MEXICO: Policía nueva, problemas viejos

La nueva Policía Federal Preventiva (PFP), que ya combate en México al crimen organizado con impecable uniforme y reluciente equipo, constituye la piedra angular de la estrategia del gobierno contra la violencia.

Los miembros de la nueva policía, de esbelto aspecto, iniciaron sus labores en los aeropuertos de las ciudades de México, Tijuana (norte) y Guadalajara (occidente) y el puerto de Cancún, en el Caribe.

La misión de este nuevo cuerpo policial es dar la batalla al tráfico de drogas, indocumentados, armas y explosivos y los asaltos carreteros y cambiar la imagen de corrupción proyectaron las viejas fuerzas de seguridad en los últimos años.

El secretario (ministro) de Gobernación (Interior), Diódoro Carrasco, pidió a los miembros de la nueva corporación observar una conducta intachable y ofrecer resultados contundentes. al presentar el miércoles el esquema de operación de la PFP.

La también llamada policía nacional inició labores en los aeropuertos de las ciudades de México, Tijuana (norte), Guadalajara (occidente) y en el puerto de Cancún, en el Caribe.

Carrasco definió a la PFP como columna vertebral del sistema nacional de seguridad pública y destacó el sofisticado equipo, la organización, el desempeño profesional y los valores éticos de los efectivos que pretenden dotar de un nuevo rostro a la desprestigiada policía mexicana.

En los últimos años, decenas de policías debieron ser suspendidos, inhabilitados o destituidos de sus cargos por sus vínculos con organizaciones criminales.

En México operan siete de las 12 más poderosas bandas de narcotráfico del mundo, según la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de México.

Estas organizaciones obtendrían ganancias de entre 15.000 y 30.000 millones de dólares, 800 millones de los cuales se destinan a sobornar a funcionarios, según una investigación de las Universidad Nacional Autónoma de México.

Superado sólo por Colombia, este país latinoamericano ocupa el segundo lugar mundial por el número de secuestros que ocurren en su territorio: uno cada tres horas, informó la firma israelí de consultoría Gropesa.

México gastó el año pasado unos 350 millones de dólares en concepto de seguridad y para este año la cifra superará los 900 millones de dólares, informó el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Más de 500 millones de dólares se destinarán a adquirir 4.539 vehículos y 15.796 armas, equipar 51 laboratorios de criminología y construir y rehabilitar instalaciones carcelarias.

La creación de la PFP fue anunciada en enero y es el resultado de la fusión de la Policía Federal de Caminos, la Policía Fiscal y la Policía Migratoria, a las que se sumarán 5.000 efectivos militares.

Carrasco admitió el rezago en la lucha oficial contra la delincuencia, causa de desconfianza de la población en las autoridades, pero afirmó que la PFP es "la respuesta institucional para que jamás el crimen rebase al Estado".

La policía nacional, que no sustituye sino que se suma a otras corporaciones como la Bancaria o la Preventiva, fue creada con una inversión de 120 millones de dólares y realizará actividades de inteligencia, inspección y vigilancia de fronteras, carreteras, aeropuertos, puertos y edificios federales.

Con la llamada Fuerza Federal de Apoyo, atenderá los aspectos de protección de personas y propiedades públicas y operaciones antiterroristas, mientras un Instituto de Formación instruirá a policías de carrera, capacitará técnicos y brindará especialización a los agentes.

El comisionado de la PFP, contralmirante Wilfredo Robledo, calificó como de "institución de excelencia" a la corporación que comanda y ofreció soluciones inmediatas ante "una situación de emergencia", aunque pidió tiempo "para cambiar a fondo problemas estructurales".

Una encuesta del diario Reforma estimó meses atrás que 59 por ciento de los mexicanos consideran que la mayoría de los policías en el país son corruptos y 73 por ciento estima que esa situación obedecía a los bajos salarios de los uniformados.

En julio, el Foro Económico Mundial, que considera la opinión de políticos, empresarios e intelectuales de todo el mundo, ubicó a México en el puesto 58 entre 59 países en material de seguridad, en el 55 por problemas con el crimen organizado y en el 52 pore corrupción, violencia y evasión fiscal.

Los países ubicados después del puesto 30 sufren "debilidades considerables", según el último informe anual del Foro. En la evaluación sobre seguridad pública, México quedó un lugar atrás de Rusia y uno adelante de Sudáfrica.

La PFP comenzó a operar en medio de diversos problemas sobre su gestión. Al menos 12 recursos de amparo con jueces locales fueron interpuestos por mandos altos e intermedios de la antigua Policía Federal de Caminos, en protesta contra la decisión de incorporarlos a la nueva organización.

Con los amparos judiciales, los efectivos buscan protección ante el temor de perder sus puestos, categorías y otros beneficios alcanzados en años de trabajo.

Pero el mayor escollo es la incorporación de los 5.000 militares a la PFP, una decisión del Poder Ejecutivo dada a conocer un mes atrás. Hasta ahora, y pese a una gran polémica desatada sobre el asunto, se desconocen los términos legales de la colaboración de las fuerzas castrenses.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al gobierno mexicano dejar fuera de las tareas de seguridad nacional a las fuerzas armadas.

El periódico La Jornada señaló en su editorial de este jueves que este esfuerzo oficial para combatir el crimen organizado no debe limitarse "a la simple conformación de una nueva policía".

"Mucho más que nuevas corporaciones, lo que el país requiere es una profunda depuración y moralización de todo el aparato de justicia; la ruptura de las redes de corrupción e impunidad que han permitido (…) el auge del crimen organizado", declaró La Jornada.

Hace un año, el gobierno anunció la cruzada contra la delincuencia "más ambiciosa de la historia", para revertir la cifra de 1,5 millones de delitos que se cometen al año en el país. Apenas 85.000 de estos delitos terminan con la detención de los responsables.

Desde 1995, cuando se desató la más severa crisis de los últimos 50 años en el país, las cifras sobre delitos de cualquier género se dispararon, según múltiples investigaciones especializadas. (FIN/IPS/pf/mj/ip hd/99

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