La fiscalía de Honduras investiga desde hace seis meses a militares y policías sospechosos de colaborar con el narcotráfico y el crimen organizado, informó hoy el comisionado de derechos humanos de Honduras, Leo Valladares.
Valladares dijo que los funcionarios operan "desde sus propios puestos de trabajo y les hemos seguido la pista para presentar las denuncias y las pruebas en su momento oportuno".
"Muchos de ellos son policías que forman parte de las estructuras que el Ministerio de Seguridad se resiste a depurar", afirmó.
Una de las formas en que opera el crimen organizado en este país es a través de la estructura que "tiene dentro de la policía" y con la colaboración de algunos efectivos militares", sostuvo Valladares.
"Pienso que el país no puede darse el lujo que sean sus propias autoridades las que estén potenciando algunas formas de delito", agregó.
Valladares aseguró que "esos (oficiales y militares) son verdaderos lobos con piel de oveja, y a ellos hay que desenmascararlos y enfrentarlos para evitar que la impunidad se siga perpetuando en este país".
Las declaraciones de Valladares se producen en momentos que el fiscal Omar Borjas denunció que la Fuerza Aérea se niega a colaborar en la investigación de aviones sospechosos de transportar drogas, que vuelan por la noche y aterrizan en pistas clandestinas.
Borjas dijo que se ha pedido colaboración a los militares para estas acciones en reiteradas oportunidades, pero éstos "se rehusan a hacerlo, aduciendo que no tienen combustible, y cuando se lo conseguimos ponen como pretexto que las actividades no son en horas laborables y no tienen tiempo para trabajar".
"Nosotros hemos descubierto que algunos militares están implicados en el narcotráfico y quizás se deba a eso su resistencia a cooperar en la lucha contra las drogas", señaló.
Informes en poder de la fiscalía antidrogas indican que cada vez más se utiliza a Honduras para esta actividad ilegal, ya no solo como puente para el tránsito de estupefacientes sino como consumidor y para el lavado de dinero.
La fiscalía del Estado se enfrentó hace tres semanas de manera dura con la banca privada por su resistencia a aplicar la ley contra el lavado de dinero, que permite la suspensión del secreto bancario en aquellas cuentas dudosas de proceder del narcotráfico y el crimen organizado.
La asociación de banqueros privados reaccionó de forma airada y dijo que esa medida ahuyentaba la inversión, en tanto que los fiscales acusaron a los primeros de ser encubridores de los operarios del crimen organizado al resistirse a cumplir la ley.
Una mediación entre los legisladores y el Poder Judicial logró calmar los ánimos y alcanzar acuerdos para ampliar las reformas a la ley contra el lavado de dinero, con el fin de no entorpecer la labor de los fiscales, ni violentar las normas de confianza y garantía que la banca esta obligada a dar a sus clientes.
No obstante, Valladares dijo que, si bien las leyes pueden arreglarse, definir voluntades y coordinar políticas de combate al narcotráfico y al crimen organizado es la verdadera lucha que debe darse dentro de los cuerpos de seguridad, depurando sus filas de los corruptos.
"Si eso no ocurre, podrán aprobar muchas leyes, pero los narcotraficantes ganarán la batalla" y, por tanto, "nosotros creemos conveniente advertir que aún estamos a tiempo de evitar crisis políticas como las que enfrentan varios países de América Latina", señaló.
Valladares explicó que la implicancia de los funcionarios de seguridad en el crimen organizado incluye el encubrimiento de robos a bancos, el hurto de vehículos y hasta la colaboración en asesinatos.
La ministra de Seguridad, Elizabeth Sierra, reaccionó indignada a las declaraciones de Valladares, arguyendo que se ha depurado todo lo "posible" a la policía y "hasta ahora no tengo informes de oficiales vinculados a esos delitos".
"Yo le pido al comisionado que presente las pruebas y los documentos para nosotros investigar, pero creo que antes de hacer las acusaciones públicas el señor Valladares debe presentar una denuncia en los tribunales y no en la calle", dijo.
Expertos hondureños dicen que el Ministerio de Seguridad carece hasta ahora de una estructura básica y estrategias en materia de seguridad ciudadana, a pesar de que hace siete meses que fue creado.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron que en esa cartera aún hay unos siete oficiales policiales implicados en crímenes y narcotráfico.
Por su parte, a algunos militares se los acusa, entre otras cosas, de permitir el uso de pistas clandestinas para el aterrizaje de aeronaves que transportan droga. Las Fuerzas Armadas han negado estas denuncias por entender que buscan deteriorar aún más su imagen. (FIN/IPS/tm/dm/hd ip/99)
