El público de Estados Unidos acepta la globalización, pero quiere que los tratados comerciales incluyan más protección a los trabajadores y al ambiente, reveló una encuesta pocos días antes de la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en este país.
La gran mayoría del público cree que los responsables de la política comercial en la OMC y en Estados Unidos prestan mucha atención a los intereses de los empresarios y poca a los de otros sectores, según la encuesta del Programa de Actitudes Hacia las Políticas Internacionales (PIPA), de la Universidad de Maryland.
La encuesta, divulgada el martes, es el primer estudio integral sobre las actitudes del público hacia el comercio y la globalización.
Más de 85 por ciento de los 2.000 encuestados cree que las compañías estadounidenses deberían cumplir con las leyes laborales y ambientales de este país, incluso cuando operan en el extranjero.
Además, 92,5 por ciento de los encuestados estuvieron de acuerdo con la frase "los países que son parte de acuerdos de comercio internacionales deberían mantener estándares mínimos de condiciones de trabajo", incluso el derecho de sindicalización.
La encuesta, realizada el mes pasado, incluyó 150 preguntas sobre las actitudes de los encuestados hacia la globalización, el comercio y las instituciones internacionales.
Los resultados sugieren que el presidente Bill Clinton podría dar voz a las preocupaciones de la mayoría del público cuando inaugure la reunión de la OMC en Seattle, que se realizará del 30 de noviembre al 3 de diciembre.
Eso fue lo que hizo en junio en la Organización Internacional del Trabajo, cuando habló sobre la necesidad de que la OMC "abra sus puertas a las preocupaciones de los trabajadores y el ambiente". Sin embargo, sus palabras no tuvieron muchas consecuencias.
Debido a la mayor desconfianza de los países en desarrollo acerca de sus motivos, Washington abandonó sus esfuerzos previos para imponer mínimas condiciones laborales y ambientales a los miembros de la OMC. En su lugar, propone "grupos de trabajo" para estudiar esos temas.
Los sindicatos y los grupos ambientales se decepcionaron porque Clinton no presionó en materia laboral y ambiental en las últimas leyes comerciales estadounidenses ni en el acuerdo con China sobre las condiciones para su ingreso a la OMC.
Se prevé que esos grupos harán sentir su presencia durante la conferencia de la OMC en Seattle, que lanzará una nueva ronda de negociaciones comerciales mundiales para reducir las barreras al comercio internacional en varios sectores claves.
Unos 50.000 manifestantes, muchos de ellos veteranos en campañas de desobediencia civil, amenazaron con viajar a la ciudad portuaria del estado de Washington.
"Sin duda sus manifestaciones crearán vívidas imágenes, que podrían ser interpretadas como una señal de que el público estadounidense se resiste al comercio y al proceso general de la globalización. Pero esta puede ser una interpretación incorrecta", dijo Steven Kull, director de PIPA.
"La mayoría de los estadounidenses quieren que el tren del comercio internacional avance, pero también quieren que los trabajadores estadounidenses, los que son explotados en el extranjero y el ambiente tengan un lugar en ese tren, aunque eso signifique reducir la velocidad", señaló.
En general, según la encuesta, la gran mayoría del público apoya el crecimiento del comercio internacional, pero considera que los beneficios que da apenas superan los costos para la mayoría de los sectores de la sociedad, excepto para los empresarios.
Cincuenta y seis por ciento afirmaron que pensaban que el crecimiento del comercio internacional "aumentó la brecha entre ricos y pobres en el país".
Una mayoría similar estuvo de acuerdo en que "aunque los empleos que surgen del comercio más libre pagan salarios más altos, en general no compensa que las personas pierdan sus empleos".
La encuesta reveló que el público está a favor de que se destinen más fondos para la capacitación y educación de los trabajadores para mitigar esos efectos.
En el supuesto caso de que los programas sean financiados, el porcentaje de personas que apoyan la mayor liberalización del comercio aumenta a 84 por ciento de los encuestados.
Según la encuesta, a pesar del fuerte apoyo a la expansión del libre comercio, el público no está dispuesto a sacrificar otros valores e intereses.
Amplias mayorías apoyaron las sanciones comerciales contra países que violen los derechos humanos, apoyen el terrorismo y prueben o construyan armas de destrucción masiva.
También favorecieron las leyes estadounidenses, atacadas o consideradas ilegales por la OMC, que restringen la importación de atún de México porque sus métodos de pesca matan a los delfines y la importación de camarones del sur de Asia porque sus métodos de pesca matan a tortugas.
A su vez, el público se mostró receptivo respecto de la idea de aplicar sanciones contra productos estadounidenses por varios motivos.
Cuatro de cada cinco encuestados dijeron que era legítimo que otros países restringieran la importación de productos estadounidenses modificados genéticamente y 58 por ciento comprendieron el rechazo de Europa de la carne estadounidense de ganado tratado con hormonas.
Dos de cada tres encuestados también apoyan darle preferencia comercial a los países más pobres del mundo, incluso con el riesgo de perder empleos estadounidenses.
Más de dos tercios estuvieron de acuerdo con que "Estados Unidos tiene la responsabilidad moral de ayudar a las naciones pobres a desarrollarse económicamente".
Kull dijo que el público también ve la globalización como un proceso de difusión de valores así como de expansión del comercio.
La frase "a medida que nos involucramos más económicamente con otro país…, deberíamos preocuparnos más por los derechos humanos en ese país", fue aprobada por tres de cada cuatro encuestados.
"Si hay personas en otros países que fabrican productos que nosotros utilizamos, esto crea la obligación moral de que nos esforcemos por asegurar que no tengan que trabajar en condiciones arduas o inseguras", recibió el mismo grado de aprobación.
Un porcentaje aun mayor afirmó que pagaría por lo menos 20 por ciento más sobre el precio de un producto si se certifica que no fue producido en una fábrica donde explotan a los trabajadores.
Cuatro de cada cinco encuestados dijeron que estaría mal que las compañías estadounidenses, tanto en Estados Unidos como en el exterior, obligaran a trabajar en condiciones inseguras.
"Podríamos decir que esta es una nueva clase de 'regla de oro' para la globalización: no hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti", dijo Kull. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/at/aq/lb-if/99
