SAN JOSE – Más de 60 condenados a muerte en Estados Unidos, la mayoría latinoamericanos, hallarán apoyo en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exige para ellos asistencia consular.
La CIDH dictaminó el sábado que todo acusado por cualquier delito en un país que no sea el suyo tiene derecho desde el momento de su detención a la asistencia de las autoridades consulares de su nación de origen.
El pronunciamiento fue difundido al finalizar el tercer periodo anual de la CIDH, un tribunal autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) radicado en Costa Rica, que había comenzado el 16 de septiembre.
Los siete jueces de la CIDH se pronunciaron sobre los derechos que asisten a los inmigrantes condenados a la pena de muerte o sospechosos de cualquier delito, un caso que enfrenta a América Latina con Estados Unidos.
Dos inmigrantes mexicanos fueron ejecutados en Estados Unidos en 1997, y sus casos ilustraron tanto la importancia decisiva de la asistencia consular como la omisión de las autoridades estadounidenses en esta materia.
El 18 de junio de 1997 fue ejecutado en Texas Irineo Tristán Montoya, sentenciado en 1986 e interrogado sin representantes de su embajada presentes. Firmó una confesión escrita en inglés, idioma que era incapaz de leer, hablar o entender.
Mario Benjamín Murphy fue ejecutado en el estado de Virginia el 17 de septiembre de 1997. Murphy fue uno entre seis acusados de un asesinato realizado por dinero en 1991, y no era el que tenía mayor responsabilidad en el homicidio.
Sin embargo, y pese a su cooperación con la policía, fue el único de los seis acusados que recibió condena a muerte. Los otros cinco eran ciudadanos de Estados Unidos. —-
