El obispo católico de Ruanda Augustin Misago, que será juzgado el martes por complicidad en el genocidio que en 1994 costó la vida a hasta un millón de personas en este país, aseguró que su conciencia está tranquila y que es víctima de una conspiración.
"Me siento una especie de rehén. El Estado quiere vengarse de la Iglesia Católica y yo soy el chivo expiatorio de todos los males que según ellos hizo la Iglesia. De algún modo, también soy víctima de un genocidio", declaró a IPS el obispo de 56 años.
En abril de 1994, la muerte en un accidente de aviación del presidente hutu de Ruanda, Juvenal Habyarimana, precipitó una matanza general de tutsis. Los hutus son amplia mayoría en la población ruandesa, pero los tutsis habían controlado durante mucho tiempo el poder.
Junto con la matanza se libró una guerra civil, finalizada en julio del mismo año con el triunfo del Frente Patriótico Ruandés, en el que prevalecen los tutsis. La ONU comprobó el genocidio e instaló un tribunal internacional para juzgar a los extremistas hutus culpables de la masacre.
Mientras, el Frente Patriótico Ruandés instaló un gobierno presidido por un hutu moderado y con hutus en otras posiciones, aunque el poder real es de los tutsis.
El juicio de Misago empezará este martes en el Tribunal de Primera Instancia de Nyamirambo. "Hay cientos de testigos dispuestos a declarar contra este hombre", aseguró Emmanuel Rukangira, jefe de la Oficina del Fiscal de Kigali.
Misago será acusado de homicidio en primer grado, el mismo cargo que se aplicó a quienes planificaron y perpetraron la masacre. Los culpables de este tipo de crimen suelen recibir la pena de muerte, y Rukangira dijo que no hay ningún motivo para que el obispo sea una excepción.
El obispo es el clérigo de mayor jerarquía entre los acusados de participar en el genocidio.
Por su parte, Misago declaró que pasó los últimos cinco años refutando las acusaciones en su contra, y que sabe a qué atenerse en el tribunal.
"En octubre de 1996 publiqué una declaración de 30 páginas donde explicaba todo, así que ya estoy acostumbrado a estas cosas", se resignó.
El juicio seguramente se basará en incidentes específicos en los cuales se supone que Misago colaboró con los principales ejecutores del genocidio, milicianos hutus Interahamwe y las Fuerzas Armadas de Ruanda.
Uno de los puntos más inquietantes de las acusación es la presunta desaparición de 30 mujeres jóvenes que acudieron a Misago en busca de protección, y a las que el obispo prometió conseguir atención médica.
Misago se negó a dar refugio a los tutsis que acudieron a su diócesis en Gikongoro, al sur de Ruanda, y los envió a Murambi, donde muchos murieron, acusó African Rights, un grupo británico defensor de los derechos humanos, en una carta abierta al papa Juan Pablo II que fue publicada en mayo de 1998.
El obispo tampoco hizo nada para impedir el arresto de tres curas que estaban a su cargo, y que luego murieron en la cárcel, agregó African Rights.
Pero la acusación más grave en su contra es el abandono de 90 estudiantes que se ocultaban en el colegio de la iglesia de las colinas de Gikongoro.
Los estudiantes le pidieron que los trasladara para estar seguros, pero Misago no lo hizo. Las milicias hutus arrasaron el colegio y mataron a 82 de esos jóvenes. Uno de los sobrevivientes es ahora uno de los críticos más implacables del obispo.
Misago fue denunciado en público por el presidente de Ruanda, Pasteur Bizimungu, en una ceremonia recordatoria de los muertos en el genocidio, que se realizó en Kibeho, al noroeste del país.
Bizimungu advirtió que las buenas relaciones entre la Iglesia y el Estado sólo podrán mantenerse si la Iglesia se hace responsable de sus acciones en 1994.
Bizimungu acusó a Misago de esconderse entre las sombras, y de negarse a responder a las acusaciones en su contra. Según el presidente, el obispo no tiene derecho a mantener su cargo.
"El hecho de que me llamen a juicio despierta serias sospechas sobre la independencia del poder judicial. Sólo espero que los jueces tengan el coraje de cerrar sus oídos a todas las acusaciones falsas", declaró Misago.
Misago niega haber tenido información previa sobre el genocidio.
El 7 de abril de 1994, cuando comenzaron las matanzas colectivas, el obispo estaba en Kigali y había reservado un pasaje para Europa. Volvió a Gikongoro una semana más tarde, pero asegura que al principio no se dio cuenta de la magnitud de la masacre.
"Varias cosas se me escaparon, en cuanto a información", recuerda el obispo.
Misago insiste en que al principio no se dio cuenta de la magnitud del genocidio, pero admite que hacia mediados de abril era claro que los tutsis, que representan cerca de 19 por ciento de los 8,1 millones de habitantes del país, estaban siendo exterminados por las fuerzas Interahamwe y el ejército.
Misago asegura haber hecho todo lo posible para mitigar el horror, pero "hay que recordar que la iglesia no tiene ejército, ni fuerza policial, ni medios físicos para impedir las matanzas".
El obispo asegura que ofreció protección a los más vulnerables, divulgó desde su púlpito denuncias de la iglesia contra la violencia, retiró el sacramento de la misa dos veces en protesta contra las matanzas, consiguió alimentos para aquellos que no podía alojar, y pagó a los milicianos que invadían su diócesis en busca de tutsis para que se retiraran.
El obispo asegura haber hecho todo lo posible para defender a los tres curas, Irenée Nyamwasa, Canisius Murinzini y Aloys Musoni, que estaba a su cuidado. Pero, si bien pudo salvarlos del Interahamwe dos veces, la tercera no tuvo otra opción que entregarlos, ya que la policía llevó una orden de arresto.
"Me dijeron que los llevarían a Butare (en la frontera), donde se encontrarían con otros religiosos. Después supimos que habían muerto en la prisión de Gikongoro", relató.
En cuanto a la masacre de estudiantes en Kibeho, Misago dijo que había visitado la escuela María de la Merced en mayo, junto con las autoridades, y que en la iglesia de Kibeho, cerca de allí, se había perpetrado una de las peores masacres durante el genocidio, pero que la escuela había quedado a salvo.
Por eso, Misago aconsejó a los estudiantes que permanecieran ocultos allí, porque además el traslado era muy peligroso. La policía del lugar aseguró que protegería la escuela y el obispo no encontró razones para no creerle.
Pero Misago asegura que, después, se enteró de que los extremistas habían arremetido contra la policía y atacado a los estudiantes. "No los habría visitado si no me interesaran", alegó.
Misago acusó al subprefecto de Gikongoro, Damien Biniga, de haber instigado la masacre de María de la Merced, y advirtió que se trata de un peligroso extremista que cuenta con varios antecedentes por violencia contra los tutsis.
El obispo rechazó las acusaciones de haber colaborado activamente con los organizadores del genocidio y alegó en defensa propia que participó de los encuentros de "pacificación" con el entonces primer ministro, Jean Kambanda, y otros líderes políticos.
"Yo no era amigo de ningún criminal", asegura. (FIN/IPS/tra-en/cs/mn/ceb/aq/hd/99