Los indígenas de Venezuela que se oponen a la conexión eléctrica con Brasil llegaron hasta la Asamblea Constituyente con la esperanza de ver resuelta una de sus demandas fundamentales: el derecho al territorio.
"Es una cuestión de supervivencia para el futuro", aseguró este viernes a IPS el portavoz de la Federación Indígena del Estado Bolívar, Jerrick Andre, quien dijo que los dirigentes de su organización también quieren hablar sobre el tema con el presidente, cara a cara.
"Estamos esperando la visita del presidente Hugo Chávez, y queremos que mientras tanto se paralicen totalmente los trabajos", añadió Andre.
El tendido eléctrico parte desde la represa venezolana de Guri y comprende la construcción de numerosas torres de más de 40 metros de altura a través de 500 kilómetros, en una región de gran fragilidad ambiental, hasta llegar a la ciudad de Boa Vista, en el norte de Brasil.
Indígenas de los grupos akawaio, arawako, pemón y kariña han advertido que la realización del proyecto provocará deterioro ambiental, cultural, social y económico en la región por la que pasa el tendido, conocida como la Gran Sabana.
Representantes de los indígenas de la Gran Sabana, en el sureste de Venezuela, mantienen una vigilancia permanente ante el debate de los constituyentes venezolanos, quienes redactan la nueva Constitución que regirá este país desde el 2000.
Los 131 miembros de la Asamblea Constituyente, de los cuales seis son indígenas, discuten desde el lunes un borrador de la nueva carta fundamental, que incluirá por primera vez un capítulo dedicado a los derechos de las etnias originarias.
Existe consenso sobre la necesidad de defender los derechos indígenas, que no están contemplados en la Constitución vigente desde 1961, pero aún no está clara la definición de las reivindicaciones territoriales.
"Si va el tendido, debería haber un reconocimiento de la tierra indígena", comentó Andre en conversación telefónica desde Ciudad Bolívar, 600 kilómetros al sureste de la capital.
El reconocimiento del territorio daría a las comunidades de la zona "el derecho a la información, a la consulta, al consentimiento de nuestra parte a que se hagan obras", ha señalado la constituyente indígena Noheli Pocaterra.
Otro miembro indígena de la Asamblea, José Luis González, comentó a la prensa que el tendido eléctrico hacia Brasil fue hecho sin consultar a las comunidades, que bajo la legislación vigente "no cuentan con seguridad jurídica".
Los indígenas han denunciado que la construcción de torres afectará su ambiente y promoverá proyectos de explotación de recursos naturales que podrían tener un efecto devastador sobre la Gran Sabana.
"Van a desplazar poco a poco a los habitantes de la zona", dijo Andre.
El tendido eléctrico hacia Brasil fue decidido hace dos años y ha provocado numerosas protestas por arte de ambientalistas e indígenas.
Las últimas acciones se produjeron a comienzos de mes, cuando algunas comunidades pemonas derribaron torres y secuestraron camiones de la empresa eléctrica estatal Edelca, responsable de la construcción.
Las autoridades del gobierno de Chávez, quien asumió el poder en febrero, han asegurado que el proyecto fue redefinido para conjurar problemas ambientales y sociales.
"Hemos hecho un esfuerzo de acercamiento a las comunidades", aseguró Clemente Scotto, presidente de la estatal Corporación Venezolana de Guayana, encargada de promover el desarrollo en el sureste del país.
Sin embargo, organizaciones indígenas niegan que exista consentimiento para el proyecto que, de acuerdo con el cronograma anunciado por Scotto el mes pasado, contempla la llegada del tendido a la brasileña Boa Vista para el 1 de mayo. (FIN/IPS/lc/ff/pr en/99
