Los poderes del Estado están en la mira de la Asamblea Constituyente de Venezuela, que tiene pautada la declaración de emergencia institucional durante sus primeras sesiones de trabajo.
Después de su instalación formal el martes de pasado y de su primera sesión protocolar el jueves, los 131 constituyentes se dedicaron a elaborar un reglamento para la Asamblea que les permita trabajar en forma eficaz a partir de este lunes.
La declaración de emergencia nacional fue solicitada por el presidente Hugo Chávez, quien definió esta medida como "una rigurosa evaluación a todos y cada uno de los poderes constituidos" del país.
Aunque será la propia Asamblea Constituyente la encargada de establecer cómo funcionará el estado de emergencia, está previsto que opere a los niveles Ejecutivo (incluyendo las regiones), Legislativo y Judicial.
"Se tiene que estudiar com mucha seriedad y cuidado las características de esta emergencia y hasta dónde debe llegar", advirtió el constituyente Hermann Escarra, quien alertó ante el peligro de generar vacíos jurídicos.
Esos vacíos, destacó este delegado del oficialista Polo Patriótico, podrían "generar arbitrariedad, abusos o desviaciones de poder".
La Asamblea Constituyente tiene un plazo de seis meses para redactar una nueva Constitución, con la cual se pretende un profundo cambio capaz de "refundar" la democracia.
Chávez asumió la presidencia en febrero, tras imponerse en las elecciones presidenciales con un proyecto cuyo eje es la Asamblea, ante la cual ya presentó un proyecto de "Constitución Bolivariana", inspirada en las ideas del prócer de la independencia Simón Bolívar.
El Polo Patriótico arrasó en las elecciones constituyentes del 25 de julio y tiene una mayoría absoluta de 121 delegados en la convención.
En la primera declaración pública tras la instalación de la Asamblea, su presidente Luis Miquelena, considerado mentor político de Chávez, declaró el carácter "originario" (soberano) del cuerpo, lo cual le permitiría incluso disolver los poderes contituidos.
El poder constituyente está por encima de los poderes clásicos del Estado, de acuerdo con la tesis esgrimida por quienes defendieron ese carácter "originario".
Antes de las elecciones de julio, tanto Chávez como sus partidarios anunciaban la inminente disolución del Congreso y la declaración de emergencia judicial. Pero una vez instalada la Asamblea, el tono ha sido más conciliador y se orienta a la cohabitación.
El Congreso legislativo, que tiene mayoría opositora, optó por declararse en receso, convocando a una comisión delegada que no dicta leyes y se limita a las tareas de control que corresponden a este poder del Estado.
Por otra parte, el parlamento entregó infraestructura y servicios para permitir el funcionamiento de la Asamblea.
Entre tanto, la presidenta de la Corte Suprema, Cecilia Sosa, quien en principio cuestionó el poder originario de la Asamblea, admitió esta semana la necesidad de abordar la crisis del poder judicial y de cooperar con los constituyentes.
El vicepresidente de la Asamblea, Aristóbulo Isturiz, dijo que se crearía una Alta Comisión de Justicia para iniciar la reestructuración de organismos judiciales.
En el caso del Poder Ejecutivo, Chávez dio el primer paso, al poner su cargo a disposición de la Asamblea, aunque se da por descontado que los constituyentes lo confirmarán en el puesto.
El Polo Patriótico ha solicitado a los gobernadores regionales que pertenecen a esa tendencia seguir el ejemplo del mandatario y poner su cargo a la orden de la Asamblea, para facilitar su trabajo de evaluación.
La revisión considerada en el estado de emergencia también alcanzaría a las asambleas legislativas regionales y a los municipios, según adelantaron dirigentes del Polo Patriótico.
Así mismo, algunos constituyentes oficialistas anunciaron que presentarán propuestas para intervenir la fiscalía.
Pero más allá de los alcances de la declaración de emergencia, los poderes públicos venezolanos tienen los días contados, ya que de todas maneras deberán renovarse cuando sea proclamada la nueva Constitución.
Ese instrumento legal introducirá cambios en la estructura e incluso en las funciones de los poderes, que además serían complementados por dos nuevas categorías: el poder electoral y el poder moral.
El poder electoral tendría a su cargo las consultas a la población, incluso para revocar autoridades, según ha trascendido. El poder moral agruparía la contraloría, la fiscalía y a un defensor del pueblo.
Todas las propuestas deberán pasar primero por el debate en la Asamblea Constituyente. (FIN/IPS/lc/ff/ip/99
