Helen Mack, que se desempeñaba como administradora de empresas, no fue figura pública en Guatemala hasta el 11 de septiembre de 1990, cuando su vida cambió de manera radical.
Ese día fue asesinada por militares su hermana Myrna Mack, una antropóloga que realizaba investigaciones en comunidades de desplazados por la guerra civil que finalizó en diciembre de 1996, después de 36 años de combates y represión ilegal.
El autor material del crimen, Noel de Jesús Beteta, miembro del Estado Mayor Presidencial (un cuerpo de elite del ejército), infirió más de 20 puñaladas a Myrna Mack, intentado que su muerte se atribuyera a delincuentes comunes.
Helen Mack no se conformó con la condena de Beteta, encarcelado desde 1993, y todavía lucha para que la justicia establezca la autoría intelectual del asesinato, por la que acusa a tres altos militares.
Presidenta de la Fundación Myrna Mack, no sólo pretende que se castigue a los asesinos de su hermana, sino que también exige, pese a las amenazas que ha recibido, la transformación y el fortalecimiento de la justicia en Guatemala.
Helen Mack ha recibido numerosos galardones internacionales, como el Premio Nobel Alternativo (1992), el Premio a la Paz de Bélgica (1993), el Premio a la Verapaz de Guatemala (1994) y el Premio a la Concordia de la Fundación León, de España (1999).
"Mi lucha continuará hasta que se haga justicia. Mientras, la llaga seguirá abierta. Es una herida que no termina de curar y no podremos olvidar lo ocurrido" en el conflicto armado, dijo Helen Mack.
IPS: ¿Cuáles son los avances y los retrocesos en materia de derechos humanos a partir de la firma de la paz en diciembre de 1996?
MACK: El fin de una política sistemática de violación de los derechos humanos es innegablemente un hecho muy positivo. Aunque han seguido los asesinatos selectivos, como el caso del obispo Juan Gerardi (muerto en abril de 1998), que fue un duro golpe al proceso de paz.
También se debe decir que se han dado nuevas formas de impunidad. Esta afirmación se puede ejemplificar con el caso de Xamán (una masacre de indígenas en 1995, perpetrada por una patrulla del ejército).
Nosotros (la Fundación Myrna Mack) hemos dicho que la nueva forma de impunidad es, precisamente, que hay una investigación, se realiza un juicio y se llega incluso a una sentencia, pero con violaciones del debido proceso y denegación de justicia.
(Los culpables de la matanza de Xamán fueron condenados a cinco años de prisión, aunque conmutables, una sentencia que los defensores de los derechos humanos consideraron insuficiente).
IPS: ¿Cómo interpreta usted el asesinato del obispo católico Gerardi y de dirigentes y activistas en tiempos de paz?
MACK: Creo que el caso de monseñor Gerardi es el más relevante, tiene un mensaje muy claro, referido precisamente a la justicia.
El proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (investigación de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado, coordinado por Gerardi) tenía varios objetivos. No sólo era la reivindicación de la vida de tantas personas inocentes asesinadas, sino que permitía a sobrevivientes y familiares de las víctimas ir a los tribunales con aportes concretos a las investigaciones.
El mensaje fue entonces muy claro: todo lo que tenga que ver con derechos humanos va a correr la misma suerte. Por eso, el asesinato de monseñor Gerardi no ha podido esclarecerse, aunque cada vez es más evidente, y creo que en este momento ya no hay nadie que pueda dudarlo, que fue el ejército el autor del crimen.
Pero las presiones son muy grandes, los fiscales encargados del caso son amenazados, al igual que los abogados de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. También la familia del último testigo que declaró se vio seriamente amenazada.
IPS: ¿Por qué el gobierno no ha cumplido con las recomendaciones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) o Comisión de la Verdad, patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas? ¿Qué opina usted de la decisión del Senado de Italia de cortar la ayuda a Guatemala por no cumplir con esas recomendaciones?
MACK: El hecho de que el gobierno no aceptara las recomendaciones y ni siquiera el espíritu del informe de la CEH se relaciona con la cuota de poder real que aún mantiene el ejército, que no está dispuesto a reconocer las atrocidades que cometió.
Esa negativa es lamentable, porque este gobierno (de Alvaro Arzú) no estuvo involucrado en la violación sistemática de los derechos humanos. Pero el ejército lo ha presionado para no aceptara el contenido del informe.
Por otra parte, el hecho que el Senado italiano corte la ayuda económica es un mensaje muy claro al gobierno. Los senadores italianos le dicen de ese modo a Guatemala que todo el mundo sabe que esto (la violación de los derechos humanos) sucedió y no puede admitirse que el gobierno no lo acepte. (SIGUE/2-E
