La defensa de los bosques húmedos del sur de Chile es una de las banderas internacionales de lucha de los ecologistas contra la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que comenzará a fines de mes en Seattle, Estados Unidos.
El Día Mundial contra la OMC, celebrado por ambientalistas en más de 135 países el día 4, incluyó manifestaciones de rechazo al proyecto forestal Cascada-Chile, que explotará en gran escala bosques nativos a unos 1.000 kilómetros al sur de Santiago.
Para el movimiento ecologista internacional, ese proyecto simboliza la destrucción ambiental a que se podría llegar si en la cita de Seattle se fortalece la tendencia mundial a liberalizar y desregular el comercio y las inversiones.
La Conferencia Ministerial de la OMC en Seattle se desarrollará desde el 29 de noviembre al 3 de diciembre, y es probable que en ella se lancen las negociaciones comerciales multilaterales de la llamada Ronda del Milenio.
Estas negociaciones apuntarían a que los 135 países miembros de la OMC suscriban nuevas normas para la liberalización del comercio mundial, en consonancia con los criterios que dieron nacimianto a la organización el 1 de enero de 1995.
Esta perspectiva es resistida por organizaciones sindicales, sociales, de consumidores y ambientalistas, las cuales consideran que en estos acuerdos predominan los intereses de las transnacionales por sobre los derechos de los ciudadanos.
Los ambientalistas sostienen que la OMC pretende desregular el comercio de productos agrícolas y de servicios, y la apertura de los recursos naturales de los países en desarrollo para uso intensivo de las grandes corporaciones forestales, mineras y pesqueras de los países industrializados.
Uno de los líderes de la oposición a Cascada-Chile es Mauricio Fierro, quien preside el colectivo ecologista Geo-Austral, con base en Puerto Montt, 1.044 kilómetros al sur de Santiago.
"Desde el punto de vista ambiental, esta liberalización y desregulación (en la OMC) provocará que las mayores y más destructivas corporaciones madereras tengan libre acceso a las grandes extensiones de bosques naturales", dijo Fierro.
En el caso de Chile, según Fierro, aumentará el proceso de devastación de los bosques nativos del sur, lo cual implicará "destrucción de las economías locales y de la cultura de las etnias australes".
El proyecto Cascada-Chile, a cargo de una sociedad de la transnacional estadounidense Boise Cascade y la empresa Maderas Cóndor S.A. de capitales locales, prevé el montaje de una planta de astillas y paneles en Ilque, a 20 kilómetros de Puerto Montt.
Esta planta tendrá capacidad para procesar cada año cerca de un millón de metros cúbicos de madera de bosques nativos, lo cual supera el total de explotaciones forestales actuales en la región, según los detractores del proyecto.
El proyecto, que se comenzó a gestar en mayo de 1997, estuvo paralizado por una serie de recursos judiciales, pero finalmente la Corte Suprema de Justicia autorizó su realización.
También obtuvo la aprobación de la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema), la cual obtuvo mediante tráfico de influencias, según denuncias de ecologistas, parlamentarios y empresarios contrarios a esta explotación.
La inversión del proyecto es de 180 millones de dólares, y según la empresa creará 200 empleos directos y 1.500 indirectos, además de dar trabajo a 700 personas en la fase de construcción de la planta, que operará con una "tecnología limpia", según sus ejecutivos.
Ilque es una pequeña bahía sobre el Pacífico que cuenta con 700 habitantes, pescadores artesanales, pequeños agricultores y trabajadores de una empresa salmonera y de un centro menor de cultivo de choritos (moluscos).
Los pescadores y empresarios de la salmonera y el centro de cultivo de moluscos están en contra de Cascada-Chile, porque a su juicio contaminará y destruirá una de las bahías más limpias del área de Puerto Montt.
La organización ambientalista internacional Greenpeace consideró que Cascada Chile "representa un serio riesgo para el bosque nativo y la biodiversidad asociada", y su aprobación revela "un vacío legal sobre la calificación de los proyectos que usan bosques nativos como insumos".
En efecto, en Chile está pendiente desde el gobierno de Patricio Aylwin (1990-94) la aprobación de la Ley del Bosque Nativo, empantanada en el parlamento debido a la presión de las empresas forestales, según denuncian los ecologistas.
En el día contra la OMC, grupos ecologistas manifestaron pacíficamente ante sedes de Boise Cascade en diferentes países, instando a la transnacional a que abandone las explotaciones de bosques y desista del proyecto en Chile.
Fierro hizo un llamado para que los chilenos continúen adelante con esta campaña a través de una defensa activa de los bosques y demanden al gobierno del presidente Eduardo Frei que "detenga la destrucción de los recursos naturales". (FIN/IPS/ggr/ag/en-if/99
