La segunda fase de la mesa de diálogo cívico-militar sobre derechos humanos comenzará este martes en Chile con expectativas acerca del hallazgo de restos de desaparecidos y también dudas a propósito de la continuidad de las conversaciones.
El diario El Mercurio señaló este lunes, citando fuentes cercanas al Ministerio de Defensa, que los representantes de las Fuerzas Armadas podrían "ayudar" a localizar los cadáveres de unos 400 a 500 detenidos- desaparecidos.
Estos hallazgos contribuirían a establecer la verdad sobre las violaciones de derechos humanos bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), pero dejarían tal vez pendiente el otro tema crucial para la reconciliación, el de la justicia.
Las demandas de justicia, sumadas a la incertidumbre en torno de la posible extradición a España de Pinochet, arrestado en Londres hace casi un año, constituyen factores de duda para el futuro de la llamada "mesa humanitaria".
El diálogo fue instalado el 31 de agosto por iniciativa del ministro de Defensa, Edmundo Pérez, quien logró sentar en una misma mesa a militares, abogados de derechos humanos, líderes religiosos y personalidades culturales y académicas.
La agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD) se negó a sumarse a la iniciativa, luego de que las Fuerzas Armadas y la policía de Carabineros insistieran en que carecían de informes para ubicar restos de víctimas de la represión.
La AFDD sostuvo que la mesa era parte de una operación para traer de regreso a Pinochet, evitando que se le extradite de Gran Bretaña a España, donde el juez Baltasar Garzón enjuicia al ex dictador por crímenes contra la humanidad.
Algunos abogados de derechos humanos declinaron igualmente sumarse a la mesa porque los jefes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la policía de Carabineros se negaron a participar personalmente y designaron representantes.
En el régimen militar hubo unos 2.500 crímenes represivos, con 1.198 casos de detenidos-desaparecidos, según establecieron la Comisión de Verdad y Reconciliación y su continuadora, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.
Cuatro militares figuran entre los 20 miembros de la mesa, que hicieron sendas exposiciones durante septiembre, según el método de trabajo acordado con el ministro de Defensa y sus asesores.
Concluída esa primera etapa, Pérez destaca como logros el hecho de haber puesto a dialogar a sectores irreconciliables hasta hace pocos meses, como las Fuerzas Armadas y abogados querellantes en juicios por crímenes represivos.
El titular de Defensa rescató igualmente que con su presencia y sus intervenciones, los representantes militares convalidaron el Informe Rettig, como se conoce al documento que en 1991 emitió la Comisión de Verdad y Reconciliación.
El Ejército, comandado entonces por Pinochet, y las otras ramas castrenses, calificaron el Informe Retting de parcial y desvinculado de la crisis política, económica e institucional que las "obligó" a dar el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Pérez propondrá este martes que la segunda fase del diálogo se concentre en el tema de la verdad, para lo cual sugerirá, según El Mercurio, dos vías, la primera de las cuales será aclarar el destino de los desaparecidos.
La segunda vía sería precisar el contexto histórico en que se produjeron, primero, el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende en 1973 y luego las masivas violaciones de derechos humanos.
Este plan de trabajo dejaría pendiente el aspecto de la justicia que, según los abogados participantes en el diálogo, es un tema irrenunciable, puesto en el mismo nivel que la determinación de la verdad acerca de los desaparecidos.
Los juristas advirtieron igualmente cuando se instaló la mesa que ésta no debía sustituir en ningún caso la labor del Poder Judicial, que en los últimos meses avanzó sustantivamente en procesos por crímenes represivos.
En la AFDD y en otras agrupaciones de víctimas de la represión se teme que el diálogo abra paso a un acuerdo político que ratifique la ley de amnistía de 1978 y posibilite un "punto final" a unos 100 juicios en curso.
La detención hace tres semanas del general retirado Humberto Gordon, ex jefe de la policía secreta dictatorial, hizo que recrudecieran presiones de militares en retiro contra los nuevos criterios que aplican los tribunales.
Las posiciones contrapuestas en torno de la sanción de los violadores de derechos humanos puede constituir una valla insalvable para la mesa de diálogo, aún cuando se progrese en cuanto a la búsqueda de la verdad en esta segunda etapa.
La otra duda que pende sobre esta iniciativa proviene de Londres, donde el juez Ronald Bartle, del tribunal de Bow Street, determinará el próximo viernes si es posible la extradición de Pinochet a España.
El magistrado podría dar curso al pedido español, ante lo cual cabría la posibilidad de que el ministro del Interior británico, Jack Straw, disponga la liberación del ex dictador y senador vitalicio de 83 años, atendiendo a su deteriorada salud.
El canciller chileno Juan Gabriel Valdés dijo este domingo en una entrevista que si no se autoriza el regreso de Pinochet por razones humanitarias y el ex gobernante fallece fuera del país se va a "paralizar cualquier proceso de diálogo efectivo con las Fuerzas Armadas". (FIN/IPS/ggr/ff/hd ip/99
