El gobierno de Chile insiste, tres semanas antes del inicio en Londres del juicio de extradición a España de Augusto Pinochet, en el incierto y largo camino de un arbitraje con Madrid para sustraer al ex dictador de ese proceso.
El ex canciller José Miguel Insulza, actual ministro de la Secretaría General de la Presidencia, dijo este lunes que el gobierno español está obligado a aceptar el arbitraje, de acuerdo con la Convención Internacional contra la Tortura.
Insulza calificó de "insólitas" las últimas declaraciones del canciller de España, Abel Matutes. "No veo, sinceramente, cómo podemos atender esta petición", dijo el sábado en Finlandia, aludiendo a la demanda chilena.
"Lo que estamos pidiendo es que España cumpla lo dispuesto en el tratado (sobre la tortura). Y esto no es cosa de querer o no querer. Es cosa de cumplir o no cumplir", subrayó el ministro chileno.
El gobierno de Eduardo Frei invoca la Convención Internacional contra la Tortura para disputar a España el "mejor derecho" a juzgar a Pinochet, quien encabezó en Chile el régimen dictatorial desde septiembre de 1973 hasta marzo de 1990.
El ex gobernante y actual senador vitalicio de 83 años fue arrestado en Londres el 16 de octubre de 1998 a solicitud del juez español Baltasar Garzón, quien lo enjuicia por crímenes contra la humanidad.
El 24 de marzo la Cámara de los Lores dispuso que Pinochet sólo puede ser imputado internacionalmente por actos de tortura cometidos desde de diciembre de 1988, fecha en que la convención al respecto fue ratificada por Gran Bretaña.
El 27 de este mes fue fijado como fecha para el inicio en el tribunal londinense de Bow Street de las audiencias para el proceso de extradición a España, país que, al igual que Chile, ratificó también la convención hacia fines de 1988.
La semana pasada, el canciller de Chile, Juan Gabriel Valdés, formalizó el retiro de las reservas hacia el mecanismo de arbitraje que el régimen de Pinochet formulara hace 11 años al suscribir ese instrumento internacional.
El gobierno chileno sostiene que, al tenor de la convención, un acusado de torturas debe ser procesado en su propio país y que el juicio internacional a Pinochet correspondería sólo si no existieran garantías de hacer justicia en Chile.
Más allá de los aspectos jurídicos, el diferendo con España remite a la polémica acerca de la virtual impunidad de que goza Pinochet en Chile y de la efectividad de más de 20 querellas penales presentadas en su contra desde enero de 1998.
Insulza recalcó que si Matutes insiste en su negativa al arbitraje, Chile puede llevar el contencioso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, siempre de acuerdo con la Convención Internacional contra la Tortura.
La presentación del caso a la corte en La Haya implicaría un largo proceso, que echaría por tierra el anunciado propósito de Frei de traer de regreso a Pinochet antes de que termine su mandato, el 11 de marzo del 2000.
La demanda de arbitraje pudo operar como un factor adicional para que España aceptara una solución política y se desistiera del pedido de extradición, permitiendo así que el ex dictador fuera liberado por razones humanitarias.
Esta posibilidad se fundamenta en la avanzada edad del general y en informes médicos que dan cuenta de un progresivo deterioro de su salud, por factores sicológicos que se suman a la diabetes y a las cardiopatías de que padece.
Tanto el gobierno español del derechista José María Aznar como el británico del laborista Tony Blair estiman que no debe haber interferencias políticas en la acción de los tribunales, aunque no descartan de plano la salida humanitaria.
Tras la negativa española al arbitraje, es inminente el inicio del juicio de extradición el día 27, y así lo entienden los seguidores de Pinochet en Chile, que organizan viajes a Londres para apoyar al ex dictador.
La Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, los dos grandes partidos de derecha, ejercerán presión tanto en Madrid como en Londres y enviarán a varios de sus parlamentarios para acompañar al ex dictador en el inicio del proceso.
El abogado Fernando Barros, uno de los asesores de Pinochet en Londres, dijo al diario chileno La Tercera que no cifra esperanzas en el arbitraje y sugirió "una presión política" para dar cauce a la salida humanitaria.
Mientras el ex dictador cumple ya casi 11 meses de arresto en Londres, en Chile se celebró este lunes por primera vez el Día de la Unidad Nacional, instituido en 1998 para sustituir el feriado que recordaba el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Pinochet, como senador vitalicio, negoció la creación de este nuevo feriado en su última actuación política de relevancia en Chile antes de viajar hacia fines de septiembre del año pasado a Gran Bretaña, donde fue arrestado.
El general retirado restó importancia al juicio abierto contra su régimen en Madrid y pensó erróneamente que su condición de senador y el pasaporte oficial con que viajaba lo pondrían a salvo de la justicia internacional. (FIN/IPS/ggr/mj/hd ip/99
