Un grupo de 20 jóvenes anunció en el Congreso de Ecuador su oposición a realizar el servicio militar obligatorio y propuso a cambio hacer tareas humanitarias en barrios pobres.
Los jóvenes, que conforman el primer grupo en declarar la objeción de conciencia en este país, también rechazan una eventual intervención ecuatoriana en el conflicto interno de Colombia y que su territorio sea utilizado por fuerzas de Estados Unidos con igual fin.
"Nos negamos a empuñar armas y participar en cualquier tipo de acción bélica, sea en conflictos internos o externos", dijo a IPS Jhonny Jiménez, miembro del grupo que creó hace dos años el Movimiento de Objetores de Conciencia en Ecuador, apoyado por el Servicio Paz y Justicia.
La Constitución ecuatoriana aprobada en 1997 reconoce el derecho a objetar el servicio militar por razones de conciencia, pero el Congreso aún no dictó las leyes que la regulen.
Jiménez comentó que la actitud de quienes se declararon objetores de conciencia el lunes en el parlamento es fundamental para que otros ecuatorianos no tengan temor a seguir el mismo camino.
"La idea es ir creando en los jóvenes y en el resto de la sociedad una conciencia antibelicista, una cultura de paz", señaló.
La Asamblea Constituyente convocada en 1997 introdujo en la ley fundamental el artículo que permite rechazar el servicio militar, a instancias del Movimiento.
"En aquel momento costó bastante que la mayoría de los constituyentes aceptaran ese artículo, porque todavía estaba latente el conflicto limítrofe con Perú, pero nosotros no estábamos de acuerdo con esa disputa y no nos importaba que podían decir", dijo Jiménez
Finalmente, el grupo encontró apoyo en la Asamblea y en la población en general, contraria a que el conflicto entre los dos países se prolongara.
"Declararse objetores de conciencia es la posibilidad que tienen las personas de negarse por razones éticas, políticas, religiosas y humanitarias a colaborar con toda forma de dominación económica, social, política, cultural, religiosa y militar", explicó Jiménez.
El movimiento ecuatoriano integra la Red Latinoamericana de Objetores de Conciencia, que basa su accionar en una frase de Paul Valery que describe a la guerra como "una masacre entre gente que no se conoce para provecho de gente que sí se conoce, pero no se masacran".
La Red se inició en 1994 cuando jóvenes de siete países se reunieron en Paraguay y organizaron el Primer Encuentro Latinoamericano de Objeción de Conciencia. Esas reuniones se repitieron en 1995 en El Salvador, en 1996 en Guatemala y en 1997 en Ecuador.
En la actualidad hay objetores de conciencia organizados en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela.
Jiménez informó que la Red no solo busca eliminar el servicio militar sino también la violencia y el autoritarismo existentes en las fuerzas armadas, además de los que aparecen "en las relaciones cotidianas de los seres humanos".
Para contrarrestar esa realidad, la organización propone recurrir al pensamiento de Mahatma Gandhi y practicar acciones basadas en la no violencia activa.
"Gandhi comprendió que la injusticia no se combate con la violencia, porque si imponemos la ley del talión el mundo se quedaría ciego. La no violencia activa es la única arma invencible, ya que no produce antagonismos ni crea enemigos", aseguró Jiménez.
A pesar de conformar una red en América Latina, la situación de los objetores es distinta en cada país. En Ecuador, la propuesta recibe el apoyo de más de 5.000 jóvenes de barrios populares, pero hasta ahora ninguno se había declarado objetor.
En Guatemala hay 400 objetores de conciencia indígenas, quienes luego de los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla se dedicaron a explicar a los campesinos los puntos de esos convenios y a mediar en conflictos de tierras.
En tanto en Paraguay, existen unos 9.600 objetores declarados que trabajan en barrios pobres y comunidades agrícolas, mientas en Honduras son 300 y apoyan a mujeres víctimas de la violencia doméstica y niños de la calle.
En Colombia declararse objetor suele ser peligroso. Un ejemplo de ello es lo ocurrido a Daniel Caldas, quien es perseguido por el ejército por haberse presentado en 1996, al cumplir 18 años, en una oficina de reclutamiento militar y pedir que lo registraran como objetor de conciencia.
"Cuando dije que quería ser objetor y no realizar el servicio militar me preguntaron de qué estaba hablando. Ese concepto es difícil de comprender en una sociedad marcada por la violencia", señaló Caldas.
Para las autoridades colombianas rehusarse a cumplir el servicio militar obligatorio significaba de hecho un apoyo a la guerrilla, por lo cual Caldas fue acusado de desertor y recluido en prisión por siete meses. Al ser liberado y enfrentado a la opción de hacer el servicio o una condena mayor, prefirió huir.
El caso fue presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, mientras Caldas mantiene su postura y afirma que nada lo hará cambiar de opinión.
"Los jóvenes colombianos vivimos en medio de fuego cruzado. Podemos integrar el ejército, grupos paramilitares, la policía, la guerrilla, una pandilla callejera o un grupo narcotraficante, pero yo prefiero buscar una alternativa a la violencia", aseguró Caldas.
La Constitución colombiana garantiza la objeción de conciencia, aunque obliga a servir al país en "tiempos de necesidad ", lo cual en la violenta realidad actual de ese país significa siempre.
Ricardo Pinzón, integrante del Colectivo Colombiano para la Objeción de Conciencia, indicó que el ejemplo de Caldas inspiró a un gran número de colombianos a negarse a cumplir el servicio militar, y en la actualidad hay siete objetores presos.
Pinzón comentó que quienes se acercan a su oficina para pedir ayuda en general son muchachos que se oponen a la violencia, algunos de ellos incluso fueron soldados o pandilleros, y "la mayoría se opone a las reiteradas violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Ejército".
La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas reconoció en 1989 el derecho de cualquier persona a expresar su objeción de conciencia al servicio militar como un legítimo derecho a la libertad de pensamiento.
También recomendó a los países con servicio militar obligatorio que introdujeran formas de servicio alternativo, de carácter civil, no bélico. Sin embargo, muchos países siguen castigando con prisión a los objetores. (FIN/IPS/kl/dm/hd/99
