El rechazo de varios sindicatos a la inversión externa y la reestatización de algunas empresas, además de la corrupción y la violencia, conspiran para ahuyentar de Rusia a los inversionistas extranjeros.
Cerca de la mitad de los rusos no desean inversión extranjera en el área donde viven, aparentemente porque su resentimiento contra la influencia occidental supera al deseo de salir de la pobreza, según una encuesta del Fondo de Opinión Pública, una organización independiente.
En una medida sin precedentes, trabajadores de una fábrica de papel y celulosa en el noroeste de este país se rebelaron contra los propietarios extranjeros y se enfrentaron a tiros con la policía el día 14.
Alguaciles judiciales respaldados por 30 agentes de seguridad de la fuerza especial "Tifón" -con máscaras negras y uniformes de camuflaje- llegaron el jueves pasado a la fábrica de Vyborg para tomar el control en representación de su propietario extranjero, Alcem UK.
Los huelguistas opusieron una feroz resistencia y se produjo entonces un enfrentamiento a tiros, en el que tres trabajadores resultaron heridos y ocho personas fueron tomadas de rehenes.
Las autoridades locales debieron enviar 300 policías a la fábrica para poner fin al enfrentamiento.
Finalmente, el ministerio de Justicia ordenó el retiro de las fuerzas, pero presentó cargos penales contra los huelguistas.
La fábrica de papel de Vyborg constituye la única fuente de empleo de Sovietskaya, un municipio de 7.000 habitantes situado unos 150 kilómetros al noroeste de San Petersburgo, cerca de la frontera con Finlandia.
En febrero de 1998, los obreros ya habían ocupado la fábrica en protesta por despidos y salarios impagos, y en julio de este año bloquearon la principal ruta utilizada por los importadores de Europa del norte hacia Rusia, en protesta por una privatización supuestamente ilegal.
Esta especie de reacción xenofóbica no se limita sólo a Sovietskaya, sino que se registra en toda Rusia, como lo comprobó el estudio del Fondo de Opinión Pública.
Desde que comenzaron las reformas de mercado hace ocho años, mediante liquidaciones y remates de empresas públicas, el gobierno transfirió cerca de tres cuartos de la economía, antes controlada exclusivamente por el Estado, a manos privadas.
Los críticos señalan que la privatización no fue un negocio equitativo para todos los rusos, como se decía, porque gran parte de los bienes del Estado terminaron en manos de "amigos" de altos funcionarios o de antiguos líderes soviéticos.
Por eso, el presidente del Fondo de Propiedad Federal, Igor Shuvalov, anunció la revisión de "los acuerdos de privatización previos a 1997, y cuando los nuevos propietarios no hayan cumplido sus obligaciones, la privatización podrá ser anulada".
El ex ministro de Finanzas Anatoly Chubais, conocido como el arquitecto de las privatizaciones rusas, es criticado por haber vendido los bienes de los rusos por poco dinero a unos pocos afortunados.
Así, el proceso de privatizaciones es considerado ahora como un gran fracaso económico y una fuente de corrupción, y por eso ahora se habla menos de protección de los inversionistas y más de posibles reestatizaciones.
"Rusia precisa elaborar y aprobar una ley sobre nacionalización, para evitar casos como el de la fábrica de Lomonosov, o de lo contrario cualquier sentencia judicial sobre reprivatización será una decisión política", advirtió el representante parlamentario Alexander Shokhin.
El día 11, un tribunal de arbitraje de San Petersburgo declaró inválida la privatización original de la fábrica de porcelana de Lomonosov debido a irregularidades originadas en 1993.
El Fondo de Inversión Rusia-Estados Unidos (Tusrif), respaldado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, compró 20 por ciento de las acciones de la fábrica en septiembre de 1998.
El proceso judicial enfrentó al Ministerio de Propiedad Estatal, que pretendía recuperar la fábrica para el Estado, con la compañía, pero los accionistas extranjeros no fueron considerados parte, para su decepción.
Ejecutivos de Tusrif arguyeron que la sentencia judicial sienta un precedente de nacionalización para expulsar a los inversores extranjeros.
Luego de éste y otros escándalos, Dimitry Vasiliyev, jefe de la Comisión Federal de Valores, renunció el día 15.
Vasiliyev había prometido promover una mayor protección de los inversionistas extranjeros y la aplicación de los derechos de los accionistas.
Los críticos apuntan también a la impredecibilidad del sistema jurídico nacional.
Cualquiera de los 1.500 tribunales de distrito de Rusia puede bloquear las actividades de una empresa privada, arguyó Kaja Bendukidze, un magnate que controla Uralmash, una de las mayores fábricas del país.
Además, debido a vacíos legales, es posible que funcionarios de registro se nieguen a publicar actas de empresas, aun cuando lo ordene un tribunal, agregó.
Rusia es ahora uno de los peores destinos para los inversores, junto con Pakistán y Argelia, debido a la corrupción, la violencia criminal y las trabas burocráticas, según Merchant International Group, una firma calificadora de riesgo con sede en Londres.
Mientras, la producción industrial del país cayó debido a la mala administración. Rusia produce actualmente la mitad de lo que producía antes del colapso de la Unión Soviética, en 1991. (FIN/IPS/tra-en/sb/ak/mlm/dv-if/99
