasta quizás indefinidamente", atentando contra la estabilidad espiritual y mental del niño.
No obstante, aseguró tener confianza en "el sentido común y en la inteligencia de sus políticos más realistas" y no persistan en el error de no repatriar al pequeño, quien cumplió seis años el día 6.
"Estados Unidos no puede pagar el terrible costo de mantener ese niño secuestrado", consideró Castro, quien añadió que esa situación "no puede perdurar" y que, por tanto, no se convertirá en un obstáculo permanente entre los dos países.
"Mientras más se dilate" el caso, "más costoso será desde el punto de vista político, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista del prestigio de Estados Unidos", advirtió.
Las declaraciones del gobernante cubano rebajaron varios grados el caldeado ambiente político de la pasada semana, cuando millares de personas se concentraron durante varios días frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana para pedir "libertad para Elián".
Las manifestaciones populares se extendieron a todas las provincias y, aunque cesaron, se mantienen vigentes mediante la difusión en diferido a través de la televisión estatal, en sesiones diarias que comenzaron el pasado sábado.
En tanto, en Miami, santuario de los inmigrante cubanos en Estados Unidos y sus descendientes, sectores anticastristas amenazaron con desatar una campaña de desobediencia civil en el sur del estado de Florida para impedir el retorno del niño a su país.
Para Castro, el caso del pequeño rescatado de las aguas el 25 de noviembre, tras el naufragio de la nave en que su madre lo sacó de la isla sin autorización paterna, es "ejemplo dramático de las consecuencias" de la Ley de Ajuste Cubano estadounidense.
En su opinión, esa legislación vigente desde 1966 que posibilita a inmigrantes cubanos obtener rápidamente residencia y trabajo en Estados Unidos sin tomar en cuenta la manera en que ingresaron al país, incita "las emigraciones ilegales".
El éxodo de más de 30.000 personas durante la llamada "crisis de los balseros" de 1994 concluyó con un acuerdo por el que Washington se comprometió a otorgar un mínimo de 20.000 visas anuales para habitantes de la isla que quisieran emigrar a Estados Unidos.
En 1995 se acordó la repatriación de toda persona procedente de Cuba que fuera interceptada en un intento de entrada ilegal en Estados Unidos o que penetrara en la Base Naval de Guantánamo, enclave estadounidense a 971 kilómetros de La Habana.
Cuba aseguró que cuidaría sus emigración legal y ordenada, sin el uso de la fuerza, y que en ningún caso tomaría represalias contra los involucrados en intentos de salida ilegal del país.
Sin embargo, los que tocan tierra firme pueden acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, punto de contradicciones entre La Habana, que exige su eliminación, y Washington, que alega que se trata de una norma aprobada por el Congreso.
Los acuerdos comprometieron a los dos países, además, a cooperar y adoptar acciones oportunas contra el tráfico ilegal de personas, delito fuertemente sancionado por el Código Penal reestructurado por la isla en febrero pasado. (FIN/IPS/pg/mj/ip pr/99
