MEXICO: Ex alcalde condenado por masacre de indígenas

Un ex alcalde perteneciente al gobernante PRI y 23 personas más recibieron en México condenas a 35 años de cárcel por la matanza de 45 indígenas simpatizantes del movimiento rebelde zapatista en el estado de Chiapas.

Un juzgado de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, declaró el lunes culpables a esas 24 personas de homicidio calificado y porte ilegal de armas de fuego sin licencia, entre otros delitos.

El 22 de diciembre de 1997, 45 hombres, mujeres y niños de la etnia tzotzil simpatizantes del insurgente Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) fueron asesinados en la comunidad de Acteal mientras oraban por la paz en el convulsionado estado de Chiapas, en el sur de este país.

El grupo rebelde que declaró la guerra al gobierno de México el 1 de enero de 1994 y organizaciones no gubernamentales acusan a bandas paramilitares y a la policía local de haber abierto fuego de manera indiscriminada contra los indígenas.

Organizaciones de derechos humanos estiman que en los últimos cinco años unos 20.000 indígenas fueron desplazados de sus comunidades a causa de la violencia.

Las autoridades judiciales detuvieron hasta ahora a 102 personas involucradas en la matanza en Acteal, 55 de las cuales recibieron sentencias, en todos los casos condenatorias.

Los acusados, incluido Jacinto Arias, ex alcalde del municipio de Chenalho, purgarán penas de entre 32 y 35 años de prisión.

El castigo impuesto al ex funcionario y a otras 23 personas constituye un "avance para la justicia, pero es insuficiente", dijo a IPS Edgar Cortés, del Centro Humanitario Agustín Pro.

"Saludamos que se castigue a los responsables de un delito tan grave como el cometido en Acteal, pero esperamos todavía resultados de la línea de investigación abierta sobre el papel desempeñado por paramilitares y funcionarios del gobierno estatal", explicó Cortés.

La organización humanitaria, dependiente de la orden católica de los jesuitas, exige que se determine la responsabilidad del gobernador de Chiapas en el momento de la matanza, Julio César Ruiz, actual funcionario de la Embajada de México en Estados Unidos, señaló el activista.

La fiscalía especial del caso tiene prendientes de ejecución órdenes de detención contra 90 indígenas y 11 ex funcionarios del gobierno y de la policía de Chiapas.

Arias, alcalde de Chenalho en el momento del ataque contra los indígenas de Acteal, fue considerado responsable de distribuir las armas a los asesinos.

Miembros del autodenominado Grupo de Autodefensa son identificados como autores materiales de la matanza, según testimonios de los sobrevivientes.

Arias, integrante del PRI (Partido Revolucionario Institucional, en el poder en México hace 70 años), también proporcionó a los autores materiales de la masacre vehículos oficiales para facilitar el crimen.

Antes del 22 de diciembre de 1997, Arias había contratado con recursos públicos a personas que adiestraron a civiles en el manejo de armas en varias comunidades de Chenalho, señalaron fuentes judiciales.

Gilberto López, diputado del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) y miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación para Chiapas, afirmó que "la situación de 21.159 indígenas desplazados por la violencia paramilitar empeora y persisten los augurios de violencia" en la región.

López sostuvo que la creación de grupos paramilitares es uno de los mecanismos para "evitar el desprestigio de los militares" en sus acciones contra la guerrilla.

En el caso de México, existen hoy "signos de desgaste paramilitar" y la mayor presencia del ejército en zonas zapatistas demostraría que los paramilitares "fallaron en su misión", consideró López.

El EZLN y organizaciones no gubernametnales afirman que la movilización de tropas regulares en Chiapas se intensificó en los últimos meses y alcanzó la cifra de 50.000 efectivos.

El PRD, por su parte, difundió un estudio según el cual los paramilitares han asesinado a unos 1.500 indígenas en Chiapas desde 1994.

En junio de 1998 fueron asesinados ocho indígenas de dos comunidades del municipio chiapaneco de El Bosque. En junio de 1995, 17 campesinos fueron masacrados en el vado de Aguas Blancas, en el también pobre estado de Guerrero.

Las sentencias fueron anunciadas casi una semana después de la exhortación pública del gobierno de Ernesto Zedillo al EZLN a restablecer el diálogo roto en 1996 por el grupo armado, luego de que las autoridades rechazaron una propuesta de ley indígena avalada por los zapatistas.

La fiscalía para el caso de Acteal informó hace dos meses que recopiló 564 declaraciones ministeriales, 424 peritajes médicos, balísticos , criminalísticos e inspecciones oculares en relación con la tragedia que dejó además 17 heridos. (FIN/IPS/pf/mj/ip hd/99