El texto de la declaración final de la Cumbre Iberoamericana aprobado hoy por las delegaciones no menciona directa ni indirectamente el caso del ex dictador chileno Augusto Pinochet, detenido en Londres con pedido de extradición pendiente desde España.
El canciller de Chile, Juan Gabriel Valdés, mostró su agrado por el texto de la declaración final aprobado por él y sus homólogos de los restantes 20 países, pues, dijo, se trata de un triunfo de su país en su conflicto con España.
Pero los párrafos a los que se refirió Valdés, que tratan sobre el derecho internacional y la aplicación de leyes nacionales en terceros países, se relacionan, en realidad, con normas como la estadounidense Ley Helms-Burton, que establece sanciones extraterritoriales a empresas que negocien con Cuba.
El texto de la declaración final fue aprobado este lunes, en la última reunión de cancilleres, y es muy improbable que esos párrafos sean modificados por los mandatarios.
El canciller de España, Abel Matutes, manifestó en la reunión con sus homólogos que no intervendría sobre ese tema, para favorecer el consenso.
La canciller de México, Rosario Green, expresó que los países reiteran "una vez más, enérgico rechazo a la aplicación unilateral y extraterritorial de leyes o medidas nacionales que infrinjan el derecho internacional e intenten imponerse sobre las leyes y ordenamientos de terceros países".
"Al reafirmar que la convivencia internacional exige el respeto a los principios del derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a la igualdad jurídica y a la soberanía nacional de los Estados, los países iberoamericanos renovamos solemnemente nuestro compromiso con dichos conceptos", reza el primer párrafo de la declaración final.
"Reiteramos una vez más nuestro enérgico rechazo a la aplicación unilateral y extraterritorial de leyes o medidas nacionales que infrinjan el Derecho Internacional e intenten imponerse en terceros países a sus propias leyes y ordenamientos", establece el segundo párrafo.
"En ese contexto, insistimos, con especial énfasis, en nuestra exhortación al gobierno de los Estados Unidos de América para que ponga fin a la aplicación de la Ley Helms-Burton, de conformidad con las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas", agrega la declaración.
Ya en la Cumbre de Madrid (1992) los mandatarios reafirmaron "solemnemente la primacía del Derecho en sus relaciones mutuas" e insistieron en "reiterar la necesidad de respetar absolutamente el pleno y exclusivo ejercicio por los Estados de la soberanía sobre sus territorios".
Y añadieron que "la Conferencia considera altamente preocupante cualquier decisión judicial que vaya en contra de los principios mencionados" y "rechaza todo tipo de interpretaciones que pretendan reconocer la posibilidad de la aplicación extraterritorial de las leyes de un país a otro".
En las siguientes Cumbres Iberoamericanas, las declaraciones finales de los mandatarios recogieron textos similares.
Al comparar el texto de la declaración final de La Habana con las de Cumbres anteriores, queda en evidencia que en esta ocasión no se ha incluido una nueva referencia a la extraterritorialidad de las leyes que pueda ser entendida como una concesión al gobierno chileno.
Los textos prácticamente no varían y siempre se refieren a la primacía del derecho internacional.
Fuentes españolas recordaron que el proceso iniciado contra Pinochet en Madrid y el juicio de extradición en Londres se ajustan al derecho internacional, pues la acusación se basa en el Convención Internacional contra las Torturas y Otros Tratos Degradantes.
Esa norma ha sido firmada y ratificada por Chile, España y Gran Bretaña, y los procesos contra Pinochet, por lo tanto, no constituyen acciones jurídicas unilaterales de un estado entrometiéndose en los asuntos internos de otro.
La interpretación del texto aprobado este lunes por los cancilleres, que, con seguridad, será ratificado sin modificaciones este martes por los mandatarios, se inclina más a rechazar la Ley Helms-Burton, que Estados Unidos pretende aplicar unilateralmente a empresas de otros países.
Así se desprende del propio texto, que en su tercer párrafo ubica "en ese contexto", e "insistiendo con especial énfasis", la exhortación al gobierno de Estados Unidos para que ponga fin a la aplicación de esa ley. (FIN/IPS/td/mj/ip hd/99
