Organizaciones de defensa de los derechos humanos de Guatemala criticaron al ejército por no consultar a la sociedad civil en la elaboración de su nueva política para tiempos de paz.
Las jerarquías castrenses entregaron en la noche del jueves al presidente Alvaro Arzú los lineamientos de su nueva "doctrina", que debe dejar atrás la que aplicaron en los años de enfrentamiento armado interno.
Según el francés Jean Arnault, director de la Misión de Naciones Unidas para Guatemala (Minugua), verificadora de los acuerdos de paz de 1996 con la guerrilla, los militares sólo difundieron un "proyecto" al que le falta el aval de la sociedad.
Las asociaciones humanitarias Grupo de Apoyo Mutuo y Fundación Myrna Mack objetaron haber sido marginados de la discusión y el secreto con que fue elaborado el documento, mientras Miguel Angel Albizúrez, de la Alianza contra la Impunidad, dijo a IPS que "este tema atañe a todo el país y no sólo a los militares".
En cambio, el ministro de Defensa, Marco Tulio Espinosa, opinó que el documento castrense es una suerte de "Biblia militar".
Para Arzú, "la doctrina perfila una fuerza armada al servicio de su pueblo, subordinada al poder constituído, respetuosa de los derechos humanos, concebida como una fuerza de carácter disuasivo basada en la capacitación y calificación de su recurso humano, integrada a operaciones de paz a escala internacional".
Guatemala vivió un prolongado conflicto armado interno que duró 36 años y causó más de 200.000 víctimas. La guerra terminó en diciembre de 1996 tras la firma de la paz entre representantes del gobierno y de los grupos insurgentes agrupados en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.
Uno de los acuerdos estipula que de ahora en adelante el Ejército deberá regirse por principios como el respeto a los derechos humanos y la Constitución, la defensa de la soberanía nacional y la integridad del territorio.
Arnault reconoció que la presentación de la doctrina cumple parte del pacto suscrito, pero sugirió que el texto precise con mayor exactitud el papel atribuido a las Fuerzas Armadas en el plano interno, y que estipule que la misión principal de los uniformados debe ser defender la soberanía nacional.
"Es necesario reglamentar mejor cuándo el ejército puede colaborar en la seguridad pública" y "hacer más transparentes los órganos de Inteligencia militar, indicó el responsable del dispositivo de Naciones Unidas.
La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), creada para examinar las violaciones a los derechos humanos en las últimas décadas, concluyó que 93 por ciento de esos actos fueron cometidos por soldados.
Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, que lleva el nombre de su hermana asesinada por militares en 1990, consideró que el Ejército no podrá cumplir con sus nuevos lineamientos si antes no acepta los errores cometidos y el informe de la CEH.
El Ministerio de Defensa dispuso la creación de un órgano específico dentro de las Fuerzas Armadas para analizar las críticas y sugerencias de los organismos humanitarios acerca de la nueva doctrina militar. (FIN/IPS/cz/dg/ip/99
