El otorgamiento de asilo político en Estados Unidos a la periodista Alejandra Matus ratificó que en Chile, casi 10 años después de la recuperación de la democracia, persisten graves limitaciones a la libertad de expresión.
El gobierno de Eduardo Frei lamentó el asilo de Matus, una joven periodista que debió salir del país en abril, luego de que un juez ordenara su arresto por supuestas injurias a Servando Jordán, ex presidente de la Corte Suprema.
El Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos otorgó este jueves asilo por un año, prorrogable, a la periodista, considerando que en Chile es objeto de una persecución judicial que viola sus derechos fundamentales.
Matus lanzó hace seis meses "El libro negro de la justicia chilena", una extensa investigación periodística que revela casos de corrupción, cohecho, tráfico de influencias y otros escándalos e irregularidades en los tribunales.
La obra es también una documentada denuncia del sometimiento del Poder Judicial a la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), que se tradujo sobre todo en el rechazo de recursos de amparo en favor de detenidos que ahora integran la lista de casi 1.200 desaparecidos.
Los chilenos están legalmante impedidos de leer este libro, ya que el juez Rafael Huerta ordenó su incautación el mismo día en que salía a la venta, acogiendo con desusada celeridad una demanda planteada por Jordán.
El ex presidente de la Corte Suprema se apoyó en un artículo de la Ley de Seguridad del Estado para calificar de injurias los antacedentes que Matus reveló sobre su alcoholismo y sus actuaciones en algunos procesos judiciales.
El artículo 6-B de esa ley asimila las supuestas injurias a altos miembros de los poderes del Estado y jefes militares con el delito de sedición, posibilitando así la persecución de los supuestos culpables.
En ese mismo sentido, la ley autoriza a los jueces para decretar la requisa de los "instrumentos" de la injuria, en este caso el libro de la periodista.
Matus fue advertida a tiempo de su inminente detención en abril y viajó a Buenos Aires para luego retornar a Miami, Estados Unidos, donde se encontraba desde 1997, becada por una institución académica.
El juez Huerta ordenó también el arresto de los dos principales ejecutivos de la filial chilena de la editorial Planeta, Bartolo Ortiz y Carlos Orellana, que recuperaron la libertad luego de tres días de detención.
Tal como ocurrió en 1992 con el libro "Impunidad Diplomática", del periodista Francisco Martorell, incautado también por orden judicial, "El libro negro de la justicia chilena" se ha convertido en un éxito editorial clandestino.
Se han hecho miles de fotocopias del texto y en las calles céntricas de Santiago se ofrecen discretamente a los transeúntes ejemplares de la obra en ediciones "piratas" que son una copia fiel de la versión original.
La directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Faride Zerán, dijo este viernes que el asilo de Matus constituye una "vergüenza" para las autoridades y muestra la persistencia de atropellos a la libertad de expresión en Chile.
El ministro de la Secretaría General de Gobierno y portavoz del presidente Frei, Carlos Mladinic, calificó de "tremendamente injusta" la situación que afecta a la periodista asilada ahora en los Estados Unidos.
La causa judicial contra Matus se basa en disposiciones legales "que no hemos podido derogar", lo cual "no habla muy bien de nuestro sistema y que, sin duda, son bastante vergonzosas", apuntó Mladinic.
En declaraciones desde Miami a la televisión estatal chilena, la profesional señaló que se le concedió el asilo porque el proceso en su contra es "injusto e ilegítimo". "No dudaría en volver a escribir un libro así", agregó.
El pedido de asilo de la periodista chilena fue tramitado en Estados Unidos por la organización Americas Right Watch, que en 1998 emitió un crítico informe en que calificó a Chile como el país con menos libertad de expresión en América Latina.
Como posible saldo positivo de este episodio, se espera que en las próximas semanas se apruebe en el Parlamento una reforma a la Ley de Seguridad del Estado que elimina el controvertido artículo 6-B. (FIN/IPS/ggr/mj/hd/99
