Comunidades indígenas de Canadá están trabadas en una violenta disputa con la industria pesquera no nativa por el derecho a la pesca en la costa atlántica de este país.
La disputa se originó en una decisión de la Corte Suprema, según la cual un tratado de 1760 entre dos grupos nativos y el gobierno británico otorgó a las comunidades indígenas el derecho a realizar pesca "de subsistencia" todo el año.
Tras la sentencia de la Corte, en septiembre, grupos nativos pusieron miles de trampas para langostas, que ahora están en su temporada de reproducción, y se produjeron peleas a golpes de puño con pescadores no indígenas, así como incendios premeditados.
El centro de la violencia fue la reserva mi'kmaq de Burnt Church, New Brunswick, donde un centro religioso nativo fue quemado. Así mismo, una casa y varios autos de personas no indígenas fueron incendiados y, esta semana, tres jóvenes mi'kmaq fueron golpeados con bates de béisbol.
El pasado fin de semana, cientos de pescadores no nativos soltaron unas 3.500 trampas pertenencientes a pescadores mi'kmaq de la reserva Burnt Church y destruyeron tres plantas que supuestamente procesaban langostas capturadas fuera de estación.
"Pacificadores" nativos de todo el este de Canadá llegaron hasta la comunidad mi'kmaq para proteger los equipos y otras propiedades.
La decisión de la Corte Suprema enojó a la industria pesquera canadiense, la cual arguyó que la pesca no regulada y la captura de langostas fuera de temporada por grupos indígenas es injusta para los otros y perjudicial para los bancos de pesca.
El ministro de Pesca, Herb Dhaliwal, advirtió que el gobierno podría prohibir la pesca de los nativos si sus líderes no respetan las normas sobre conservación.
"Si no podemos llegar a una solución aceptable mediante el diálogo y la cooperación, yo, como ministro de Pesca y Océanos, actuaré bajo mi propia responsabilidad y autoridad para proteger los recursos", declaró Dhaliwal.
"La pesca será regulada o no existirá", agregó el ministro.
Dhaliwal pretende que los líderes indígenas acepten una temporada de pesca y límites de captura, pero la mayoría de éstos rechazaron cualquier acuerdo con el gobierno. Esta semana continuaban las reuniones entre el ministro y líderes nativos, sin resultados hasta ahora.
En Ottawa, el primer ministro Jean Chrétien declaró a la prensa que su gobierno podría solicitar a la Corte Suprema que postergue la aplicación de la sentencia, pero reconoció el derecho de los indígenas a la pesca comercial.
"Los abogados estudian la posibilidad de pedir a la Corte que demore la aplicación de la sentencia algún tiempo", informó Chrétien.
Mientras, los líderes mi'kmaq exhortaron a su pueblo a continuar pescando y condenaron las amenazas veladas de Ottawa.
"Mi pueblo fue herido, su propiedad fue dañada, y ahora el primer ministro quiere suspender la sentencia", se quejó Vernon Mitchell, consejero de la Primera Nación de Burnt Church.
"Los miembros de mi comunidad continuarán pescando sin importar lo que el primer ministro diga", amenazó.
Pero no todos los jefes indígenas están dispuestos a arriesgarse tanto. Bernd Christmas, negociador de la Asamblea de Jefes Mi'kmaq de Nueva Escocia, dijo que los líderes nativos diseminados en la región reconsiderarían su resolución de continuar pescando, adoptada a fines de septiembre.
Mientras, Alexa McDunnough, líder del opositor Nuevo Partido Democrático, urgió al gobierno a compensar a los mi'kmaq por los equipos y la captura que perdieron.
"Tienen el derecho legal a pescar, y no deberían ser intimidados", dijo.
Por otra parte, Ken Clark, concejal municipal de Miramichi, New Brunswick, admitió que ayudó a planificar la destrucción de equipos indígenas cuando el gobierno federal se negó a impedir que los nativos capturaran langostas en el período de reproducción.
Los nativos "no tienen ningún interés en la conservación. Es sólo una cuestión de ambición económica", afirmó Clark. (FIN/IPS/tra-en/mb/mk/mlm/en/99
