CHILE: Un nuevo presidente para una transición inconclusa

Chile tendrá este domingo su tercera y más trascental elección de presidente desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990, bajo una transición a la democracia todavía inconclusa y con un incierto futuro.

Los más de ocho millones de electores están llamados a resolver fundamentalmente entre la continuidad de la Concertación por la Democracia, la coalición de centroizquierda que gobierna desde 1990, o su relevo por la Alianza por Chile, de la oposición derechista.

Si bien hay seis candidatos, las encuestas indican sin equívocos que la lucha por la victoria está restringida sólo al socialista moderado Ricardo Lagos, candidato del oficialismo, y Joaquín Lavín, el remozado y juvenil abanderado de la derecha.

Los otros cuatro candidatos menores, en especial Gladys Marín, del Partido Comunista (PC), compiten para dejar testimonio de sus propuestas alternativas en un país que tiende a polarizarse en dos grandes coaliciones políticas.

De la votación de los postulantes "chicos" el domingo dependerá si Lagos o Lavín triunfan por mayoría absoluta, siendo lo más probable que cualquiera de los dos obtenga una victoria sólo relativa y tengan que enfrentarse en una segunda vuelta.

La eventual elección definitoria está prevista para el domingo 16 de enero y el triunfador en esta contienda recibirá la banda presidencial de manos del actual mandatario, Eduardo Frei, el 11 de marzo del 2000.

Sara Larraín, la candidata ecologista que aparece en el último lugar en las encuestas, se queja de que el sistema binominal, que la dictadura de Pinochet (1973-1990) impuso para las elecciones legislativas, se ejerce también de hecho en las presidenciales.

El diseño institucional heredado del régimen militar excluye a los movimientos y partidos alternativos y de la izquierda más radical y garantiza a la vez una representación sobredimensionada a la derecha, según Larraín y los demás candidatos minoritarios.

El sistema electoral binominal, los senadores designados y vitalicios, la inamovilidad de los altos mandos castrenses, el Tribunal Constitucional y el Consejo de Seguridad Nacional son los principales amarres autoritarios heredados de Pinochet.

Los redactores de la Constitución que el dictador hizo aprobar en referéndum en 1980 establecieron que sus normas fundamentales no pueden ser reformadas por plebiscito y fijaron complejos quórums para su modificación en el parlamento.

Así, existen disposiciones y leyes sobre las Fuerzas Armadas y el modelo institucional que sólo pueden ser reformadas con el acuerdo de los dos tercios de diputados y senadores y otras que requieren de la concurrencia de tres quintos de los legisladores.

Los gobiernos de Patricio Aylwin (1990-1994) y Frei (1994-2000) registran una sucesión de frustradas negociaciones con la oposición derechista para derogar las disposiciones autoritarias dejadas como herencia por Pinochet.

La derecha sólo accedió, mediante un acuerdo político, a reformas plebiscitadas en junio de 1989, ocho meses después de que el dictador fuera derrotado en el plebiscito presidencial del 5 de octubre de 1988.

Esas reformas permitieron aumentar relativamente la presencia civil en el Consejo de Seguridad Nacional, órgano asesor del Presidente de la República que en los hechos es la instancia de participación política de las Fuerzas Armadas en el gobierno.

La Concertación por la Democracia pensó en 1989 que luego podría negociar con los sectores más liberales de la derecha el fin de los senadores designados, del sistema binominal y de otras instituciones de corte autoritario.

Desde 1990 cada negociación ha sido un fracaso, porque en última instancia los votos decisivos para profundizar la transición democrática dependen de quienes profitan precisamente de las normas antidemocráticas.

Es imposible terminar con los nueve senadores designados sin el voto de éstos en el parlamento, entre los cuales figuran cuatro militares representando al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la policía de Carabineros.

Del mismo modo, la derecha se niega a terminar con el binominalismo en las legislativas, ya que ese sistema le permite controlar alrededor de 42 por ciento de los diputados y más de 45 por ciento de los senadores, con 37 por ciento de los votos.

El sistema binominal establece que en cada distrito de diputados o circunscripción senatorial se eligen sólo dos cargos, con los cual aseguran su representación sólo la mayoría y la "gran minoría", excluyendo a los demás sectores.

El PC y otros partidos y movimientos que en conjunto suman en los comicios legislativos entre ocho y diez por ciento del apoyo del electorado, están excluidos del parlamento y permanecerán fuera mientras persista el binominalismo.

Uno de los últimos intentos legislativos de Frei ha sido el de hacer aprobar una ley que incorpore el plebiscito como medio de resolver pugnas entre los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre reformas constitucionales y otras leyes de trascendencia.

La derecha se negó a legislar sobre esa materia, sosteniendo que el gobierno buscaba acelerar su tratamiento con fines electorales, y con el mismo argumento rechazó la reforma propuesta por Frei al Código Laboral de la dictadura.

La candidatura de Lagos aparece comprometida, al igual que en su hora las de Aylwin y Frei, con los esfuerzos por completar la transición y hacer aprobar las reformas constitucionales que se requieren para ello.

Lavín, que en su propaganda promete cambios en áreas como la salud, la educación, el empleo y la seguridad ciudadana, estima que el debate sobre los grandes temas políticos no le interesa a la gente, que sólo quiere soluciones prácticas a sus problemas.

La derecha estima que la transición chilena ha marchado con normalidad y que las cuestionadas instituciones legadas por la dictadura, como los senadores designados y la autonomía militar del poder civil, son saludables factores de equilibrio.

Bajo este prisma, aun cuando Lagos gane en los comicios, los cambios democráticos tendrán un difícil itinerario si es que se mantiene la correlación de fuezas legislativas en las elecciones parlamentarias que deberán celebrarse en diciembre del 2001. (FIN/IPS/ggr/mj/ip/99

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