El gobierno de Chile declinó comentar el juicio de extradición de Augusto Pinochet a España, iniciado hoy en Londres, en tanto los partidarios del ex dictador se mostraron pesimistas con respecto al desenlace del proceso.
La Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD), en tanto, calificó de "positiva" la primera jornada del juicio en el tribunal londinense de Bow Street, donde se reanudarán este martes los alegatos.
La expectativa en Chile en torno al esperado proceso se vio disminuida por la muerte del diputado y sindicalista demócrata cristiano Manuel Bustos, uno de los líderes del movimiento obrero en la lucha contra la dictadura en los años 70 y 80.
Los chilenos siguieron a través de enviados especiales de los principales canales de televisión y radioemisoras las alternativas del primer día del proceso en Londres, al cual Pinochet no fue obligado a comparecer en persona.
El comienzo del juicio de extradición era esperado desde el 24 de marzo, fecha en que el Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores falló que el ex dictador y senador vitalicio de 83 años es imputable internacionalmente según la Convención contra la Tortura.
Pinochet fue arrestado el 16 de octubre de 1998 en la clínica londinense, en que convalecía de una operación a la columna, por pedido del juez español Baltasar Garzón, quien acusa de crímenes contra la humanidad a las dictaduras de Chile (1973-90) y Argentina (1976-83).
Los cargos presentados por Garzón por unos 3.000 casos de desapariciones forzadas, asesinatos, secuestros y otros crímenes, fueron restringidos por la Cámara de los Lores a delitos de tortura y conspiración para torturar cometidos desde diciembre de 1988, fecha en que Gran Bretaña ratificó la convención.
El fiscal Alun Jones, quien representa a España, presentó 36 cargos contra el ex dictador por 35 casos de torturas y uno de conspiración para torturar, en tanto el abogado de Pinochet, Clive Nicholls, argumentó que España carece de competencia para juzgarlo.
Jones planteó igualmente la inclusión entre los cargos de unos 1.000 casos de desapariciones forzadas no aclarados en Chile, que constituyen delitos de secuestro, de ejecución permanente en tanto la víctima no aparezca viva o muerta.
El canciller subrogante, Mariano Fernández, dijo en Santiago que al gobierno de Eduardo Frei no le corresponde opinar sobre el proceso iniciado en Londres, que implica un curso judicial propio en el que no cabe una evaluación política.
Aclaró que el gobierno tiene un abogado observador y representantes de la cancillería en la corte londinense, para plantear sus objeciones "ante quien corresponda" si hubiera "interferencia en los derechos y en los temas jurisdiccionales que Chile protege".
El gobierno chileno está en un litigio con España acerca de su derecho de juzgar a Pinochet, pero "nunca se ha pronunciado sobre el proceso judicial en Gran Bretaña", puntualizó Fernández.
La cancillería establecerá este martes un primer contacto con la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, que podría intervenir en el caso, según la Convención Internacional contra la Tortura, luego de que Madrid rechazó un arbitraje bilateral.
Fernández reiteró que, más allá de los trámites judiciales, el ministro del Interior de Gran Bretaña, Jack Straw, es quien puede resolver si se libera a Pinochet por razones humanitarias, atendiendo a la deteriorada salud del ex dictador.
El general retirado Luis Cortés, secretario ejecutivo de la Fundación Pinochet, opinó con pesimismo que "este juicio (de extradición) no nos va a dar la razón a nosotros" y le negará por tanto inmunidad al ex dictador.
El propósito de los seguidores de Pinochet de que éste regrese de Londres investido en su jerarquía de ex gobernante y senador no será posible y "tendremos que argumentar (para liberarlo) su delicada salud física y síquica", señaló Cortés.
Viviana Díaz presidenta de la AFDD calificó de positiva la primera jornada del juicio, ya que la demostración de los casos de tortura permitiría la extradición de Pinochet a España para que responda también por los otros delitos que se le imputan.
La secretaria general de la AFDD, Mireya García, recalcó en Londres que el tribunal de Bow Street debe ratificar que la tortura es un delito extraditable y que las desapariciones constituyen un crimen permanente.
La delegación de la AFDD que viajó a la capital británica podría reunirse con el ministro Straw para entregarle nuevos argumentos a favor de la extradición y contra el otorgamiento de clemencia al ex dictador chileno.
Los seguidores de Pinochet desmintieron informes sobre un derrame cerebral del anciano general retirado, pero insistieron en el progresivo agravamiento de sus diversas patologías, que incluyen diabetes y cardiopatías entre otras dolencias. (FIN/IPS/ggr/dm/hd ip/99
