Los países industrializados frustraron la aprobación de un tratado ambiental sobre responsabilidad e indemnización por daños resultantes de la exportación de desechos peligrosos y de su eliminación.
El fracaso del acuerdo se originó en la oposición de los países ricos a la creación de un fondo de compensación para las víctimas eventuales de accidentes producidos durante los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos.
Los países más ricos y poderosos primero redujeron el tratado en discusión a un texto débil y flojo para anunciar luego que se desinteresaban y dejaban el instrumento solo para los países en desarrollo, afirmó Jim Puckett, coordinador de la Red de Acción Basilea.
Un grupo de expertos integrado por delegados de 87 países deliberó la semana pasada con el objetivo de terminar la redacción de un protocolo sobre responsabilidad e indemnización en la aplicación del Convenio de Basilea, que regula las exportaciones de esas substancias altamente riesgosas.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) reconoció que los problemas en la sesión del grupo de trabajo, realizada en Ginebra, radicaron en el establecimiento de un fondo de compensación para apoyar financieramente a los países en desarrollo que afrontan dificultades con desechos peligrosos.
El fondo propuesto respondería en casos en que se desconociera al responsable del accidente ambiental, o que se encuentre en bancarrota y también cuando el daño exceda las sumas que las compañias de seguro pueden pagar.
El PNUMA ha estimado necesario fomentar la reducción y el manejo ambientalmente racional de desechos peligrosos en los países en desarrollo, donde los medios para controlar y eliminar esos desechos son insuficientes.
Esta agencia de la ONU opinó que la escasez de recursos financieros asignados a sanear los modelos de gestión de los desechos peligrosos constituye otro problema importante, que requiere soluciones mundiales.
En el debate de Ginebra, los países de Asia y también los de Africa apoyaron vigorosamente la creación de un sistema de compensación subsidiaria, mientras que las posiciones de las delegaciones de América Latina variaron con matices distintos, dijo un experto latinoamericano.
Cada año se genern en el mundo más de 400 millones de toneladas de desechos peligrosos, 10 por ciento de las cuales son exportadas para su eliminación, en un tráfico regulado por el Convenio de Basilea, concertado en 1989.
El mismo Convenio de Basilea enumera los desechos considerados peligrosos, entre los que figuran residuos clínicos, aceites minerales, bifenilos policlorados (PCB), mercurio, plomo, asbestos, cianuros orgánicos y solventes orgánicos halogenados.
Desde 1994, el Convenio estableció una prohibición expresa de todos los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos desde países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) a las naciones que no forman parte de ese bloque exclusivo de economías industrializadas.
Entre sus argumentos para oponerse al fondo de compensación, las naciones industrializadas sostienen que esa prohibición de 1994 ha disminuido o por lo menos, reducirá en un futuro cercano, los flujos de los residuos peligrosos.
Ante esa perspectiva, se preguntan cómo se puede justificar un mecanismo de apoyo financiero como el solicitado.
Los países en desarrollo replican que esa tendencia decreciente de los flujos transfronterizos todavía debe demostrarse.
En el interín, proponen, solo cabe acumular información y elaborar fórmulas de compromiso en las que se evidencie una voluntad política favorable al establecimiento del fondo de financiación.
La redacción del artículo 16 del protocolo en discusión, que se refiere al mecanismo de compensación, divide a los dos bloques.
Mientras los países industriales prefieren un lenguaje tentativo, los países en desarrollo demandan una declaración explícita que reconozca la predisposición a iniciar un proceso de concertación para la creación del fondo.
La solución del diferendo quedará para la quinta reunión ministerial de la Conferencia de las Partes (COP-5) del Convenio de Basilea, que se realizará en esa ciudad suiza del 6 al 10 de diciembre, en conmemoración del décimo aniversario del convenio.
En representación de los países no miembros de la OCDE, la delegación de Colombia anticipó en la clausura de la reunión de expertos que las naciones en desarrollo procurarán obtener un protocolo útil en la reunión ministerial de Basilea.
Después de nueve años de arduas discusiones, el bloque de países en desarrollo confía en que los ministros conseguirán salvar un acuerdo digno para todos los países, insistió la delegación colombiana.
Durante la larga etapa de negociaciones, los estados partes del Convenio de Basilea redujeron las diferencias sobre la identificación del responsable del eventual accidente con los desechos peligrosos.
En un primer momento se propuso alternativamente atribuir la responsabilidad al generador de los desechos, al comercializador, al transportista, al procesador o al que los elimina.
Pero finalmente las opciones se redujeron a dos, una prácticamente desechada, que depositaba la obligación de responder por el accidente a la persona a cargo del manejo operacional de los desechos peligrosos.
La segunda, que satisface a las compañias de seguros pero disgusta al resto de la industria (del reciclado, química, de metales y otras), atribuye la responsabilidad a quien notifica el movimiento, que es el exportador.
Pero la Red de Acción Basilea reprocha que esa variante deja sin castigo al generador de la basura peligrosa. El productor de los desechos no debe evadir su responsabilidad, dijo Puckett.
La organización no gubernamental sostuvo que si los productores no son responsabilizados, se contradice el principio de que "quien contamina paga" establecido en la mayoría de las legislaciones nacionales, incluidas las de la Unión Europea.
En contraste, se favorece el principio de que "el país intermediario paga", afirmó la Red.
De esta manera, previno, las grandes y opulentas transnacionales pueden eludir las responsabilidades por sus desechos transfiriéndolas a operadores intermedios, a agentes y aun a compañías que apenas figuran como direcciones postales.
Puckett observó que los países industrializados, además de rechazar el fondo financiero, se han reservado el derecho de abandonar el protocolo.
De esa manera, dijo, transnacionales químicas como BASF o Monsanto podrán vender sus desechos a países intermediarios miembros de la OCDE y de esa manera estimular sus exportaciones de basuras a naciones como Turquía, México o Portugal, que integran la agrupación. (FIN/IPS/pc/mj/en/99
