Once reclusos murieron y 20 resultaron heridos en un combate entre cuatro bandas de delincuentes en la prisión de la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras.
El violento episodio comenzó cuando a las 19:40 hora local del viernes (01.40 GMT de este sábado) un preso cortó la energía eléctrica del sector de la cárcel donde se hallaban los miembros de 'Mara Salvatrucha', una de las pandillas más numerosas de San Pedro Sula, el principal centro industrial y comercial del país.
Los pandilleros de Mara Salvatrucha se enfrentaron de inmediato con los integrantes de otras tres bandas con cuchillos y otros objetos punzantes.
En minutos el presidio se convirtió en escenario de una batalla campal, ya que de los 1.910 reclusos, 800 pertencen a las cuatro pandillas involucradas.
Tal fue la saña con que se atacaron los pandilleros que algunos cadáveres quedaron mutilados y con las vísceras al descubierto, según relataron periodistas que ingresaron al lugar junto a la Cruz Roja.
La razón del combate fue la vieja disputa por el control de territorios, que los miembros de las bandas llevaron al interior del centro de reclusión, señalaron presidiarios que no participaron en los hechos.
Un contingente de la policía antimotines llegó a la cárcel 30 minutos después de iniciado en enfrentamiento y logró controlar la situación, tras separar a los contrincantes y decomisar gran cantidad de cuchillos, palos y otros objetos.
El jefe del Centro Penal Sanpedrano, Mario Leonel Zepeda, declaró que, a pesar de la estrecha vigilancia de los guardias, los reclusos logran armarse con varillas de hierro y piezas de las camas, que convierten en objetos mortales.
Zepeda admitió que las disputas entre las pandillas y el hacimiento en el viejo edificio carcelario fueron las causas de la "reyerta salvaje" del viernes.
En 1997, el entonces ministro de Gobernación (Interior), Efraín Moncada Silva advirtió la deplorable situación de los 24 centros penitenciarios y granjas penales del país, insuficientes para albergar a unos 10.000 reclusos, la mayoría de ellos sin condena.
Al año siguiente se produjeron motines en seis cárceles. Los reclusos incendiaron la cárcel de la occidental ciudad de Santa Bárbara y se fugaron, aunque la mayoría fueron luego capturados por el ejército y la policía.
A iniciativa de Moncada Silva, 1.000 detenidos por delitos menores que aún no habían recibido condena fueron puestos en libertad.
Pero expertos en la materia insisten que las medidas adoptadas son insuficientes para favorecer la rehabilitación de los reclusos, ya que los centros penales son "escuelas del crimen".
Mientras, la supresión del servicio militar obligatorio y la crisis económica contribuyeron a la proliferación de las "maras" o pandillas juveniles.
Sólo en Tegucigalpa se cuentan 250 pandillas juveniles, que agrupan a unos 10.000 jóvenes. Una cantidad similar existe en San Pedro Sula, según investigaciones privadas.
Jorge Norales, promotor del Programa "Amigos sin violencia", dedicado al rescate de jóvenes de las maras, señaló que el gobierno carece de planes para enfrentar el problema de las pandillas.
Las autoridades sólo aplican medidas represivas y estigmatizan a los miembros de esos grupos, dijo Norales.
Sólo algunas maras cometen actos delictivos, pero la policía y organizaciones sociales aplican el calificativo de delincuentes a todos sus integrantes, agregó. (FIN/IPS/jrd/ff/ip/99
