En Yurimaguas, poblado amazónico de Perú, mil hectáreas de palmito se pudren a la espera de una planta procesadora que el gobierno prometió a los campesinos para que dejaran de sembrar coca.
En Chimoré, en el Chapare boliviano, una planta lechera administrada por ex productores cocaleros pierde casi 16.000 dólares diarios porque no puede competir con el precio de la leche importada de Nueva Zelanda.
Estos dos ejemplos revelan la difícil situación de algunos antiguos productores de coca que apostaron al desarrollo de cultivos alternativos en Bolivia y Perú.
El desarrollo alternativo "es como coser parches nuevos en un pantalón viejo", dijo Róger Rumrill, un experto peruano en narcotráfico para quien las políticas irrestrictas de importación vigentes en Bolivia, Colombia y Perú conspiran contra el éxito de cualquier proyecto de este tipo.
Rumrill subrayó que el plan no obedece a ninguna estrategia ni aprovecha la legislación internacional, como la clásusula de salvaguardia de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que permite subsidios y otorga tasas preferenciales para la inversión en cultivos alternativos en las zonas productoras de coca.
Los expertos coinciden que el gobierno peruano ha hecho una gran inversión en desarrollo alternativo desde 1995, que asciende a cerca de 500 millones de dólares, prácticamente el doble que el boliviano, que ha destinado a ese fin 259 millones de dólares provenientes de la cooperación internacional.
Mientras el gobierno boliviano invirtió en 238 proyectos productivos, el peruano destinó más del 60 por ciento a carreteras, colegios y centros de salud y no en reactivación productiva ni asistencia técnica a los empobrecidos agricultores.
"El desarrollo alternativo tiene que ser integral y no puede funcionar a manera de islas, mucho menos en una región tan empobrecida como la Amazonía, donde poblaciones nativas como los Huambisa-Aguarunas tienen un ingreso per cápita de 14 dólares al año, uno de los más bajos del mundo", dijo Rumrill.
El precio del palmito -un producto amazónico de gran aceptación internacional que venía siendo usado con éxito en los programas de sustitución de cultivos de coca de Perú- cayó en el último año a menos de la mitad, de 25 dólares la caja de 24 tallos en octubre pasado a 12 dólares, precisó el experto.
La saturación del mercado es responsable de la caída de precios, con graves perjuicios para quienes optaron por ese cultivo. Esto refleja falta de previsión y conocimiento de los mecanismos del mercado, afirmó.
Por el contrario, el precio de la coca mantiene la tendencia ascendente registrada en los últimos meses. La arroba (11,5 kilogramos) en Perú oscila hoy entre 18 y 36 dólares, lo que marca un repunte notable respecto de julio del año pasado, cuando se cotizaba a unos 10 dólares en promedio.
Los precios más bajos, de acuerdo a las últimas mediciones oficiales, se registran en el valle del Apurímac, donde se concentran los recursos y la cooperación técnica, lo que no ocurre en el valle del Huallaga, la zona tradicional de plantaciones de coca.
Allí se ha detectado, además, un resurgimiento de algunas células de la facción disidente del grupo guerrillero Sendero Luminoso y de las bandas de narcotraficantes.
El incremento del precio de la coca ocurre precisamente en momentos en que tiende a bajar el de otros cultivos alternativos, como café, cacao, palmito, arroz y barbasco, y los expertos temen que áreas abandonadas de cocales que aún no han sido invadidas por el bosque, vuelvan a entrar en operación.
Oficialmente, Perú reconoce 51.000 hectáreas dedicadas al cultivo ilegal de coca, cifra obtenida en base a mediciones con satélites estadounidenses.
Pero Rumrill considera que hay un error, porque las mediciones se hicieron entre los 600 y los mil metros de altitud, sin considerar que la coca crece bien hasta los 1.600 metros y también debajo de los 600.
Incluyendo estas altitudes, las hectáreas de coca deben bordear las 70.000 y otras 40.000 podrían entrar en producción de continuar la subida de precios, señaló el experto.
El economista Hugo Cabieses afirmó en un artículo publicado en el diario La República, de Lima, que los campesinos comenzaron a limpiar sus terrenos y las áreas en producción aumentaron este año a 65.000 hectáreas. Las nuevas mediciones por satélite estarán disponibles sólo en octubre.
Incluso el presidente de Perú, Alberto Fujimori, admitió "un ligero incremento" en la producción de coca y en el precio de la hoja, en declaraciones a la prensa formuladas tras la visita al país de Barry McCafry, jefe de la Oficina de Política Nacional contra las Drogas de Estados Unidos.
Esto habría llevado al gobierno a reanudar la erradicación por la fuerza de cocales en diversos puntos del valle del Huallaga.
La meta de erradicación para el presente año será de 8.000 hectáreas, lo que "es una política boba, un grave error y ayuda a recomponer las fuerzas senderistas", según Cabieses, quien aseguró: "El cambio de estrategia puede ser útil para la política interna de Estados Unidos, pero no para la nuestra".
En cambio, abogó por un tratamiento integral al problema: socioeconómico, en cuanto a la producción, penal-policial con respecto al tráfico ilícito y médico-educativo con relación al consumo de drogas.
"Al aplicar una política erradicacionista, los cultivos de coca se trasladan. La disminución en Perú se reemplazó por el aumento de cultivos en Colombia y el problema no se resolvió", afirmó.
"La demanda de cocaína en Estados Unidos disminuyó, aunque desde 1997 tiene una lenta pero segura recuperación, pero se incrementó el consumo en Europa, Africa y Brasil, México, Argentina y Chile", concluyó Cabieses. (FIN/IPS/zp/ag/ip/99
