Las presiones estadounidenses contra el grupo hotelero español Sol Meliá por inversiones en Cuba gravitan sobre la isla cuando solo faltan 15 días para la IX Cumbre de jefes de Estado y gobierno de Iberoamérica, que probablemente reitere el rechazo a limitaciones al libre comercio.
El asunto cobró fuerza el fin de semana, tras conocerse que el Departamento de Estado de Estados Unidos insistió en pedir a la cadena hotelera "un acuerdo amistoso" con la familia de exiliados cubanos Sánchez, presunta propietaria de los terrenos en que se asienta uno de los 14 hoteles Meliá en la isla.
Sin embargo, portavoces allegados a Sol Meliá dijeron que a la firma no le consta que el hotel Río de Mares, en la provincia oriental de Holguín, se levante realmente sobre áreas expropiadas a los Sánchez, tras llegar al poder el gobierno de Fidel Castro.
Las fuentes reiteraron que el grupo empresarial suele ser meticuloso en el estudio previo de sus inversiones en Cuba, justamente en prevención de problemas con la Ley Helms-Burton, aprobada en 1996 para reforzar el embargo de cuatro décadas de Estados Unidos contra la isla.
La empresa tampoco admite que esté violando esa legislación y alega que los contratos que tiene con empresas cubanas son de gestión y administración, negocio que, lejos de abandonar, aspira a ampliar en los próximos meses.
En la actualidad, administra en territorio cubano 14 hoteles, que anualmente aportan al grupo entre siete y ocho por ciento de sus ingresos brutos totales.
Por otra parte, el pago de alguna indemnización a la familia Sánchez no sería aceptado por la Unión Europea (UE), que rechaza la Ley Helms-Burton y mantiene desde el año pasado un acuerdo sobre la aplicación de esa norma.
El convenio establece que Washington se abstendrá de sancionar a compañías europeas, a cambio de que empresarios de la UE eviten comprar propiedades estadounidenses confiscadas por el gobierno cubano.
La posible aplicación del artículo cuarto de la Ley Helms- Burton al grupo Sol Meliá, a cuyos directivos y sus familiares se les negaría visa de entrada a Estados Unidos, violaría el pacto de no agresión entre Washington y Bruselas.
La cadena española tiene intereses en 35 países, pero no en Estados Unidos, lo cual, al margen de otras consideraciones, resta fuerza a ese castigo.
Influyentes medios de prensa de España creen que los exiliados cubanos, que conforman el segundo grupo de presión en importancia en Washington detrás de la colectividad judía, son quienes incentivan las presiones del gobierno estadounidense en el caso Sol Meliá.
El Departamento de Estado negó haber enviado una carta a la empresa, como aseguraron algunos medios periodísticos, aunque reconoció que hubo sugerencias o propuestas de acuerdo, y no parece dispuesto a llevar el asunto hasta sus últimas consecuencias.
No obstante, el rebrote informativo sobre el asunto coincide con la proximidad de la IX Cumbre de jefes de Estado y gobierno de Iberoamérica, cuya realización en La Habana avivó el disgusto de sectores de la comunidad cubana exiliada en Estados Unidos contrarios al gobierno de Castro.
Mayor malestar aún causa el hecho de que esa cita, a realizarse los días 15 y 16, propiciará el primer viaje de reyes de España a Cuba en 500 años y el encuentro de los monarcas con la última y más querida posesión de la corona en América, hasta su independencia en 1898.
En evidente gesto de apoyo al consorcio Sol Meliá, el presidente del gobierno español José María Aznar y su delegación tendrían previsto alojarse durante la Cumbre en el Meliá Habana, donde probablemente también se albergará el embajador de Madrid en La Habana, Eduardo Junco.
Según un extenso reportaje del diario madrileño El País, el diplomático deberá ceder su residencia al rey Juan Carlos y a la reina Sofía, a quienes los anfitriones habían reservado la casa de protocolo número 1, la mejor de que dispone el Consejo de Estado para estadistas y dignatarios visitantes.
La misma fuente aseguró que la diplomacia española prefiere la residencia de Junco a esa casa, un palacete construido en 1929, ante la eventualidad de reclamaciones de algún descendiente de su antiguo dueño, el comerciante de tabaco de origen estadounidense Mark Pollack.
Sol Meliá también administra el exclusivo Club Habana, donde se prevé que el día 16 los mandatarios asistentes a la Cumbre hagan una pausa en sus trabajos para almorzar.
El Club Habana se llamó Havana Biltmore Yatch and Country Club hasta que fue expropiado a comienzos de la década de los 60 y se ha convertido en la actualidad en el principal centro de esparcimiento de diplomáticos y empresarios extranjeros.
La Cumbre debatirá sobre el tema "Iberoamérica y la situación financiera internacional en una economía globalizada".
La segunda versión del proyecto de declaración final de la reunión incluye el "rechazo de todas las medidas de carácter unilateral y con efecto extraterritorial, que son contrarias al Derecho Internacional y a las reglas del libre comercio comúnmente aceptadas".
"Concordamos en que este tipo de prácticas constituye una seria amenaza contra el multilateralismo", añade el texto, sobre cuyo contenido existe amplio consenso, señalaron los organizadores de la cita.
En el mismo párrafo, el proyecto de Declaración exhorta al gobierno de Estados Unidos poner fin "a la aplicación de la Ley Helms-Burton, de conformidad con las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas".
Penden además amenazas de castigo sobre la empresa alemana LTI y la compañía canadiense Air Transat, propietaria de Delta Hotels, cuyos establecimientos también estarían construidos en terrenos cuya propiedad hasta 1959 se adjudica la familia Sánchez (FIN/IPS/pg/dm/ip/9
