El ex dictador Augusto Pinochet será probablemente extraditado a España si el proceso que para esos efectos se le sigue en Londres se mantiene en el ámbito estrictamente judicial, señaló la organización Human Rights Watch (HRW).
El chileno José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división América de HRW, advirtió en una rueda de prensa en esta capital la posibilidad de que se favorezca a Pinochet con consideraciones políticas disfrazadas de razones humanitarias.
HRW, organización humanitaria con sede en Washington, presentó el miércoles un informe con un balance del aniversario del arresto del ex dictador chileno (1973-1990), ocurrido el 16 de octubre de 1998 en Londres.
El informe, titulado "Cuando los tiranos tiemblan. El caso Pinochet", sostiene que la detención del ex dictador y actual senador vitalicio de 83 años fue beneficiosa para la democracia en Chile y para la justicia en este país y en el mundo.
La detención de Pinochet fue solicitada por el juez español Baltasar Garzón, y el viernes último, el magistrado británico Ronald Bartle autorizó el inicio del proceso de extradición a España.
Vivanco, el abogado José Zalaquett y el investigador Sebastián Brett, todos ellos miembros ejecutivos de HRW, se entrevistaron el martes en Santiago con el canciller Juan Gabriel Valdés y con el ministro de Defensa, Edmundo Pérez.
La delegación se reunió igualmente este miércoles con los ministros Carlos Mladinic, de la Secretaría General de Gobierno, y José Miguel Insulza, de la Secretaría General de la Presidencia, y con el viceministro del Interior, Guillermo Pickering.
En estos contactos, definidos como "francos y honestos", la organización humanitaria hizo ver sus discrepancias con criterios y medidas adoptadas por el gobierno de Eduardo Frei en el caso Pinochet.
La principal discrepancia con las autoridades chilenas radica en que éstas insisten en anteponer los principios de territorialidad y soberanía a los de jurisdicción internacional para procesar a violadores de los derechos humanos.
El fallo de Bartle, basado en la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, reafirmó el derecho internacional y prácticamente canceló para el gobierno chileno la posibilidad de traer de retorno en breve a Pinochet por conductos jurídicos.
A partir del viernes, tanto Frei como el canciller Valdés dieron prioridad casi absoluta a las gestiones para que el ministro del Interior británico, Jack Straw, libere al ex dictador por motivos de clemencia, atendiendo a su avanza edad y deteriorada salud.
Straw precisó el martes que no considera aún aplicable una decisión política en ese sentido y por tanto ratificó la vía del juicio en los tribunales británicos sobre la extradición de Pinochet a España.
El equipo de abogados británicos del ex dictador presentará el próximo lunes una apelación al dictamen de Bartle ante la Corte Superior de Justicia de Londres, con lo cual el proceso entrará en un prolongado trámite de recursos legales.
Vivanco indicó que la aplicación a Pinochet de razones humanitarias sólo correspondería si su estado de salud le impidiera defenderse de los cargos, tomar conciencia del curso del juicio y tener capacidad para asumir opciones.
Para ello se requiere una evidencia sólida e incuestionable de carácter médico y no especulaciones o apreciaciones, ya que los estados de depresión o angustia son comunes en cualquier procesado, indicó.
Zalaquett puntualizó que no se debe usar los principios humanitarios como pretexto para una salida política que beneficie a Pinochet y lo sustraiga del proceso de extradición y de la justicia internacional.
El abogado agregó que la mayoría de los chilenos desean que el ex dictador sea juzgado en su país, pero para la opinión mayoritaria eso era imposible hace un año, aunque hoy algunos hayan variado de parecer y consideren que es "muy difícil". O sea, un grado menos que la imposibilidad.
HRW elogió la labor del juez Juan Guzmán, quien instruye en Chile unas 40 querellas presentadas contra Pinochet desde enero de 1998, en virtud de las cuales ordenó detener y procesar a oficiales retirados implicados en crímenes represivos.
La organización consignó que un camino jurídico para traer a Pinochet de regreso implicaría que Guzmán pidiera su extradición a Gran Bretaña, lo cual sólo es viable si el juez lo inculpa y la Corte Suprema de Justicia le retira el fuero (inmunidad) como senador.
La conducta independiente de los tribunales chilenos en los últimos meses en los procesos por violación de derechos humanos bajo la dictadura es evaluada en el informe de HRW como uno de los saldos positivos del caso Pinochet.
En términos políticos, el documentos consigna que la democracia restablecida en Chile en 1990 no se ha visto amenazada, pese a las "apocalípticas" predicciones de algunos sectores cuando se produjo el arresto del ex dictador.
El informe registra igualmente una actitud relativamente positiva de las Fuerzas Armadas, con una apertura hacia el esclarecimiento de los casos de detenidos-desaparecidos y hacia el debate nacional sobre los derechos humanos.
HRW valoró en ese sentido la mesa de diálogo cívico-militar instalada el 31 de agosto, en tanto el ministro de Defensa ganatizó que esa instancia no interrumpirá la labor de los tribunales en los procesos por crímenes represivos.
Vivanco se pronunció a favor de la extradición a Italia de los generales retirados Manuel Contreras y Eduardo Iturriaga, implicados en el atentado contra el ex vicepresidente chileno Bernardo Leighton y su esposa, cometido en Roma en 1975.
La organización humanitaria abogó también por la colaboración de Chile en el juicio en Argentina por el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército chileno Carlos Prats, víctima junto a su esposa de un atentado terrorista en Buenos Aires en 1974.
Vivanco destacó igualmente la reapertura en Estados Unidos de la investigación del asesinato en septiembre de 1976 del ex canciller chileno Orlando Letelier, para establecer el grado de participación, conocimiento y responsabilidad de Pinochet en el hecho. (FIN/IPS/ggr/ff/hd/99
