El secretario general de la ONU, Kofi Annan, alarmado porque en las guerras mueren cada vez más civiles, pidió sanciones más severas para limitar este tipo de mortandad en el mundo.
"En muchos de los actuales conflictos armados, las víctimas civiles y la destrucción de infraestructura civil no son meros efectos secundarios de la guerra, sino blancos deliberados del ataque" de los combatientes, explicó Annan.
Los gobiernos y los grupos armados que atacan a los civiles deberían ser castigados, y habría que embargarles las armas, recomienda Annan en un informe de 24 páginas que entregó al Consejo de Seguridad esta semana.
Annan pidió también que se apliquen "sanciones específicas", como el congelamiento de las cuentas bancarias en el extranjero, el aislamiento diplomático, la suspensión de créditos y ayuda, y la prohibición de viajar y acceder a mercados financieros extranjeros contra los responsables de la muerte de civiles.
La prohibición de realizar viajes al exterior debería incluir la negación de visas y oportunidades de educación en el exterior a los familiares de quienes hayan sido acusados de matar civiles, agrega Annan.
Las sanciones específicas son un instrumento menos destructivo que las sanciones globales porque reducen los costos humanitarios.
Annan citó una larga lista de matanzas civiles, entre las cuales destacó el genocidio de Ruanda en 1994, cuando familias enteras fueron ejecutadas en sus hogares y pueblos enteros fueron víctimas de la violencia de una campaña de exterminación masiva que terminó con la vida de hasta un millón de personas.
En Burundi, más de 250.000 habitantes fueron muertos y centenas de miles fueron desplazados en repetidas ocasiones. En Sierra Leona, más de 5.000 civiles fueron mutilados por los rebeldes.
Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) calcula que murieron dos millones de niños y niñas como consecuencia directa de los conflictos armados ocurridos en la última década, y otros seis millones fueron gravemente heridos o quedaron discapacitados para siempre.
Más de 30.000 menores de 18 años fueron reclutados para combatir en las fuerzas armadas de gobiernos y grupos rebeldes en los conflictos actuales, agregó Unicef.
Annan señaló que el personal de ayuda humanitaria y de mantenimiento de la paz se convirtió en el blanco de la violencia organizada. Las amenazas en su contra restringen las posibilidades de acción de las agencias, que no pueden brindar asistencia a las poblaciones vulnerables.
Desde 1992, 140 funcionarios de la ONU fueron asesinados y más de 150 fueron tomados rehenes mientras cumplían con sus funciones.
La Cruz Roja perdió 23 funcionarios entre 1996 y 1997 en la región de los Grandes Lagos de Africa, que incluye a Burundi, República Democrática de Congo (RDC), Ruanda, Tanzania y Uganda.
El Consejo de Seguridad expresó "gran preocupación por el creciente número de víctimas civiles en los conflictos armados", luego de una reunión realizada el jueves para discutir, en particular, el tema de la protección de los civiles.
El Consejo constató con profunda tristeza "que los civiles son ahora la mayoría de las víctimas de los conflictos armados y se convirtieron en blancos directos de los combatientes".
El organismo pidió que los combatientes respeten rigurosamente el derecho internacional, en particular las obligaciones impuestas por las convenciones de La Haya, Ginebra y la de la ONU sobre los Derechos del Niño, de 1989, al igual que todas las decisiones adoptadas por el propio Consejo.
"A pesar de que en los últimos 50 años se adoptaron las principales convenciones de derechos humanos a nivel internacional, no pasa un día sin que aparezcan pruebas de que civiles indefensos fueron víctimas de intimidación, violencia, tortura y matanzas en conflictos armados", señaló Annan.
Los combatientes siguen actuando con deliberada indiferencia hacia esas convenciones, se quejó Annan.
El establecimiento de zonas temporarias de seguridad y corredores de protección para los civiles y para poder brindar ayuda humanitaria, son algunas de las recomendaciones que hace Annan en su informe.
Además, propone nombrar un "ombudsman"(defensor del pueblo) que se ocupe de las quejas y denuncias, y pide que los 188 países miembro de la ONU tomen medidas para procesar a los miembros de sus fuerzas armadas que hayan violado los derechos humanos de la población civil. (FIN/IPS/tra-en/td/mk/ceb/aq/ip/99
