La última ola de motines carcelarios en Turquía reveló el maltrato generalizado de los presos y los vínculos entre autoridades y grupos mafiosos que operan dentro de las prisiones, denunciaron activistas de los derechos humanos.
Diecinueve personas murieron en los enfrentamientos violentos registrados en los últimos días dentro de las principales penitenciarías de Ankara y Estambul.
Mientras el Ministerio de Justicia reconoció su incapacidad para manejar las prisiones superpobladas, grupos defensores de los derechos humanos y juristas denunciaron que la violencia es producto de la corrupción carcelaria y del brutal tratamiento de los presos.
Los grupos condenaron una intervención del gobierno en la prisión de Uluncanlar, en Ankara, a tempranas horas del lunes, que arrojó 11 presos políticos muertos y 24 heridos. Como resultado, se desencadenaron nuevos motines en otras cárceles.
Unos 80 activistas fueron detenidos el martes mientras realizaban una manifestación de protesta en la plaza Sultanahmet, en el centro de Estambul.
Los disturbios comenzaron el domingo en 10 prisiones de Turquía, donde los reclusos reclaman mejores condiciones de vida.
Los presos mantienen a 72 guardias de rehenes desde el martes de noche, y sus demandas incluyen ahora el castigo de los responsables de la matanza en Uluncanlar.
En base a información sobre un supuesto intento de fuga de presos políticos de Ankara, las fuerzas de seguridad irrumpieron en las celdas de la prisión a tempranas horas del lunes para transferir algunos reclusos a otras cárceles, dijo el ministro de Justicia, Hikmet Sami Turk.
Los soldados debieron abrir fuego cuando los prisioneros se resistieron con pistolas y armas automáticas, hiriendo a un coronel y a otros seis oficiales, afirmó Turk.
Pero el abogado Husnu Ondul, presidente de la Asociación para los Derechos Humanos de Turquía, sostuvo que "había fricción entre los guardias y los presos políticos de Ululancar desde hacía meses".
"En un dormitorio para 60 presos, había 120. Desde principios de mes reclamaban por esto, pero sus reclamos fueron rechazados aunque había espacio inutilizado en el edificio. Finalmente, abrieron un boquete en la pared y pasaron a un dormitorio vacío, lo que aumentó la fricción", explicó Ondul a IPS.
"La justificación oficial de la matanza, según la cual los reclusos se rebelaron y estaban excavando un túnel, es totalmente falsa", aseguró.
Además, la versión del intercambio de disparos "es muy dudosa, ya que los fiscales negaron a los abogados el derecho a un estudio forense", y según testigos, "todos los muertos llevados al hospital Numune tenían el cráneo fracturado o cortes en la garganta y el rostro", acusó Ondul.
Los prisioneros heridos e internados en hospitales de Ankara rechazan los alimentos en protesta por su tratamiento en la cárcel, informó a IPS Filiz Kalayci, también de la Asociación para los Derechos Humanos.
Cerca de 8.000 de los 65.000 presos de toda Turquía están en prisión por motivos políticos y el gobierno se refiere a ellos en general como "criminales terroristas".
Se trata en su mayoría de miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), y unos 600 pertenecen a grupos clandestinos de izquierda.
Pero los seguidores del PKK no participaron de los disturbios, probablemente por exhortación de su líder detenido, Abdullah Ocalan, quien prometió concesiones al gobierno a cambio de una solución pacífica para el conflicto del pueblo kurdo.
Kemal Kumkumoglu, miembro de la Asociación de Abogados de Estambul y especialista en derecho penal, atribuyó la violencia a "la interrelación entre una administración represiva, la corrupción generalizada y los vínculos entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado".
"La semana pasada, hubo un duelo entre dos grupos mafiosos en la prisión Bayrampasa, de Estambul, que duró varias horas y causó la muerte de siete reclusos", destacó.
"Los presos tenían armas automáticas y teléfonos celulares, y estaban en constante contacto con sus cómplices fuera de la cárcel", añadió Kumkumoglu.
Según el abogado, las bandas luchaban "por el control del tráfico ilegal de casi todo dentro de la cárcel", desde drogas hasta armas, así como por el control de los "impuestos" y un servicio de alquiler de teléfonos celulares.
Posteriormente, los guardias encontraron dos millones de dólares en efectivo entre las pertenencias del jefe de una de las bandas, relató.
"Sin la cooperación de las autoridades carcelarias, nada de esto podría haber pasado. Pero el apoyo procede de niveles superiores. Recientes escándalos de corrupción revelaron estrechos vínculos entre el Ministerio del Interior, los servicios secretos y la mafia", señaló Kumkumoglu.
El ministro del Interior, Sadettin Tantan, prometió que "la autoridad del gobierno dentro de las prisiones será restaurada lo antes posible".
"Sólo podrá lograrse una solución radical mediante una reforma profunda de leyes y procedimientos anticuados", agregó.
Pero para el activista Ondul, "la cuestión no consiste en restaurar la autoridad del gobierno, sino en garantizar los derechos de los presos", dado que "las 'prácticas administrativas' del Ministerio de Justicia incluyeron ejecuciones sumarias". (FIN/IPS/tra-en/nm/ak/mlm/hd/99
